El requisito del valenciano para los funcionarios afronta su recta final

El culebrón del requisito lingüístico encara hoy un episodio clave antes de su validación definitiva. El Consell debate esta tarde con los sindicatos la letra pequeña del doble decreto pactado entre las conselleries de Justicia, Interior y Función Pública, en manos de Gabriela Bravo (PSPV) y de Educación, comandada por Raquel Tamarit (Compromís), que regula el nivel de valenciano exigible a los trabajadores públicos de la administración autonómica.

Varias organizaciones sindicales han presentado alegaciones al borrador de la norma en las que reclaman flexibilizar los plazos de puesta en marcha del requisito lingüístico, que obligará a los altos funcionarios a disponer del C1 de valenciano, equivalente al antiguo 'mitjà', y eleva igualmente las competencias mínimas a los grupos inferiores.

El Consell habilitará una prueba de nivel para conceder el requisito lingüístico a los funcionarios

Según denuncian UGT y Csif, que han recurrido el decreto, los tiempos fijados por el departamento de Bravo son insuficientes para que los aspirantes a estas pruebas lleguen a tiempo de obtener los certificados u homologaciones correspondientes ante la elevadísima demanda que registran los organismos de certificación.

Según establece el borrador, los rangos más altos (A1 y A2) disponen de dos años de moratoria, mientras que para los niveles menores las nuevas medidas serán exigidas ya en la OPE de 2023, que debe convocarse antes de final de mes. Así, las centrales abogan por postergar hasta 2027 el requisito para altos funcionarios (C1) y que este tampoco aplique para la oferta pública de empleo de este año.

Para tratar de resolver el problema, la Generalitat ha accedido a habilitar convocatorias específicas del examen de valenciano, supervisadas por la Junta Qualificadora y con validez completa, para los opositores que no puedan acreditar el nivel exigido en tiempo y forma por ese atasco en los entes oficiales.

El alto funcionariado de la Generalitat necesitará un C1 en valenciano

Según ha podido saber este diario, estas pruebas alternativas tendrán lugar aproximadamente en septiembre. No hay previsión de cuántos aspirantes se presentarán. El calendario previsto es que la OPE de 2023 se apruebe antes del 31 de marzo, que se convoquen los exámenes antes del 30 de junio y que la primera prueba tenga lugar en octubre. Así, el examen de valenciano se celebraría entre "15 días y un mes" antes de esto.

La medida gusta a los sindicatos, aunque la consideran insuficiente para atajar el problema. Según apuntan, esta vía de urgencia para que los funcionarios acrediten el nivel de valenciano deja en el limbo a los trabajadores municipales o a los interinos. Así las cosas, tanto UGT como Csif dejaban claro ayer que acudirán a la mesa de negociación con esas mismas exigencias de ampliar los plazos, aunque mostraban dudas sobre las opciones de que prosperen sus reivindicaciones.

Compromís no aceptará cambios

El muro es Compromís, coinciden todas las fuentes consultadas. La coalición ha sido la gran defensora del requisito lingüístico, por el que ha mantenido un larguísimo pulso con el ala socialista del Consell. Ahora, a escasos dos meses de elecciones, los valencianistas no tienen intención de renunciar a una de sus banderas pese a la presión de los sindicatos.

Su síndica en las Corts, Papi Robles, lo deja claro en declaraciones a este diario: "El Consell no aprobará modificaciones. Es un acuerdo entre socios de Gobierno y se respeta", zanja de forma rotunda. La portavoz de Compromís asegura que durante la complicada negociación con el PSPV ya se realizaron todas las concesiones posibles y reivindica que las exigencias son asumibles. "Que un A1 (máximo rango funcionarial) tenga un 'mitjà' no es tan complicado", defiende.

Desde la conselleria de Bravo, por su parte, rechazan hacer una previsión de lo que pueda surgir de la mesa de negociación de hoy, si bien admiten la poca predisposición de Compromís a modificar el decreto.

En todo caso, cabe recordar que aunque la normativa obliga al Consell a llevar esta norma a la mesa sectorial, no necesita la aprobación de la misma para seguir adelante con la tramitación. Es decir, que incluso con el voto en contra de todos los sindicatos el decreto podría seguir adelante y ser aprobado por el pleno del gobierno valenciano.

Suscríbete para seguir leyendo