Compromís reclama que el Pacto Europeo de Migración incluya un sistema permanente de solidaridad

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en las Corts Valencianes una proposición no de ley para reclamar la puesta en marcha de una política migratoria y de asilo europea que "ponga en el centro a las personas, con un absoluto respeto de los derechos humanos". Según la diputada ecologista Paula Espinosa, "dentro del marco de la presidencia española de la Unión Europea, València acoge mañana jueves una reunión de la Unión Europea con la Unión por el Mediterráneo (UpM) que agrupa a 16 estados del sur y este, bañados por este mar, un momento idóneo para abordar los desafíos de la migración por vía marítima".

Desde Compromís se ve con "grave preocupación" que en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea del pasado 4 de octubre, se acordara que el Reglamento de Crisis, Fuerza Mayor e instrumentalización permita a los Estados Miembro suspender temporalmente sus obligaciones en materia de protección internacional en situaciones de crisis. "Consideramos que esta modificación reglamentaria comportaría una grave vulneración de los derechos de las personas refugiadas y va en la línea de dar cobertura a los posicionamientos de la extrema derecha en materia de inmigración".

Contra cambios que "criminalicen a las ONG"

“Es por eso que presentamos esta iniciativa para que las Corts Valencianes rechacen cualquier tipo de modificación legislativa de los reglamentos europeos en el marco del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el que se criminalice a las ONG de salvamento marítimo acusándolas de fomentar los desplazamientos de migrantes irregulares", añade Espinosa.

Compromís plantea al Gobierno de España que en el marco de las negociaciones del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo tenga un posicionamiento claro que dé protección a las personas migrantes, y en ese sintiendo marcan como prioritario "impulsar un sistema permanente de solidaridad en la UE que incluya reubicaciones obligatorias; rechazar la codificación en la legislación europea del concepto de instrumentalización y no derogación de la Directiva de Protección Temporal; rechazar el uso de la detención con finalidad de screening y los procedimientos de asilo y retorno en frontera y frenar el avance de los procedimientos de asilo y retorno acelerados en las fronteras garantizando un tratamiento individualizado y con plenas garantías de las solicitudes de protección internacional".

Por otra parte, señalan la importancia de trabajar para "mantener y reforzar los actuales criterios para la determinación de "país seguro"; introducir las garantías para el respecto del principio de no devolución y salvaguardias en los procedimientos de asilo y retorno en frontera, incluyendo el rechazo a la ficción jurídica de "no entrada", garantizando información adecuada para solicitar asilo, derecho a una entrevista personal, asistencia jurídica gratuita durante todo el proceso, y recurso efectivo, entre otros y, por último, promover la ampliación de vías legales y seguras y asumir mayores compromisos en materia de reasentamiento".