La memoria anual de actividad de la Agencia Antifraude recoge un listado de «catorce administraciones incumplidoras» que han hecho oídos sordos a las recomendaciones realizadas por la institución que dirige el jurista, Joan Llinares. En la sexta edición de esta rendición de cuentas del organismo contra el fraude y la corrupción, la Agencia ha detectado que en 2022 «se ha incrementado el número de administraciones incumplidoras: en la memoria anterior había cinco y en esta hay catorce. No es una buena noticia», señaló Llinares. Entre estas administraciones rebeldes, la Agencia Antifraude se encuentra con instituciones que alegan que «lo hecho, hecho está y no hay nada que corregir. Es una actitud de enroque, no corrigen». Aunque algunas «tenemos comprobado que no lo vuelven a hacer y no continúan por ahí, por lo que tenemos el 50% de satisfacción. No quieren corregir pero no lo siguen haciendo».
Entre estas administraciones incumplidoras la Memoria de la Agencia 2022 recoge que se trata de los Ayuntamientos de Benidorm (que llegó a denunciar a cuatro funcionarios de la Agencia Antifraude «para amedrentarlos, una querella ya archivada), Torrevieja, València, Alcoi, Gavarda, Tous, San Antonio de Benagéber, la Diputación de Alicante, la empresa Divalterra (ya extinguida) de la Diputación de València, la Generalitat, el Patronato de Turismo Costa Blanca, el IVAM y la Fundación Valencia Activa.
Sobre el Ayuntamiento de Benidorm, Llinares explicó que "después de cinco requerimientos se presentaron en el ayuntamiento para pedir una documentación que, durante seis meses, se le había estado pidiendo y así dejar constancia de si se entregaba o no para, en caso de no hacerlo levantar acta del incumplimiento y abrir expediente sancionador para lo que tenemos competencias", explicó en el turno de preguntas de la rueda de prensa.
La visita se desarrolló "con absoluta cortesía como siempre hacen nuestros funcionarios cuando se personan en administraciones públicas", aunque unos meses después el Ayuntamiento de Benidorm presentó una querella contra estos trabajadores de Antifraude por "falsedad en el acta y usurpación de funciones", que hizo que llegaran a estar investigados. Llinares reprochó al consistorio de la Marina Baixa que haya "ignorado absolutamente nuestra ley que considera autoridad pública a los funcionarios de la Agencia en su actuación y su legitimidad para reclamar documentación". Y consideró que la querella se presentó "para amedrentar, asustar y generar una situación de incertidumbre en los funcionarios" ya que un funcionario público por este tipo de delitos se enfrenta a penas de entre 3 y 6 años de prisión y una inhabilitación "prácticamente de por vida", una situación que puede hacer que "otros funcionarios salgan corriendo de las instituciones si se van a encontrar con situaciones de este tipo". La querella se archivó finalmente un año y medio después de que se presentara. Decisión que ratificó la Audiencia de Alicante.
De la memoria de 2022, los responsables de la Agencia Antifraude destacan q ue han recibido "453 denuncias en el año 2022 frente a las 359 del 2021”. También que las entidades locales "acaparan el 60% de las denuncias (275) y el 44% (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos”. Además, "el 58% "son anónimas y aumentaron un 3% con respecto a 2021”.
La Agencia Antifraude también mantiene protegidas a 29 personas denunciantes: el 79% lo son respecto a entidades de la administración local. El 65% son hombres y el 35% mujeres”. Durante el año pasado la Agencia también instó a la ·recuperación de más de 5.600.000 de euros en 2022”. Por ello, destacó Llinares, "por cada euro que cuesta la agencia recuperamos 1,7 euros". Además Antifraude también "participó como perito judicial en 19 procedimientos judiciales” y detectó y bloqueó 19.000 ataques de ciberseguridad, tres veces más que en el año 2021”.
Llinares también informó que los organismos públicos tienen hasta 13 de junio para instalar canales internos de denuncias y conectarse al canal externo de la propia Agencia Antifraude. "La administracion que no lo tenga pueden recibir sanciones muy fuertes. Seria falta muy grave no habilitar el buzón, según determina la ley 02/2023 de protección del denunciante".
