Diecisiete municipios de los 542 ayuntamientos valencianos se adhieren al plan para hacer VPO
La Conselleria de Vivienda señala que casi medio centenar de poblaciones se han interesado por la iniciativa
La Entitat valenciana d’habitatge (EVha) será la que gestione la contratación
Vistas de los barrios de la Seu, la Xerea y el Mercat de Valencia desde la Fundación Bancaja. / Miguel Angel Montesinos
Un total de 17 ayuntamientos de los 542 que existen en la Comunitat Valenciana se han adherido formalmente al Plan Vive, presentado hace un mes para impulsar la construcción de 10.000 viviendas públicas hasta 2027, según datos facilitados por la vicepresidencia segunda de la Generalitat a Levante-EMV. De esta manera sólo el 3,1% de los municipios valencianos han querido embarcarse en esta iniciativa que pretende paliar las carencias y necesidades de vivienda asequible.
El Plan Vive fue presentado oficialmente el 2 de abril en el Palau por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque se ha anunciado desde septiembre de 2023. Y, posteriormente, se han realizado reuniones simultáneas en las tres provincias a nivel de partido para explicar los detalles de esta iniciativa pensada para paliar los graves problemas de acceso a la vivienda. Una iniciativa que pivota sobre el interés que muestren los municipios ya que están llamados a jugar un papel clave. Al ser los ayuntamientos los competentes en materia urbanística son los que deben ceder el suelo público a la administración autonómica para construir las viviendas públicas.
Cuando se presentó el plan la Generalitat ya informó que cuarenta ayuntamientos habían mostrado interés en sumarse al Plan Vive. Un mes después la vicepresidencia segunda del Consell confirman a Levante-EMV que ha recibido «un total de 48 ofrecimientos por parte de los distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para adherirse el Plan Vive». De este casi medio centenar, un total de 17 municipios ya tienen el acuerdo municipal de adhesión, que ha de ser ratificado por acuerdo de los plenos municipales.
Según la información facilitada por la vicepresidencia segunda y responsable de las políticas de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, las poblaciones que ya se hab adherido son: Alicante, l’Alcúdia de Crespins, Benidorm, Burriana, Caudiel, Chelva, El Toro, Mutxamel, Petrer, Pina de Montalgrao, la Pobla del Duc, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola, Todolella, Torás, Torrevieja y Villena.
Con la construcción de las 10.000 nuevas viviendas públicas se pretende conseguir bajar los precios de compra y alquiler de las viviendas. La previsión sobre el papel también es lograr un impacto de 7.600 millones de euros de inversión —el 2 % del PIB—, beneficiar a 24.000 personas y lograr la creación de hasta 74.000 empleos.
En esta ardua tarea se ha buscado la colaboración de la Federación valenciana de municipios y provincias (FVMP) con quien se suscribió un convenio marco para «difundir el convenio marco entre las entidades locales que integran la Comunitat Valenciana, a fin de que dichas entidades, en uso de su autonomía, puedan decidir su adhesión al mismo en función de sus necesidades de vivienda». La FVMP, que preside la alcaldesa de Requena Rocío Cortés, también se compromete en este convenio a «coordinar con la Generalitat la celebración de actos sectoriales» y facilitar a los ayuntamientos «la información necesaria sobre las características del suelo necesario para la promoción de viviendas y los requisitos de la cesión a la Entitat valenciana d’Habitatge (EVha)», la empresa pública heredera de la antigua Ivvsa (Instituto valenciano de vivienda) que gestionará la construcción de las viviendas públicas.
De hecho, es a la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda a través de la Evha asumirá la «gestión de los acuerdos de adhesión» de los ayuntamientos; «estudiar, aceptar la cesión y gestionar los suelos de titularidad municipal»; también elaborar «los informes de viabilidad de las actuaciones a realizar en los suelos cedidos por las entidades locales, a través del IVE (Instituto valenciano de la Edificación) u otros organismos»; gestionar los «procedimientos de contratación mediante licitación pública para la construcción de viviendas de protección pública»; además del control y seguimiento de las obras por parte de los adjudicatarios, la concesión de las calificaciones de viviendas de protección oficial o pública (VPO), así como concretar las bases que servirán para adjudicarlas o acceder a ellas. El suelo municipal que los ayuntamientos cedan debe estar clasificado como suelo residencial o compatible con residencial y estar en zonas urbanas consolidadas.
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