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Cada valenciano ha recibido 8.200 euros menos del Estado de los que le correspondían desde 2008

La C. Valenciana cierra 2022 de nuevo como la autonomía peor financiada del país tras recibir casi 550 millones de euros menos que el año previo

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

La Comunitat Valenciana cerró 2022 como la autonomía peor tratada por el sistema de financiación autonómica. Otra vez. Vuelve a ser la que menos recursos recibe del Estado respecto a lo que le correspondería. Nada nuevo. Es la quinta ocasión que esto ocurre desde 2012 y en el resto de años la autonomía se mantiene anclada en esos últimos puestos, alternando el farolillo rojo con Murcia, la otra gran perjudicada por el mecanismo de reparto que lleva nueve años caducado.

El observatorio sobre información económico-financiera de la autoridad fiscal (Airef) acaba de actualizar con datos definitivos el balance del sistema de financiación del pasado año, constatando que la Comunitat Valenciana percibió del Gobierno un 3,1 % menos de recursos de los que necesita en relación a su Producto Interior Bruto (PIB). Esa necesidad de financiación traducida a números absolutos asciende hasta los 3.847 millones de euros, según el organismo de control.

Trasladado a su vez a lo que ha recibido cada valenciano del Gobierno central, esa infrafinanciación le ha supuesto a cada ciudadano de la Comunitat Valenciana 758,5 euros menos este año. Es decir, que la Generalitat ha dispuesto de 760 euros menos por persona para sostener los servicios públicos fundamentales que gestionan las autonomías. La Comunidad de Madrid cuenta con 500 euros más por habitante y Navarra, el caso más extremo por tener régimen propio, con casi 1.300 euros por habitante.

Un agravio continuado

Más allá de la fotografía puntual, el problema más grave para la Comunitat Valenciana es que se trata de un maltrato estructural y sin visos de reconducirse en el medio plazo. La legislatura que ahora toca a su fin estaba llamada a ser la que pusiera fin al modelo actual, caducado desde 2014, pero el Gobierno ha sido incapaz de generar el consenso necesario y ha optado por no agitar demasiado el avispero, condenando a la Generalitat a seguir agrandando su deuda pública para poder sufragar su gasto social.

La última reforma del sistema data de 2009, bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a estar orientada a dar más peso a la población, la gran reivindicación de los territorios del mediterráneo frente al bloque norte, que reclama compensaciones por su mayor dispersión y envejecimiento, la evolución de la financiación recibida desde entonces acredita que las modificaciones no han solventado el problema.

Así, desde ese año la infrafinanciación del Estado a la Comunitat Valenciana escala hasta los 38.618 millones de euros y tiene una relación directa con la deuda pública autonómica. En 2008 el pasivo era de 13.696 millones y después de 15 años a la cola del sistema ya supera los 55.000 millones. Un diferencial de más de 41.000 millones que se asemeja bastante al déficit de ingresos acumulado desde entonces.

Según las cuentas de la Airef, en los últimos 15 años cada valenciano debería haber recibido 8.220,1 euros por persona más. Los 758 euros de infrafinanciación de 2022 suponen además un fuerte retroceso, ya que la brecha no era tan abultada desde 2012. La covid y la llegada de fondos asociados a la emergencia sanitaria (en los que el Gobierno compensó en parte esa falta de recursos de la Generalitat) redujeron el diferencial a apenas 200 euros, pero el fin de esas partidas extraordinarias vuelve a dejar a la autonomía ante la cruda realidad.

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