La diputación invertirá 14 millones en oficinas comarcales y carreteras

El pleno de octubre de la Diputación de Valencia celebrado este miércoles ha aprobado una modificación de crédito del remanente del presupuesto para invertir 14 millones de euros en la mejora de servicios e infraestructuras que permitirán acercar la corporación al territorio. 

En una sesión que no estuvo exenta de tensiones y crispación entre los distintos grupos políticos, la delegación de Hacienda llevó una propuesta para aprobar una modificación de crédito presupuestario —que finalmente salió adelante con los votos del gobierno y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra de los socialistas— que destinará 2,6 millones al relanzamiento de las oficinas comarcales, alrededor de 3,5 millones a la construcción de una ciudad administrativa en el barrio de Patraix (tal como ya contó Levante-EMV) y otros siete millones para finalizar la carretera que conecta Manises y Riba-roja.

En palabras de Laura Sáez, diputada de Hacienda, «el remanente estaba destinado a amortizar deuda y hemos preferido destinarlo a inversiones, algunas se pondrán en marcha este mismo año y el resto en el próximo, pero lo importante es que son proyectos reales que se van a ejecutar». La delegada del área dentro del gobierno provincial respondió así a las críticas de la oposición. En este sentido, el diputado del PSPV Vicent Mascarell admitió que «probablemente se trate de infraestructuras necesarias», pero cuestionó que su ejecución fuera del presupuesto y pidió que el dinero se reasigne para el Fondo de Cooperación, con el que todos los partidos (menos Vox) se alinearon en una moción presentada por los socialistas.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, afeó que la medida «crea duplicidades con la función de las mancomunidades», por lo que su grupo se abstuvo. 

Habilitar locales de atención en seis comarcas

Con esta medida, el gobierno provincial quiere consolidar una red "potente" de oficinas comarcales para acercar la institución a los municipios. El pleno ha aprobado una asignación conjunta por valor de 2,6 millones de euros, con la que se compatibilizarán los servicios de gestión tributaria y la asistencia técnica a los ayuntamientos en las oficinas de Ontinyent y Llíria, al tiempo que se habilitan las instalaciones que tiene el área de Infraestructuras en siete municipios de seis comarcas, para "ofrecer atención pública en Alzira, Bétera, Alborache, Buñol, Utiel, L'Alcúdia de Crespins y Villar del Arzobispo", ha explicado el presidente Mompó. Las oficinas de Ontinyent y Llíria serán las primeras en adaptarse a la nueva imagen corporativa y a la red comarcal que la corporación pretende tejer de forma vertebradora.

El remanente servirá también para finalizar la ampliación de la calzada y refuerzo de la seguridad en la CV-370, en el tramo entre Manises y Riba-roja. La obra se licitó en algo más de 12 millones de euros y se ejecutó la primera fase, quedando pendiente una segunda que es la que se acometerá con los siete millones de euros que el equipo de gobierno provincial ha decidido destinar a inversiones en el territorio.

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