PP y Vox pactan una oficina antibortos en Alicante y Compromís anuncia acciones
La coalición denuncia que la medida incumple la Ley del Aborto y presentará una iniciativa para que la Generalitat garantice acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados

Imagen de archivo de un profesional sanitario practicando un aborto. / GUILLERMO MOLINER
Alejandro J. Fuentes
La nueva oficina de asistencia y atención a la maternidad pactada por PP y Vox en Alicante ha generado un gran revuelo a nivel nacional y, ahora, llegará también a Las Cortes. Compromís denuncia que se trata en realidad de una medida "antiabortista" encubierta y anuncia una iniciativa en el parlamento valenciano.
La coalición señala que, de llevarse a cabo la medida, el alcalde alicantino, Luis Barcala, "incumplirá la Ley del Aborto actual", vulnerando derechos de las mujeres. En este sentido, presentará una iniciativa autonómica para que la Generalitat Valenciana "garantice los derechos de las mujeres a tener acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados", tal y como estipula la Ley Orgánica 1/2023, modificada el pasado año por el Congreso de los Diputados.
Para la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, la ciudad vive "un claro retroceso de los derechos de las mujeres como nunca habíamos visto". La citada Ley Orgánica, en su artículo 5.1.g, establece que los poderes públicos "garantizarán la información sobre anticoncepción y sexo seguro, con especial atención a ETS y embarazos no deseados”, según ha recordado Llobell.
La edil valencianista sostiene que "esto es lo que debe hacer cualquier oficina municipal que quiera ayudar a las mujeres y no tutelarlas ideológicamente”, y advierte a PP y Vox de que "tienen la obligación legal de actuar con responsabilidad institucional y abstenerse de cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos legales", así como de asegurarse que tanto las autoridades como el personal funcionario y las entidades políticas "cumplen ese derecho de las mujeres a acceder a sus derechos”.
"Obligación de cumplir la ley"
La diputada Mónica Álvaro, miembro de la comisión de Sanidad y Consumo en Las Cortes, considera que “este tipo de oficina está terminantemente prohibida” y ha recordado que "las prestaciones y ayudas a mujeres jóvenes embarazadas ya están garantizadas en los presupuestos de la Generalitat".
Según Álvaro, en Alicante "tenemos un grave problema cuando en espacios sanitarios como el Hospital General de Alicante, todos los facultativos se declaran objetores y no se pueden realizar abortos en el centro público, incumpliendo la Ley Estatal". Según la diputada de Compromís, "lo que hace falta es que Ayuntamiento y Generalitat cumplan la ley y, en lugar de crear oficinas antiabortistas, pongan en marcha espacios que garanticen los derechos de las mujeres y su acceso a información real que los garantice”.
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