Navarra niega el traslado a València a una funcionaria víctima de maltrato

La burocracia impide a una mujer con plaza pública tener "movilidad interadministrativa" con otras autonomías y solo permite su traslado dentro de la comunidad foral de Navarra

El juez le da la razón a la mujer pero lamenta que la legislación navarra le impida salir del territorio para mantener su puesto de trabajo

Documentación presentada por la mujer, que se reconoce "atrapada" en Navarra

Documentación presentada por la mujer, que se reconoce "atrapada" en Navarra / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

Es víctima de maltrato y es el primer papel que muestra del Gobierno de Navarra, que la reconoce como tal desde enero de 2023. Sin embargo, ese mismo gobierno le impide salir de esa misma autonomía. La mujer ha solicitado el traslado a la Comunitat Valenciana, su lugar de origen y el lugar al que quiere regresar para empezar una nueva vida junto a sus hijo, de 12 años, que no para de preguntarle cuándo se van de allí. Pero la mujer es funcionaria del sistema de salud Navarro. Allí consiguió su plaza pública en uno de los tres hospitales que tiene la autonomía. Y allí, en ese territorio, la "obligan" a quedarse ya que el Gobierno de Navarra le ha negado el traslado a la Comunitat Valenciana. Puede trasladarse "dentro" de Navarra, pero no fuera. Y eso, en una autonomía de poco más de 10.000 kilometros cuadrados, para una víctima de violencia machista "es condenarme a mi e impedir que rehaga mi vida".

La siguiente documentación que muestra la mujer es una sentencia del Juzgado contecioso administrativo número 1 de Pamplona donde se reconoce que, aunque la mujer tiene razón en su petición de traslado, la burocracia no lo permite. Y es que Coral (nombre ficticio para preservar su intimidad) denunció en el juzgado que le habían denegado la movilidad interadministrativa y que con ello se incumplía "la resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaria de Estado de Función Pública por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (de la que forma parte el Gobierno de Navarra), por el que se aprueba el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género". Sin embargo, el Gobienro de Navarra afirma en la sentencia que el acuerdo estatal "no tiene caracter vinculante" y que la normativa aplicable es el artículo 35 bis del Decreto Foral Legislativo 251/1993 "sólo está contemplada la movilidad dentro de la Comunidad Foral de Navarra, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género".

La sentencia reconoce que el acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género exige la adecuación de las normas "legales y convencionales, lo cierto es que el Decreto Foral Legislativo no ha efectuado tal adecuación". Es decir, no se han hecho los deberes y Coral se queda en Navarra. Y es que, además, consta en la sentencia que la resolución estatal de 29018 "no tiene valor jurídico" y en consecunecia "no establece plazo alguno de adecuación de las normas a la movilidad de las empleadas públicas ni tampoco sanciones en caso de no cumplir con dicha adaptación".

Por ello, el juez desestima el recurso presentado por la mujer, no sin antes instar al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función pública de Interior "que adopte las medidas necesarias para posibilitar que el legislador navarro estudie una eventual modificación" del estatuto que regula al funcionariado público para que "contemple la movilidad interadministrativa de las empleadas víctimas de violencia de género e impulse las medidas necesarias para posibilitar la misma".

El tercer documento que presenta la mujer es del Defensor del Pueblo Navarro que, de nuevo, le da la razón a la mujer y lamenta que la burocracia la obligue a quedarse en Navarra para mantener su empleo público.

"Ignoran que soy una víctima"

"Hablan mucho de violencia de género y de medidas al respecto pero la realidad es que a mí me obligan a permanecer en una autonomía en la que no quiero estar porque, precisamente, necesito poner tierra de por medio. Y eso es justo lo que no me dejan. Me han dicho que esto debería haberlo tenido en cuenta cuando conseguí mi plaza pública en Navarra, que la comunidad foral es así... No es justo. No voy a exponer ni el maltrato sufrido ni la situación que tengo. Solo pido cordura en este caso y que me permitan trasladarme con mi hijo sin necesidad de perder mi empleo, que es mi manera de ganarme la vida y de mantener a mi hijo. No puede ser que los que legislan no cumplen con su trabajo y las víctimas paguemos por eso", denuncia la mujer.