Vivienda

Un fondo buitre desahucia a una madre con dos niños en València

Mónica se ha quedado en la calle con su marido con un 65 % de discapacidad y sus dos niños de 14 y 15 años. No encuentra vivienda pese a que el hogar tiene unos ingresos de 2.100 euros y estaba ocupando el piso

"Vinieron dos hombres del fondo buitre para ofrecerme dinero si me iba. Primero 2.500 euros, luego 1.500", explica.

Desahucio de una madre con dos hijos menores en Valencia por parte de un fondo buitre

Sindicato de Vivienda de Valencia

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

València

Mónica, su marido con discapacidad y sus dos hijos de 14 y 15 años han sido desahuciados este lunes por un fondo buitre en el barrio de Orriols (València). A las 09:30 de la mañana los activistas del Sindicato de Vivienda de València sacaban sus pertenencias en bolsas de basura y cajas. La familia se ha quedado en la calle.

El desahucio estaba previsto para las 7:45, pero mucho antes varios agentes de la Policía Nacional han acudido al portal y han retirado a unos 15 activistas apostados desde las 6 de la mañana por la fuerza. En ese momento se han colocado custodiando el portal para ejecutar el desahucio que finalmente se ha producido sobre las 09:30 horas. Mónica y su familia pasarán la noche en un albergue municipal, pero tan solo podrán permanecer ahí hasta este jueves.

La entidad que ha desahuciado a Mónica es un fondo buitre (un fondo de titulización, para ser más exactos) que se llama Anticipa Real Estate, con una cartera de vivienda que en gran parte compró a la extinta Catalunya Caixa y a varias cajas de ahorros valencianas. Anticipa es una gestora y filial del mayor fondo de inversión del mundo, Blackstone. Se encarga de gestionar enormes paquetes de créditos hipotecarios, comprados a un precio ventajoso. Estos fondos suelen tener paquetes de decenas de miles de hipotecas.

Activistas del Sindicato de Vivienda de Valencia se llevan las pertenencias de la casa de Mónica.

Activistas del Sindicato de Vivienda de Valencia se llevan las pertenencias de la casa de Mónica. / Gonzalo Sánchez

Aunque no era el caso de Mónica, que estaba okupando la vivienda por necesidad. Esta mujer, que trabaja limpiando casas, tiene un marido con un 65 % de discapacidad y dos hijos de 14 y 15 años. Pese a ganar, entre la pensión de su marido y su trabajo, unos 2.100 al mes, ninguna inmobiliaria les quiere firmar un contrato. "Los precios están imposibles, llevamos años intentando encontrar una vivienda y no hay manera", cuenta la afectada.

800 euros por "comprar" un piso okupado

Hasta hace 10 meses vivía en un piso del alquiler hasta que le rescindieron el contrato. Entonces, viéndose en la calle después de años sin encontrar vivienda, un conocido le dijo que podía entrar a vivir a su piso si le pagaba 800 euros. "La puerta ya estaba abierta, ellos se fueron y por 800 euros entré yo con mi familia", cuenta.

Desde entonces, no hay día que la angustia no se apodere de su cuerpo. "Yo no quiero estar así, no quería ocupar, pero no me ha quedado otra porque me veía con mis hijos en la calle", relata. Sigue trabajando, y su marido sigue cobrando una pensión, pero en 10 meses no ha habido forma de encontrar una vivienda digna que les quieran alquilar.

Una pancarta desplegada desde la ventana de la afectada por el Sidnicato de Vivienda de Valencia.

Una pancarta desplegada desde la ventana de la afectada por el Sidnicato de Vivienda de Valencia. / Gonzalo Sánchez

Su primer desahucio llegó hace un mes, y los activistas del Sindicato de Vivienda de València consiguieron pararlo. Este era el segundo, que finalmente se ha ejecutado, dejando a Mónica con su familia y sus cosas literalmente en la calle.

Cuando se metió a aquel piso, el proceso de desahucio contra los anteriores okupas estaba ya muy avanzado, con lo que la carta no tardó nada en llegar. Vino a nombre de 'ignorados ocupantes', una táctica que suelen utilizar los propietarios para no empezar el proceso de cero cuando ocurre un traspaso como estos.

"El fondo buitre me ofrecía dinero"

Otra táctica habitual de los fondos buitre es ofrecer dinero a los inquilinos u okupas para que se vayan sin necesidad de llegar a los tribunales. "Llegaron dos chicos del fondo, entraron a mi casa y nos pusimos a hablar muy tranquilamente. Primero me ofrecían 2.500 euros por irme de mi casa. Vinieron un segundo día para ofrecerme 1.500. Pero yo les dije que no quiero dinero, sólo les pedía un poco de tiempo para poder encontrar un alquiler e irme. Les dije que ganaba dinero y que podía pagarles, pero no querían negociar", recuerda.

Estos diez meses han sido una pesadilla para Mónica. El primer mes le entraron a robar en casa. "Se llevaron lo poco que había de valor, la televisión y la play de mi hijo con los juegos y los mandos. Pasas mucho miedo todos los días porque no sabes lo que te puede pasar, o si te puedes quedar en la calle", explicaba ayer, antes del desahucio.

Activistas del Sindicato de Vivienda de València recogen las cosas de Mónica tras ser desahuciada.

Activistas del Sindicato de Vivienda de València recogen las cosas de Mónica tras ser desahuciada. / Gonzalo Sánchez

Los hijos están muy afectados por esta situación. "Uno de mis hijos lleva ya tiempo yendo al psicólogo, ahora parece que se ha recuperado un poco, pero ¿Qué hago? Es una impotencia brutal", explica.

El Sindicato de Vivienda de València ha convocado una nueva concentración, esta vez el jueves, para tratar de evitar el desahucio de otra madre (esta con niños pequeños) convocado por Promontoria Coliseum (filial del fondo buitre Cerberus) también a las 7:45 de la mañana.

La Comunitat Valenciana sufre, pese al escudo social prolongado durante la pandemia, 15 desahucios diarios, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.

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