Un plan y un escudo con Vox

Lo primero llegó rápido. Y sorprendió. Empezó a quedar claro que Carlos Mazón sabe qué quiere. Tiene un plan. Y ha ido un paso por delante de la oposición, e incluso de su propio partido en Madrid. Pactó rápido con Vox, cuando nadie lo esperaba. Y descolocó a los socialistas con la Mesa de las Corts y sigue sacando rédito ante Compromís en las Corts de esa jugada a su favor. Mazón empezó rápido. ¿Qué se puede decir cien días después? Que el Gobierno, suyo y de Vox, ha sido más diésel después del arranque por sorpresa y que su gran objetivo estratégico ha sido poner un escudo a los radicales, evitar que marquen agenda con acciones fuera de tono y enturbien el proyecto. En pocas palabras, protección a cambio de disciplina.

¿Cómo lo ha hecho? Mazón ha elogiado repetidamente al candidato de la ultraderecha, Carlos Flores Juberías, por su actitud en la negociación y ha evitado críticas a su condena por maltrato a su exmujer. Mazón ha evitado enfrentamientos sobre la violencia de género, sin dejar de mostrar una posición distinta, pero protegiendo la del socio a su vez. Mazón ha dado abrigo a la consellera de Vox Elisa Núñez cuando tuvo que destituir al subsecretario de Justicia porque también tenía una condena anterior por violencia de género (fue la portavoz del Consell la que salió a dar cuentas tras un pleno extraordinario del Ejecutivo por este motivo). Y Mazón no ha salido a marcar diferencias con los socios cuando estos han quedado retratados con alguna acción o declaración, como cuando el titular de Agricultura se marcó un mensaje en redes en un valenciano antinormativo y sonrojante.

¿Qué ha encontrado Mazón en la otra parte? Acatamiento de sus decisiones. Incluso docilidad. Cuando sucedió el caso citado del conseller Aguirre, el mensaje (privado) de Presidencia fue claro: líos innecesarios, no. Desde entonces, tuits en castellano. Mazón ha encontrado además a un vicepresidente, Vicente Barrera (viejo conocido del PP), que poco tiene que ver con el de Castilla y León, el otro vicepresidente autonómico voxista, cuyos planteamientos han puesto en alguna ocasión a su presidente, Fernández Mañueco, contra las cuerdas. Barrera no es Juan García-Gallardo. Al menos no lo ha sido en este inicio de mandato. Quizá se deba a que ha estado ocupado, como sus compañeros, en formar un equipo, aún en pañales. Pero la línea parece otra.

Así, primera gran conclusión de estos cien días: el Gobierno autonómico con tres cargos de Vox (solo el de Castilla y León tiene más, con cuatro) se ha demostrado como el menos problemático en su gestión interna. Nada que ver con el castellanoleonés, ni siquiera con el balear, donde el socio radical acaba de bloquear los presupuestos, o con el extremeño, donde la única consejera ya ha dimitido.

Así que la premisa de Mazón (a modo también de alejamiento del Botànic) de ‘un solo Gobierno’ es real, al menos de momento, cuando los brillos por el poder conseguido aún están en la retina y el peso de la gestión aún no ha hecho bola.

Tras cuarenta años de proyecto autonómico, uno diría que Mazón ha empezado a dejar huellas de un plan definido: diferenciar entre los miembros de su Ejecutivo designados por Vox, de los que espera lealtad y complicidad en un proyecto conjunto, y el partido socio y su grupo parlamentario. Sobre esa línea de separación ha empezado a construir la mayoría absoluta que ansía.

Pero tener a Vox al lado también deja huella. ¿Sin esa presencia habría ido tan lejos y rápido (vía ley de Acompañamiento de los presupuestos) en reducir el valenciano en las zonas castellanohablantes y en desmontar políticas de defensa del valenciano ante el castellano?

Su hipótesis de partida, también próxima a los socios, es la existencia los últimos ocho años de «un ‘procés’ a la valenciana» a desmontar ahora. Abundó en ello en el Senado. Es la línea exhibida también por el vicepresidente Barrera en las Corts al anunciar la ruptura del convenio para la colaboración en proyectos audiovisuales con Cataluña y Baleares.

Con una lengua con escaso uso institucional en estos momentos, con una normativa en cuestión de nuevo y con el frágil ecosistema cultural construido hasta ahora en peligro, la pregunta es si podrá resistir como lengua normal, prestigiada.

Los anteriores gobiernos del PP no hicieron del valenciano elemento de conflicto. No interesaba esa vía en el poder, sino atemperar un posible foco de reacción social. Ahora sí se ha entrado en esa dinámica. ¿Por qué? El contexto es distinto. Está Vox (en Baleares ha roto la negociación presupuestaria por la política lingüística). Y ha sucedido el ‘procés’, el de verdad, el del 1-O. Lo cierto es que las medidas aplicadas han dado a Mazón resonancia en la derecha mediática madrileña. Es otro factor.

Una mesa con cuatro patas

La cuestión identitaria, por la vía del idioma propio, ha sido por tanto uno de los rasgos que han marcado estos cien días de Gobierno de Mazón. Los otros dos son también de llegada fácil al público: la rebaja fiscal y la reducción de la «grasa» administrativa (cargos y asesores políticos). Es siempre más digerible para el ciudadano que le quiten impuestos (cualquiera puede estar en situación de heredar en algún momento, aunque pueda afectarle poco hoy) que no asumir que una subida para mejorar los servicios públicos. Sumados son unos cientos de millones (unos 370) en un presupuesto que ronda ya los 30.000 millones anuales. Pero el golpe de efecto está ahí. Es la presentación de las cartas de juego.

Más allá de estos proyectos y giros identitarios, otras grandes decisiones de legislatura han de ir tomando suelo aún. De momento, ha apostado por lo pragmático y ha mantenido las reversiones de concesiones sanitarias a empresas privadas que ya tenía avanzadas el Gobierno anterior (Dénia y Manises) mientras que Elx se quedará con gestión privada. Queda pendiente cómo se va a propiciar el anunciado aumento de viviendas de protección pública y el futuro de becas,la gratuidad de los libros de texto o la escolarización de 0 a 2 años.

Hay una cuarta pata en la mesa que ha empezado a construirse en estos cien días: la simplificación administrativa, para la que hace pocas semanas se ha nombrado un responsable, adscrito a Presidencia, a la vera del puente de mando.

Va en la línea de favorecer las inversiones y dinamizar la actividad económica, objetivos siempre apreciables. No obstante, como el pasado existe, todo aquello tan sonoro de la burbuja inmobiliaria y la tierra de los ‘pelotazos’ urbanísticos empezó con unas normas que favorecían a los agentes urbanizadores en pos de una modernización del territorio y un desarrollo económico cuyas huellas (de todo tipo) llegan hasta hoy.

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