El Consell encabeza la estrategia fiscal del PP sobre Sucesiones

El Impuesto de Sucesiones se ha convertido en el ariete de la nueva ofensiva fiscal del PP. Más allá del juego de palabras, la bonificación casi total de este gravamen a las herencias es el sello de la sucesión en aquellos gobiernos autonómicos donde la derecha ha alcanzado el poder tras el 28 de mayo. Baleares, Aragón, La Rioja, la Comunitat Valenciana y Canarias, donde ha habido el Ejecutivo autonómico ha pasado de los socialista a los populares, ya han ejecutado este recorte o han anunciado su intención de hacerlo siendo la valenciana donde mayor bonificación se ha ofrecido hasta el momento.

Hace justo un año la expresión "reforma fiscal" sacudió el tablero político. El Ejecutivo autonómico dirigido entonces por Ximo Puig anunció una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros. La medida se fue replicando en varios territorios, gobernados por izquierda y derecha, y abrió un debate que acabó llegando al Gobierno de España, que también se unió a la bajada impositiva en la renta, en este caso, a aquellas menores a 22.000 euros, para contener la escalada de precios.

Doce meses y unas elecciones después, con cambio de gobierno en siete autonomías, incluida la Generalitat, el tributo que se sitúa en los titulares por parte de las autonomías es el de Sucesiones. Cuatro de ellos gobiernos autonómicos han activado su reforma y su eliminación para aquellas personas con parentesco directo ha sido la primera del Consell de PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Esta acción tendrá un impacto de alrededor de 166 millones anuales para las arcas públicas siendo la autonomía que más dejará de recibir en este concepto tras aprobar el anteproyecto de ley, que ha de pasar por las Corts. 

Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, en 2022, hubo algo más de 18.000 herencias de los grados de parentesco I y II por un valor de 166 millones. Para estos (descendientes, ascendientes y cónyuges, es decir, padres, hijos, parejas, abuelos o nietos) se pasa de una bonificación del 75 % (a partir de los 100.000 euros de pago mínimo) de este impuesto al 99 % dejando el pago de esta cuota en casi cero mientras que se mantiene en las herencias de los grados III y IV (tíos y sobrinos), que supusieron otros 165 millones en 2022.

Al ser un impuesto progresivo, esta reforma beneficiará especialmente a aquellas herencias más elevadas ya que las más bajas quedaban excluidas del pago al no alcanzar los mínimos (más de 200.000 valencianos heredaron sin pagar). En este sentido, según cálculos del Consejo General de Economistas, por una herencia de hasta 800.000 euros, de los cuales la vivienda habitual tenga un valor de 200.000, en la Comunitat Valenciana se pasará de pagar 63.000 euros a 1.263 euros pasando de ser la segunda autonomía con la cuota más alta para estos casos a ser la sexta más baja.

Eso sí, la bonificación para este caso es de más del doble en la Comunitat Valenciana que las reformas de Canarias y La Rioja y de doce veces más que en Baleares, autonomías que también han emprendido el camino de suprimir este impuesto. La clave, explica Rubén Gimeno, jefe del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, es que en estas comunidades estaba ya más bajo y pese a que, por ejemplo, Baleares haya dejado una cuota cero, el punto desde el que partía era menor.

Guía para seguir el laberinto de la política fiscal

Tras su revisión, en Baleares dejarán de ingresar cerca de 70 millones por este tributo; en Canarias rondará los 20 millones y en La Rioja serán cerca de ocho. Son las que ya han puesto en marcha estas reformas en este verano, además de la Comunitat Valenciana a las que se podría sumar Aragón. «Como las autonomías tienen capacidad normativa, cada una puede hacer lo que quiera», agrega Gimeno que destaca que se evidencia que hay «dos modelos económicos diferentes» en materia de impuestos y que con su actuación, el Consell «alinea a la Comunitat Valenciana con las comunidades del PP». 

Dudas sobre Patrimonio

Esta rebaja de impuestos podría no ser la última. Para ello, los ojos se situarán en la negociación de la ley de Medidas Fiscales, la llamada ley de Acompañamiento, que complementa a los Presupuestos que ya se está negociando. El panorama para ello no es del todo sencillo. La posibilidad de un regreso de los objetivos de estabilidad, la ausencia de información de los recursos del Estado y el déficit acumulado (1.800 millones en el primer semestre de 2023) dificultan la cuadratura del círculo. Reducir ingresos obligará, todavía más, a rebajar gastos.

Entre los impuestos que podrían estar en el punto de mira están el Impuesto de Patrimonio y el de Transmisiones que el Botànic subió hace un año. No obstante, la consellera Ruth Merino señaló la semana pasada que para la bajada del primero (actualmente, el segundo más alto de España, solo por detrás de Extremadura que estudia su supresión) primero habría que ver qué ocurre con el impuesto estatal ya que, en caso de que el Consell lo suprimiera, los ingresos de este irían al Estado y no a la Generalitat.