El Ministerio para la Transición Ecológica, mediante el nuevo Reglamento de Costas aprobado por el Gobierno en 2022, está llevando a cabo nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre a lo largo del litoral valenciano que están poniendo en pie de guerra a ayuntamientos y propietarios afectados por las nuevas mediciones y que temen por la pérdida de sus casas en primera línea.
El reglamento de 2022 facilita la ampliación del suelo competencia del Estado. Es la gran queja de consistorios, explotaciones radicadas en el litoral y particulares, pues el dominio público -el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación se permite mediante una concesión- puede a partir de este momento modificarse hasta el máximo nivel que alcance una ola. Si se amplía el deslinde hacia el interior, las construcciones existentes en esa nueva zona pasarían a ser de titularidad pública. Asimismo en el articulado se expone que el plazo de las concesiones nunca podrá exceder de los 75 años, a partir de la fecha de expedición, tras lo cual tendrán que ser demolidas.
Una de las últimas mediciones se ha realizado esta semana en Puçol, donde Costas prevé el deslinde de un tramo de 470 metros de longitud del paseo marítimo, concretamente en el tramo comprendido entre los vértices M15 y M21 de la playa de Puçol. «No compartimos para nada el criterio argumentado para autorizar este deslinde porque el tramo señalizado nunca ha presentado problemas de desprendimiento», asegura la alcaldesa, Paz Carceller (PP), que aunque señala que la decisión no afecta a las viviendas «tememos que pueda hacerlo en un futuro y aquí ya hemos vivido anteriormente la expropiación y fue muy traumático en 1988».
En la Safor, en el caso de Bellreguard, las viviendas de la primera línea de la playa se salvan del deslinde. La propuesta de Costas, que afecta a 750 metros en paralelo a la costa, retrasa la línea hasta el margen del paseo marítimo. Actualiza el tramo donde se encontraba la plaza de la Font de la Roda, que ya fue retranqueada tras los daños sufridos por el temporal Gloria.
En Tavernes de la Valldigna no se conoce aún la propuesta del estudio que está llevando a cabo Tragsa. Sin embargo, tanto el ayuntamiento como el vecindario temen que el deslinde sí que afecte a los dos edificios ubicados en la Goleta.
Una parcela en los tribunales
En Sagunt, el conflicto tiene como protagonista el conocido como Malecón de Menera. Se trata de una parcela de unos 67.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port que, contra todos los pronunciamientos judiciales previos, la Audiencia Provincial sentenció en 2010 que era propiedad de la empresa Promotora Saguntina, pese a formar parte del dominio público marítimo terrestre. La novedad más reciente en esta causa es que la Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares reclamadas por el consistorio para que la desprotección de la parcela no se haga efectiva hasta la resolución del juicio.
En la Ribera, el Ayuntamiento de Sueca, después de una reunión celebrada hace tan solo diez días, se encuentra a la espera de una declaración de impacto ambiental para que las playas del término municipal, incluyendo el Mareny y el Perelló, se vean recuperadas tal y como ha sucedido en la playa de la Garrofera de València.
En agosto de 2022 miles de afectados y vecinos se manifestaron a lo largo del litoral convocados por el movimiento cívico Somos Mediterránia. «Cuando mis padres compraron su casa en el Saler, la playa estaba a 150 metros y teníamos una línea de deslinde legal. Ahora, porque la administración no ha cumplido con su deber de cuidar las costas durante décadas, me quieren quitar la propiedad». Así se manifestaba Guillermo Casanova, portavoz de la asociación de vecinos del Saler.
Un centenar de viviendas serán de dominio público en Dénia
Una de cal y otra de arena en el litoral norte de Dénia. El Ministerio para la Transición Ecológica está cumpliendo una reivindicación histórica, la de la regeneración de la desaparecida playa de les Deveses (más de 14 millones de euros). La playa le ganará terreno al mar y las casas de primera línea, ahora expuestas totalmente a los temporales, estarán más protegidas.
La mala noticia para los propietarios es que, al mismo tiempo, Costas ha realizado un nuevo deslinde. No se demuelen casas, pero sí que quedan 115 viviendas dentro del dominio público marítimo-terrestre (67 viviendas unifamiliares y 48 apartamentos incluidos en 9 edificios). Los dueños no se tienen que ir. Tampoco actuará la piqueta. Tendrán una concesión por 75 años que podrán renovar. El Estado puede adquirirlas pero abonando una indemnización a los propietarios, que han anunciado batalla judicial.
