El "dedómetro" en la Comunitat Valenciana revela que el 53% de los responsables de empresas públicas no están capacitados para dirigirlas

La Fundación Hay Derecho ha presentado en la Agencia Valenciana Antifraude el estudio bautizado como "El Dedómetro" que ha analizado el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de 30 entidades públicas en la Comunitat Valenciana a lo largo de diez años. Según los resultados del estudio "el 53% de los máximos responsables de dirigir 30 entidades públicas de sectores claves como las empresas de gestión de aguas, transporte o medios de comunicación no estan suficientemente cualificados profesionalmente para hacerlo". Y son puestos, además, que sufren una elevada rotación vinculada a los vaivenes políticos. 

Las 30 entidades analizadas en la Comunitat Valenciana manejan 49 millones de presupuesto. Los 63 currículums analizados tienen sueldos medios de 64.000 euros. Hay Derecho ha analizado la "imparcialidad. formación, permanencia en el puesto, "el indicativo donde estamos peor porque la rotación es altísima en los puestos".

Rafael Rivera, responsable del estudio "El Dedómetro" ha explicado algunos casos destacados. Por ejemplo, la empresa Ciegsa en la que ha destacado los dos perfiles muy bajos de los dos responsables durante la etapa del Botànic. Rivera ha definido a Ciegsa como "una entidad zombie que no acaba de morir" y ninguno de sus directivos tiene" una trayectoria profesional especializada en materias vinculadas con la entidad". La empresa se la investigaba en dos piezas separadas del caso Taula por los presuntos sobrecostes y los "trabajadores zombies" que cobraban sin ir a trabajar o realizar sus funciones en un partido. Rivera ha señalado que a pesar de que el cierre de la entidad parece ser uno de los objetivos de la Generalitat, aún no se ha llevado a cabo: "Resulta curioso que una entidad con una deuda de 1.700 millones y denunciada por sobrecostes que ascienden a 1.130 millones siga funcionando bajo responsabilidad de directivos cuya trayectoria profesional se asienta sobre puestos de naturaleza política".

Respecto a la Entitat valenciana d'Habitatge i sòl (EvHa) desde Hay Derecho han destacado que "ha tenido seis responsables en seis años, lo que supone una variación muy elevada para una política tan importante como la vivienda". La EvHa cuenta con un presupuesto de 124,5 millones, y una plantilla de 171 empleados. El director general percibe un sueldo de 60.110 euros para el director general que ha contado "con perfiles profesionales adecuados tanto al principio como al final del periodo analizado. Sin embargo, entre 2016 y 2022, la EvHa los responsables presentan perfiles poco idóneos". Entre esta baja cualificación puede influir que los responsables del estudio no hayan obtenido respuesta por parte de la entidad. Aunque cuando estuvo finalizado las empresas podían corregir o mejorar la información, según explicaron los responsables de la Fundación Hay Derecho.

El Dedómetro también se ha fijado en los seis directores-gerentes que ha tenido Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desde 2003 hasta 2023 en el que, por ejemplo, el mejor situado es el exgerente Juan Andrés Sánchez Jordán, seguido por Marisa Gracia que superan el 6 (en un baremo del 1 al 10). La actual directora gerente AnaÍs Menguzzato es la que peor puntuación obtiene. De la empresa de los ferrocarriles públicos valencianos Hay Derecho destaca que ha tenido "altibajos en la selección de máximos responsables". Recuerda que se trata de la entidad que sufrió el mayor accidente de metro en España, ocurrido el año 2006 en Metrovalencia con 43 fallecidos, 47 heridos y cuatro exdirectivos condenados. Sobre Marisa Gracia, la entonces gerente que resultó absuelto, señala que su "nombramiento no parece responder a motivos vinculados con su experiencia profesional anterior sino con su trayectoria política". Los autores del estudio señalan que "a pesar de la tragedia ocurrida en Metrovalencia, la selección de máximos responsables en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana deja mucho que desear. Además de la alta rotación de cargos directivos, solo uno de ellos posee una experiencia profesional especializada y prolongada en la materia de entre todos los analizados. Merece la pena destacar también que la mitad de los nombramientos analizados parecen responder a motivos vinculados con sus cargos políticos previos". 

En el caso de la Agencia Antifraude, el actual director Joan Llinares es el que obtiene la mejor puntuación de todas las entidades analizadas, al alcanzar una puntuación de 9. La conclusión a la que llegan los responsables del estudio, Rafael Rivera y Safira Cantos, es que "los políticos no van a gestionar, van a ocupar las instituciones publicas" sobre todo las empresas y entidades públicas que deberían tener un perfil más técnico.