Acción Cívica pide "no regalar impunidad a los corruptos" y abrir juicio por las mordidas en Ciegsa

Acción Cívica contra la corrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción 18 que dicte auto de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral para la pieza «G» del caso Taula. La asociación se pronuncia así en contra del criterio del nuevo Fiscal Anticorrupción que ha solicitado el archivo, porque considera que sólo puede perseguirse el presunto delito de cohecho, que ya estaría prescrito.

La Fiscalía ve acreditadas las mordidas en Ciegsa pero pide archivar esta pieza del caso Taula por prescripción

La letrada de la entidad, Míriam Salmerón, considera «inconsistente la calificación realizada por el Fiscal sobre el desvío de dinero público destinado a la construcción de centros educativos al bolsillo de particulares y a la financiación de partidos políticos que se aleja de manera grosera de lo que constituye jurídicamente: corrupción. Un gravísimo ataque pluriofensivo a valores y bienes jurídicos esenciales en el Estado Democrático de Derecho que deben preservarse mediante su protección penal». De ahí que solicite al juez instructor, para no «regalar la impunidad a los corruptos», que dicte un auto para finalizar la instrucción y llevar a juicio esta pieza separada.

La letrada recuerda que hasta ahora "tanto la unidad de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el juez Instructor y el Ministerio Fiscal (hasta ahora), han afirmado desde la formación de esta pieza separada que existían indicios de la comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación". Y recuerda que en el informe de la UCO aportado a la causa en 2019 "correlaciona las adjudicaciones de las obras y el dinero recibido, así como también establece las irregularidades en las contrataciones, pagos y la consecuente malversación del dinero público". Por lo que desliza que "si no se ha tomado en cuenta la investigación y el concienzudo trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado en septiembre del año 2019, el Ministerio Fiscal haya llegado a una conclusión errónea" al solicitar el archivo.

Además señala que la famosa conversación grabada por Marcos Benavent que trascendió, en la que el yonqui del dinero y Alfonso Rus cuentan el dinero de una presunta mordida "es prueba del desprecio por la causa pública en la comisión de unos graves delitos que ahora podrían quedar impunes y no por una cuestión de principio de legalidad o del derecho de defensa que tanto manosean y denostan los investigados, sino por falta de persecución penal y una eficiente judicialización".

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