Tribunales
El yonqui del dinero pide anular un registro en una pieza del caso Taula que beneficiaría a Zaplana
El exgerente de Imelsa se desmarca de la adjudicación del «call center» y alega su divorcio para justificar que no benefició a su exsuegro | El abogado de Mariano López duda del amaño: «Sería por ciencia infusa»
Marcos Benavent llega junto a su abogado, Juan Carlos Navarro, a la Ciudad de la Justicia. / Miguel Ángel Montesinos
La defensa de Marcos Benavent, gerente de Imelsa la empresa pública de la Diputación de València de 2007 a 2014 y yonqui del dinero confeso, solicitó ayer en su informe final del juicio del caso Taula por el amaño del «call center» que se declare la nulidad de los registros realizados en el despacho del primer abogado de Benavent y en las empresas y domicilios de Alfonso Rus.
La petición perseguiría una doble carambola: anular la documentación incorporada a la causa del presunto amaño del centro de llamadas tributario que descafeinaría la acusación del tercer juicio por el caso Taula que afronta el yonqui del dinero. Y, de rebote, podría provocar el primer socavón en los cimientos del caso Erial, pendiente de que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia fije la fecha del juicio desde el pasado mes de enero. En el despacho del primer abogado del yonqui del dinero se encontró una de las dos hojas de ruta sobre las presuntas mordidas en las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico, por las que se juzgará a Eduardo Zaplana y catorce personas más en una fecha aún indeterminada. Aunque fuentes consultadas por Levante-EMV destacaban lo poco probable que será que la sección quinta de la Audiencia de Valencia, que preside este juicio del "call center" acepte anular esta parte del caso Taula después de avalar toda la instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción 8, ya que esta sección era la que revisaba todos los recursos de las defensas del caso Erial.
El abogado de Benavent, Juan Carlos Navarro, considera que «se ha de purgar o apartar del procedimiento» la documentación obtenida en ambos registros por vulneración de derechos fundamentales. Igualmente también ha solicitado excluir las valoraciones incluidas en la auditoria forense elaborada a los ordenadores de Imelsa y en los que se recabaron correos comprometedores que, posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil utilizó en sus informes para amarrar el presunto amaño del call center de Imelsa por el que la Fiscalía Anticorrupción acusa a las siete personas acusadas desde el pasado 25 de abril. Igualmente alega la nulidad de parte de la causa por el retraso en declarar la pieza de instrucción y que ya presentó al principio del juicio y que los magistrados de la sección quinta que presiden el juicio derivaron resolver en sentencia.
Sobre el fondo de la cuestión que se dirime en el tercer juicio del caso Taula que afronta Marcos Benavent, su defensa se ha distanciado del presunto amaño del contrato del call center de Imelsa, adjudicado en 2013 y que se prolongó hasta 2015. Un distanciamiento provocado en la distancia emocional que ya mantenía con quien era su exsuegro, el empresario Mariano López. «No se trata de favoritismo porque no terminaron bien desde 2009», aseguró el abogado en referencia al año en el que Benavent se divorció de su entonces mujer.
El letrado lamenta que la Fiscalía Anticorrupción acuse al exgerente de Imelsa de «continuidad delictiva» por la duración que tuvo el contrato del "call center" de 2013 a 2015 periodo en el que hubo «dos gerentes, cuatro responsables de contrato y dos diputados» responsables de empresa. «Marcos Benavent no participa para nada, ni un solo documento lo prueba». Y, en el momento en el que se le comunica los supuestos incumplimientos, ordena que «se llegue hasta el final».
En la jornada de ayer también informó el letrado de Mariano López, el empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent. López asesoró a la empresa adjudicataria del centro de llamadas, Servimun, y a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de haberse beneficiado del supuesto amaño del call center por su amistad con Alfonso Rus y el funcionario de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa. El letrado de López, David González Wonham, solicitó la absolución del empresario, que se enfrenta a siete años de cárcel, porque no ha quedado acreditado que participara en el supuesto amaño. «No sé quien ha amañado qué, ni cómo se ha amañado. Tampoco lo hace el escrito de acusación. Si se amañaron fue por ciencia infusa», aseguró en su alegato. E ironizó con que el único nexo de unión entre los acusados son «las amistades peligrosas» entre todos ellos porque son de Xàtiva.Y desgranó la «15 pruebas o indicio de la falta de participación de Mariano López en el amaño como la ausencia de llamadas o correos antes de la adjudicación del contrato, es el completo ausente hasta la adjudicación del contrato; trabajó con mayor o menor fortuna o discreción».
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