Contrarreloj para aprobar el requisito lingüístico para llegar a las siguientes oposiciones

La aprobación del requisito lingüístico se ha convertido en una carrera contra el reloj burocrático. Tras siete años sin acuerdo entre los dos departamentos implicados, Justicia y Educación (que evidenciaba las diferencias entre PSPV y Compromís), el final de la legislatura y la convocatoria para la Oferta Pública de Empleo de 2023 han llevado las prisas a la Administración autonómica. La hoja de ruta es que el requisito se exija ya en las próximas oposiciones que se celebrarán en otoño, sin embargo, el calendario empieza a estrecharse.

Para que en las próximas oposiciones, las de octubre, haya requisito de valenciano a quienes aspiren a entrar a formar parte de los grupos B y C (hay dos años de moratoria para el grupo A, el alto rango) se necesitaría aprobar antes de que salgan en el DOGV estas convocatorias el doble decreto que regulará esta cuestión: el que señala el requisito con los niveles de valenciano reclamado para cada uno de los rangos funcionariales y el que habilita la homologación para certificar el C1 (antiguo mitjà) tras haber cursado Bachillerato.

El alto funcionariado de la Generalitat necesitará un C1 en valenciano

Ambos se encuentran en medio del proceso burocrático y pese a que en el Ejecutivo autonómico se muestran optimistas con que dará tiempo, los plazos comienzan a echarse encima. Sin contar con el de este viernes, quedan cinco plenos del Consell antes de las elecciones, tras las que los miembros del Gobierno valenciano entrará en funciones. Y estos aún no están listos ya que todavía no han recibido el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, un paso necesario.

La idea es que los dos se aprueben a la vez aunque ahora mismo no se encuentran en el mismo estado. El de la homologación, dependiente de la Conselleria de Educación, fue registrado en el Jurídic esta semana mientras que el del requisito sigue en la Conselleria de Justicia. Según explican fuentes de este departamento, continúan a la espera de recibir el informe de Política Lingüística (dependiente de Educación) y todavía tiene que pasar por Abogacía de la Generalitat y el Jurídic, donde se enviará como urgente, una señal de la necesidad de acelerar pese a que el PSPV había sido hasta ahora receloso de impulsar este requisito.

Este trámite entre diferentes organismos es el que podría hacer encallar el procedimiento. Especialmente el del Jurídic, donde pese a que entre por urgencia, cuenta con varios informes pendientes y podría demorarse, al menos, dos semanas. Y eso siempre que no haya observaciones esenciales que requieran de modificaciones. No sería la primera vez: ya tumbó el anteproyecto de ley de Función Pública, no por el requisito en sí (del que no puso pegas), sino por exigir la entrada en vigor de los niveles de valenciano en un año si no se había aprobado el reglamento necesario.

A las puertas de elecciones

Si los plazos tomaran velocidad de crucero, el requisito podría aprobarse a las puertas de la campaña electoral, con los efectos que podría generar en el electorado. Cuanto más cerca de la cita con las urnas, más podría influir. Compromís ha sido siempre partidario y podría sumarlo como un éxito; los 'populares' no dudarán en exhibir su oposición mientras los socialistas tendrán una posición más complicada, reivindicando el acuerdo tras siete años sin pacto, pero con el riesgo de una pérdida de apoyos.

Sin embargo, el mayor riesgo está en llegar al 26 de mayo, último pleno antes de los comicios, y que no estuviera aprobado el doble decreto. La OPE de 2023 se aprobó a finales de marzo, la compondrán 823 plazas, pero no se dice nada del nivel de valenciano exigible. Eso debería llegar en las convocatorias específicas de cada plaza que se prevé que se publiquen en la segunda quincena de junio. Pero para que en esas haya requisito (sin contar el alto funcionariado), antes de que salgan en el DOGV, deberán haberse aprobado los dos decretos en el Consell. Y el tiempo pasa. Tic, tac.

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