El Defensor del Pueblo investiga el encierro ilegal de un joven ex tutelado en el CIE durante más de un mes

El Defensor del Pueblo investiga el encierro ilegal que sufrió un joven ex tutelado durante más de un mes en el CIE de Zapadores, según consta en la notificación que ha remitido esta institución a la campaña CIEs NO.

A. E. M, un joven marroquí de 22 años y ex tutelado por la Comunidad de Madrid, permaneció recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores entre el 21 de enero y el 23 de febrero de este año, a pesar de que el centro tenía la resolución judicial que suspendió su orden de expulsión.

Sin embargo, explica la campaña, "ninguna autoridad verificó su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle".

Fue con la intervención de los servicios jurídicos de la Campaña cuando se evidenció de que el expediente del interno que tenía la policía constaba la suspensión cautelar de su expulsión dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, lo que obligó a la dirección del CIE a ponerlo en libertad.

El CIE de Zapadores encerró durante un mes a un joven extutelado que tenía suspendida la expulsión del país

Madrid "no hizo nada" para regularizar su situación

El Juzgado de Instrucción nº. 4 de Alcalá de Henares acordó el pasado 21 de enero el internamiento en el CIE de A. E. M, a raíz de una orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno Madrid dos años antes. Ni este juzgado ni el CIE tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estimó el 8 de julio de 2021 un recurso de apelación interpuesto por A. E. M y acordó la suspensión cautelar de la orden de expulsión. Se le encerró en València para ser expulsado en cualquier momento.

El TSJ tomó esta decisión al considerar que había “múltiples indicios del arraigo social” del chico, y, criticó a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la “inacción” y “descoordinación” para regularizar su situación administrativa: “Nada parece haber hecho la Administración para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado”, “No parece que a … se le haya dispensado la debida protección institucional durante su minoría de edad, lo que ha podido repercutir eventualmente en su posterior situación administrativa”, reza la sentencia del TSJ.

Por tanto, “si la Administración no parece haber hecho nada para regularizar la situación del recurrente en España mientras era menor de edad, ni para facilitársela después, no es posible concluir que ahora existan fuertes razones de interés público que exijan la inmediata ejecución de la expulsión”.

Esta sentencia, denuncia CIEs NO, pone de manifiesto el problema ya denunciada por las organizaciones sociales e incluso trasladada por el Defensor del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, de que existe un porcentaje importante de menores tutelados que cumplen 18 años sin haber sido documentados.

Desprotección de la Infancia

El artículo 35 de la Ley de Extranjería determina que los menores tutelados tienen derecho a una autorización de residencia, que debe ser solicitada a instancia del organismo que asume la tutela. El incumplimiento de esta sentencia y de la propia Ley de Extranjería -que contempla el ingreso en los CIE como una medida cautelar para asegurar la expulsión- prueban que "el encierro de A. E. M. fue ilegal", según reivindica la campaña. "Sin embargo, nadie ha asumido su responsabilidad y nada se ha hecho para evitar casos similares".

Por estas razones, la Campaña presentó una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para que no se vuelvan a repetir situaciones semejantes y se apliquen medidas disciplinarias contra los responsables del encierro de A. E. M. El Defensor contestó el 6 de junio admitiendo a trámite la queja y anunciando el inicio de “actuaciones ante los organismos administrativos competentes”.