La PAH alerta que 9.000 familias están en peligro de desahucio y 13.000 necesitan vivienda en la C.Valenciana

Casi 9.000 familias están en peligro de desahucio, 12.776 fueron desahuciadas en 2021 y 2022, y 14.000 necesitan vivienda social en la C. Valenciana. Además, falta poco más de un mes para que el escudo social del Gobierno decaiga. El ascenso meteórico de los alquileres, el peligro de las hipotecas variables. Y todo ello con un parque público que no da ni para cubrir la lista de espera de familias necesitadas (es el 0,93 % de toda la vivienda). Para la PAH "la ley de vivienda recién aprobada no es suficiente para resolver estos problemas".

Es el panorama que dibuja la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, Castellón y Alicante, que ha convocado este lunes una rueda de prensa para presentar su plan de choque contra los desahucios y la emergencia habitacional, y que pondrá sobre la mesa de los partidos políticos para que se acojan a él.

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La entidad ha remarcado que es civil y apartidista, y ha recordado algunas medidas positivas que se han llevado a cabo en los últimos años, como la ley de función social de la vivienda en 2017 o la prohibición de vender vivienda pública junto con el derecho de tanteo y retracto que ha servido para engrosar más rápido el parque público. Pero no ha sido suficiente para dar la vuelta a la situación.

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Los portavoces piden "la eliminación de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa y la búsqueda de vivienda a las familias sin techo". Para esto, ha propuesto el alquiler social obligatorio para los casos de familias vulnerables en pisos en manos de banca, grandes tenedores o fondos buitre, con un pago que permita a la familia mantenerlo.

Por otra parte, ha reclamado un sistema de créditos blandos para las familias que estén sufriendo por el aumento de la cuota de su hipoteca de tipo variable y la ampliación del escudo social y la moratoria hipotecaria que se acaba el próximo mes de mayo de 2024.

Otros objetivos que marca la PAH es que el nuevo Gobierno consiga ampliar el parque público al 5 % esta legislatura (de 13.000 a 65.000 viviendas) para dar respuesta a la necesidad de la gente. También piden un compromiso para regular los precios del alquiler en base a las zonas tensionadas, limitar la construcción de apartamentos turísticos en las zonas residenciales de las ciudades y usar los pisos turísticos ilegales en manos de grandes tenedores como vivienda social previa compensación.

La ocupación "de buena fe"

Para la PAH se ha corrido una "cortina de miedo" con el problema de la ocupación en España. En su opinión, el problema de la vivienda no es ese, sino "los miles de desahucios que se siguen produciendo cada día en nuestro país".

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Para la entidad, el 99 % (cifra real en base a un estudio de la PAH Barcelona) de las ocupaciones son de "buena fe", es decir, de familias con niños que han sido desahuciadas y no tienen donde ir, así que deciden meterse en el piso vacío de un banco o fondo buitre.

"Para nosotras, en estas situaciones la ocupación es un derecho si es una vivienda vacía de la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias porque es indecente que haya familias en la calle y pisos vacíos", explica su portavoz. Por eso han reclamado una regulación de estas "ocupaciones de buena fe". En resumen, reclaman "alquiler social obligatorio para las familias que, de buena fe, ocupan pisos de la banca o fondos, y desalojo inmediato para los que ocupan a pequeños propietarios".

La cuestión para la PAH es "si ha habido más de un millón de desahucios desde el inicio de la crisis y no hay parque público ¿Cuándo desahucian a una familia, muchas veces por cláusulas abusivas, dónde van vivir?", critican.

Por último también reclamaron más recursos para las oficinas por el derecho a la vivienda (que prestan asistencia legal de oficio y gratuita) y también la ampliación del derecho a justicia gratuita, que cada vez "se está volviendo más inasumible".

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Ensanchar derechos

El problema de la vivienda es un gran problema social y tiene muchas ramificaciones. Por eso la PAH también ha reclamado la ampliación de la Renta Valenciana de Inclusión y la aprobación ya de la renta ligada a rendimientos del trabajo. Esta categoría de la RVI se prometió por el Botànic y se trataba de unos ingresos extra para trabajadores pobres, pero lleva sin salir adelante varios años. Para eso, reclaman que la tramitación la haga la Generalitat directamente, que sea más ágil, y pase a Servicios Sociales para ver si la persona tiene derecho por rendimientos del trabajo.

Por último, la PAH ha vuelto a reclamar la devolución del rescate bancario. "Que la banca nos devuelva los 74.000 millones de euros en viviendas o en aportación económica para evitar el enriquecimiento injusto, cantidad que asciende el déficit público del rescate bancario como consecuencia de los préstamos y avales europeos obtenidos a raíz de la crisis económica de 2008, según el reciente informe de Eurostat".