Paula Sánchez de León: "Para mí, Orange Market no existía"
La exsecretaria autonómica y exvicepresidenta responsabiliza a una funcionaria fallecida de las 8 facturas de la Guía de la Comunicación adjudicadas a la Gürtel | Dos exdirectivas de la Ciudad de las Artes confirman que Dora Ibars impuso la contratación de la trama en el estand de Fitur 2009 | Una de ellas declara que «el director de Cacsa me pidió destruir documentación» de la trama Gürtel
La exvicepresidenta y consellera Paula Sánchez de León declara, por videoconferencia desde València en el juicio de la Gürtel en la Audiencia Nacional. / L. B. B.
La secretaria autonómica de Comunicación de 2004 a 2007, exvicepresidenta del Consell y exdelegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, declaró ayer como testigo ante la Audiencia Nacional en relación con el primer contrato en la administración valenciana que logró la trama Gürtel a través de Orange Market: la Guía de la Comunicación de 2004, en formato papel y en un lápiz de memoria que fue el regalo navideño a los periodistas valencianos aquellas navidades. Seis empresas del Grupo Correa participaron en este contrato de 88.975,5 euros que se fraccionó en ocho facturas menores a 12.020,24 euros (el límite legal de entonces para un contrato menor), para evitar salir a concurso. Una operación supuestamente coordinada por Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional, según el auto de juicio oral. Aunque Ibars ha declarado en este juicio que la tramitación de este contrato coincidó con un embarazo de alto riesgo que le hizo estar ausente durante la tramitación, aunque no llegó a coger la baja por miedo a ser despedida. Ibars responsabilizó a Paula Sánchez de León, de la tramitación de este contrato.
Así que Sánchez de León recurrió ayer a un clásico para evitar cualquier responsabilidad en el primer contrato que logró la trama Gürtel en la Generalitat. Derivó en una funcionaria, ya fallecida (citó erróneamente el nombre de una trabajadora pública que declaró el 23 de marzo), de la dirección general de Promoción Institucional la tramitación de las ocho facturas menores que se tramitaron para evitar el contrato. "Del contrato me encargué yo porque Dora estaba embarazadísima. A la jefa de servicio le dijimos: hay que hacer esto, habla con la empresa. Yo dije la idea. Y no se puso ninguna pega". Aunque al ser preguntada por qué la Guía de la Comunicación se tramitó sin ningún expediente, Sánchez de León quedó descolocada. "Si no hay expediente... Alguno tiene que haber. Aunque yo no lo he visto. No me corresponde. No soy funcionaria, soy política y no entraba en la tramitación de los expedientes. Si no hay expedientes es porque no haría falta. Todo lo que haría falta se pedía".
La exsecretaria autonómica sí recordaba que fue el primer gerente de Orange Market, Ignacio Blanch, quien le hizo la oferta del lápiz de memoria y por eso decidieron adjudicarle el contrato. Aunque ayer no recordaba que Blanch le hablara de Orange Market. "No lo recuerdo. El encargo lo recuerdo a través de Blanch. Para mí, Orange Market no existía. Yo estuve cuatro años en la secretaria autonómica y no hubo más contratos con Orange Market porque se trabajaba con todas las empresas. Y éste es sólo uno en los cuatro años que yo estuve", aseguró en respuesta al abogado de la Generalitat.
En respuesta al abogado de Francisco Camps, Paula Sánchez de León confirmó que el expresidente de la Generalitat "jamas me dijo que que tuviera que favorecer a Álvaro Pérez y que fueran amigos. Camps no decía esas cosas. He trabajado muchos años y muy de cerca. Jamas me ha dado instrucción sobre cómo trabajar y de contratación, en absoluto. Y jamás daría instrucciones a Dora Ibars. Jamás", negó categórica.
Me pidió que destruyera toda la documentación
Una extrabajadora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) declaró ayer en el último juicio por la trama valenciana de la Gürtel que el director de Cacsa en 2009 «me pidió que destruyera toda la documentación» relativa a la contratación del estand de Grandes Proyectos que ejecutó la empresa Orange Market para la edición de Fitur de 2009, en el que participó Cacsa y ocho empresas públicas más. Un contrato por el que están acusados la exdirectora de Promoción Institucional Dora Ibars y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El director de Cacsa en 2009 que pidió destruir toda la documentación fue Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas y exdirector general de Economía, que resultó absuelto en el caso Nóos. La comercial de Cacsa que declaró ayer como testigo ante la Audiencia Nacional, que no lo citó por su nombre, confirmó que hizo caso omiso a esta demanda.
Esta peculiar petición se produjo cuando el caso Gürtel acababa de estallar (el 6 de febrero de 2009). «El director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias me dijo que destruyera los mails. Pero yo había visto que la policía salía con las torres de servidores de Orange Market y sabía que yo había intercambiado correos con Cándido Herrero, por lo que me guardé toda la información con más minuciosidad si cabe... Porque mire dónde me estoy viendo».
Esta testigo y su superior en Cacsa en 2009, que también compareció ayer, asistieron a la reunión del 30 de diciembre entre la directora general de Relaciones Institucionales, Dora Ibars, y los representantes de empresas públicas y conselleries que impulsaban grandes proyectos. «La reunión estuvo liderada por Dora Ibars, donde se nos facilitó la información de la feria [Fitur 2009] donde ya estaba todo cerrado». A pesar del poco tiempo, Fitur se celebra a finales de enero, «como era un tema que venía desde arriba lo asumimos», aseguraron ambas.
Ambos testimonios ahondan en la versión de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación del «stand de grandes eventos de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009» cofinanciado por nueve empresas públicas. Según el Ministerio público la exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, hizo de «enlace» entre la trama Gürtel y las entidades públicas para que la construcción del estand se encargara a las empresas de la Gürtel «sin tramitar procedimiento de contratación y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia».
El negocio para la trama Gürtel sólo en este contrato habría sido redondo ya que la construcción del estand les costó 148.539,85 euros pero facturaron a las seis empresas públicas un total de 366.529 euros, según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 el 11 de enero de 2016. Este dinero no se llegó a cobrar porque todas las facturas se emitieron la misma semana que el Caso Gürtel estalló y el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la Gürtel en febrero de 2009.
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