PP y Vox esquivan debatir su ley de Concordia en la campaña de las europeas

Los socios del Consell incorporan tres de sus normas y la petición de reprobar a la vicepresidenta Teresa Ribera

El síndic del PP, Miguel Barrachina, junto a la presidenta de las Corts y los letrados, este martes.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, junto a la presidenta de las Corts y los letrados, este martes. / José Cuéllar/Corts

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

Las leyes de educación, À Punt y Agencia Antifraude, sí; la de Concordia, no. PP y Vox han evitado que la norma más polémica de las cinco que han presentado los socios del Consell en las Corts no forme parte del menú parlamentario de la próxima semana, cuando la sesión plenaria coincidirá con la campaña de las elecciones europeas. La junta de síndics de este martes ha decidido incorporar los debates a la totalidad de las leyes de Libertad educativa, la que afecta a À Punt y a la Agencia Antifraude en el próximo pleno (del 29 y 30 de mayo), pero no la ley de Concordia, lo que aleja su debate hasta después de la cita con las urnas el 9 de junio.

El orden del pleno forma parte de decisiones políticas y la sesión de la próxima semana es una muestra. PP y Vox tienen mayoría en la cámara y por tanto, también en la Mesa de las Corts y la junta de síndics, organismos donde se marca qué asuntos forman parte del debate en el hemiciclo. Así, han decidido que no se vaya a debatir la ley de Concordia hasta después de las elecciones del 9 de junio, sino que "muy probablemente" será en el siguiente, que no será hasta el 12 y 13 de junio, aunque no es por falta de tiempo en la sesión.

Las cuestiones legislativas (como son las cinco leyes de PP y Vox) tienen prioridad y en su primera toma en consideración entraron todas a la vez en el pleno, en un debate casi monográfico sobre estas cuestiones. También se convocaron en dos jornadas las cinco comisiones para la participación ciudadana sobre estos proyectos legales. Su tramitación de urgencia además redujo a la mitad los plazos para registrar enmiendas e hizo coincidir los tiempos para presentar las de totalidad y las parciales.

Ahora, sin embargo, esa velocidad y unidad dada por populares y voxistas a las cinco leyes se frena. En el pleno del 29 y 30 de mayo (habrá antes otro este miércoles, pero su orden se marcó cuando no había finalizado el plazo de enmiendas) solo entrarán tres de las cinco leyes a lo que se añadirán otros asuntos como la petición de reprobación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, candidata del PSOE a las europeas, por el tema de l'Albufera.

Es en las justificaciones donde entran las discrepancias y las interpretaciones cruzadas. PP y Vox han negado cualquier influencia del calendario electoral hacia donde ha apuntado la oposición. De hecho, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha calificado el retraso del debate de la ley como una "pequeña victoria" porque evidencia que Carlos Mazón "se avergüenza" de la ley de Concordia y que por eso han evitado que se hable de ella en campaña, algo que han negado los 'populares'. "Estamos muy felices con la ley de Concordia", ha expresado su síndic Miguel Barrachina.

Dar "prioridad"

Barrachina, al igual que su homólogo de Vox, José María Llanos, ha explicado que han tomado la decisión de incluir solo enmiendas a la totalidad a tres leyes en el pleno para dejar espacio a "otras iniciativas" no solo de PP y Vox, "sino también de la oposición", cambiando su forma de proceder anterior. Teresa Ribera, la OPA del BBVA al Banco Sabadell o las ITV entrarán en el debate con las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís a la ley de libertad educativa, la de À Punt y la de Antifraude a las que, han señalado, han querido dar "prioridad" por diversos motivos.

Entre ellos, han expresado que el objetivo es que la norma lingüística esté en vigor para el próximo curso así como no dejar en una situación de incertidumbre a los trabajadores de À Punt con el cambio de ley que se prevé. También influye el proceso de renovación de Antifraude para el que la norma cambia las mayorías para elegir a su director. No obstante, tanto Llanos como Barrachina han señalado que la idea es que las cinco leyes se aprueben antes de que finalice el actual periodo de sesiones el 15 de julio. Las explicaciones no acaban de convencer a la oposición que critican que PP y Vox "utilicen las instituciones" para su interés. En concreto, Muñoz ha lamentado que se vaya a "hacer ensañamiento político y personal" contra Ribera.