El sector y la oposición difieren ante los cambios de la ley del Juego

Cruce de opiniones sobre el cambio que PP y Vox plantean en la ley de Juego. Las modificaciones señaladas por populares y voxistas a través de la ley de Acompañamiento permitirían autorizar la instalación de nuevas máquinas de juego así como renovar las licencias de establecimientos pese a que estos incumplieran la distancia mínima con centros educativos (850 metros), una propuesta que el sector aplaude al evitar "daños" para "empresas, trabajadores y Administración" y que oposición y entidades de lucha contra la ludopatía critican.

La principal novedad que trae la modificación legal es que para renovar las autorizaciones a los establecimientos de juego que ya estaban en funcionamiento antes de la ley no se les obligará a cumplir las medidas de distanciamiento incorporadas en la norma elaborada por el Botànic. Entre ellas destaca que no pudiera haber ni salones de juego ni locales de apuestas a menos de 850 metros respecto a los centros educativos ni que se pudieran instalar en zonas consideradas "vulnerables" según la ley de Servicios Sociales.

Esto suponía que cuando aquellos locales que ya estaban en funcionamiento tuvieran que renovar su licencia, si estaban a menos de 850 de un colegio o un instituto, esta fuera rechazada obligando a su cambio de ubicación. Con la enmienda planteada por PP y Vox en Acompañamiento, para la continuidad de estas autorizaciones se excluiría esta obligación de cumplir las distancias.

La medida recibe un aplauso tibio del sector. Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, asegura que los cambios propuestos "matizan algunos de los aspectos más ideológicos de la ley", pero que no son "ni mucho menos lo que el sector querría". No obstante, admite que "sin tocar el espíritu de la ley", es decir, una reforma más amplia y que debería llegar por otras vías y no por la ley de Acompañamiento, "son cambios que evitan daños tanto a la Administración como a las empresas como a sus trabajadores".

Recurso judicial

SOS Hostelería es una de las tres asociaciones que ha reclamado medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde se encuentra recurrida la ley, para que se suspenda la aplicación de algunos de los artículos de la ley aprobada en 2020 hasta que haya una sentencia firme. Entre las medidas que solicitan está no revocar ninguna licencia al considerar que si se cierran locales por mucho que hubiera una sentencia a su favor tendría un "efecto irreversible". La enmienda planteada en las Corts iría en esta línea.

Menos favorables son las opiniones tanto de la oposición como de organizaciones dedicadas a la lucha contra la ludopatía. Una de ellas es la Fundación Patim. Su presidente, Paco López, señala que la propuesta debería partir desde la Comisión del juego, el organismo contemplado en la ley para que operadores del juego, administración pública, entidades especializadas en tratamiento y académicos debatan este tipo de cuestiones que considera "trascendentes", antes de llevarlas a la práctica.

El Consell también aleja los salones de juego de los centros de menores

Asimismo, López señala que desde Patim "siempre hemos defendido la creación de un perímetro saludable en torno a los centros educativos" y señala que los jóvenes "tienden a normalizar lo que consideran cotidiano" siendo "más fácil que banalicen los efectos del juego". En esa línea apunta también Consuelo Tomás, psicóloga y directora del Instituto Valenciano de Prevención de la Ludopatía y Adicciones no tóxicas, que incide en que uno de los factores que más influyen en la ludopatía es "la facilidad de acceso al juego".

"Si salen de clase y tienen cerca un sitio al que ir es más fácil que se enganchen", explica Tomás quien añade que estos salones se han convertido en lugares de "socialización de jóvenes". La psicóloga insiste en que, no obstante, uno de los aspectos que no se regulan en la ley valenciana porque es de ámbito estatal es el juego online, algo que sigue teniendo mucha penetración entre las generaciones que son "nativos digitales".

"Retroceso a una norma pionera"

Por su parte, tanto PSPV como Compromís han mostrado también su rechazo a las enmiendas. Así, para el socialista José Muñoz, estas suponen “un retroceso en una norma pionera en España y que ha servido como ejemplo para otras comunidades”. "Este Consell debe proteger a los jóvenes y evitar que haya una normalización del juego que a medio y largo plazo pueda generar problemas de ludopatía”, ha reiterado Muñoz que ha criticado que con los cambios se desprotege a “los jóvenes y los barrios de clase trabajadora donde más daño está haciendo la adicción al juego”.

"Los barrios y pueblos valencianos verán como aparecen como setas nuevas locales de apuestas y juego", ha señalado también el síndic de Compromís, Joan Baldoví. En esta línea, ha apuntado a que mientras los últimos años desde el gobierno valenciano que dirigía el Botànic "luchamos contra la adicción al juego y la ludopatía, PP y Vox hacen marcha atrás y ponen el negocio por delante de la salud de las personas”.