El Consell aboga por la gestión privada del transporte: "No es obligatorio lo público"

El secretario autonómico Vicente Dómine defiende que Europa prefiere que las empresas particulares participen en la contratación

Anuncia una entidad mixta para la intermodal de Sagunt

Imagen de archivo del tranvía de València.

Imagen de archivo del tranvía de València. / F. López

La Generalitat aboga por la gestión privada del transporte como senda a explorar en los próximos años, según defendió ayer Vicente Dómine Redondo, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes y número dos de la Conselleria que dirige Salomé Pradas. Una apuesta pública explicitada por Dómine Redondo al abrir el V Simposio Nacional sobre buenas prácticas en la contratación pública celebrado ayer en la Universitat Politècnica de València. El encuentro está organizado por la Federación de asociaciones de empresas del conocimiento e ingeniería de España (CIES), Fecoval (Federación de contratistas de obra de la administración de la Comunitat Valenciana), el Colegio y la escuela de ingenieros de caminos y de ingenieros agrónomos, entre otros. 

José Luis Santa Isabel, Vicente Dómine e Ignacio Sánchez de Mora abrieron el V Simposio celebrado ayer en la Politècnica de València.

José Luis Santa Isabel, Vicente Dómine e Ignacio Sánchez de Mora abrieron el V Simposio celebrado ayer en la Politècnica de València. / Levante-EMV

Vicente Dómine defendió la solidez de la actual ley de contratos del sector público, -«aunque todos la hemos maldecido» admitió- pero que ha proporcionado un «marco mejorable pero tremendamente sólido, de filosofía napoleónica, con el que hemos conseguido cosas increíbles: conjugar los intereses y derechos de ciudadanos con la actividad empresarial y disfrutar de sectores punteros en la construcción, la prestación de servicios y la consultoría». 

Aunque avanzado ya el primer cuarto del siglo XXI cabe avanzar, defendió Vicente Dómine, porque las funciones de las administraciones públicas «han cambiado muy seriamente: somos proveedores de serv icio público, pero se ha de conjugar con otras cosas por las que estamos muy preocupados: la gestión del transporte público. Hay que operar las infraestructuras y Europa defiende la operación privada», defendió el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes que fue director general de Transportes desde el 6 de noviembre de 1996 hasta el 7 de julio de 2015. 

Asistentes a la jornada en el edificio Nexus de la Politècnica de València.

Asistentes a la jornada en el edificio Nexus de la Politècnica de València. / Levante-EMV

«Adif se tendrá que arrepentir»

Al respecto Dómine sacó pecho de que la Comunitat Valenciana fue «la primera que transpusimos la directiva europea» que permitía la operación privada del transporte. «En este momento lo acabamos de hacer a través de la contratación pública abierta por el consorcio del servicio de transporte metropolitano [en autobús] por valor de 200 millones». Y también reivindicó que «las contratas de conservación» a través de concesiones públicos a empresas privadas «nació en la Comunitat Valenciana»     

«Hay otros ámbitos en agua y ferrocarriles que no están tan penetrados de este carácter profesionalizado en las infraestructuras», defendió Dómine. Aunque en el ferrocarril autonómico las contratas de señalización y seguridad sí están privatizadas, lo que genera constantes críticas de los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). También se intentó adjudicar la construcción y gestión de la línea a Natzaret, pero la iniciativa no salió adelante.  «Resalto esto porque lo importante es tener servicios infraestructuras y equipamientos. Una buena movilidad y buen entorno ambiental. Pero ese derecho a gozar de esos servicios no está obligado que se preste a través de empresa pública», defendió. Y anunció que la Generalitat va a construir «una gran terminal, efectiva y que cumpla el interés público, a través de sociedades mixtas». Y en la que, al parecer, la empresa pública estatal plantea pegas. «Adif se tendrá que arrepentir», sentenció de forma críptica.

Los consultores piden la mejora de precios y critican la ley de contratos

El V Simposio sobre buenas prácticas en la contratación pública reunió en el edificio Nexus de la Politècnica de València a más de 300 ingenieros, arquitectos, constructores, técnicos de la Administración, expertos jurídicos, interventores y especialistas de la construcción para analizar y plantear mejoras de los pliegos de licitación de obras públicas. 

La jornada, que se prolongó desde las 9 dela mañana hasta pasadas las 18.30 horas, fructificará en un «manifiesto sintético para señalar las cosas que creemos que podría mejorar la contratación pública» además de «una guía de buenas prácticas con criterios de adjudicación que aporten valor y estén vinculados al objeto del contrato», según adelantó Ignacio Sánchez de Mora y Andrés, presidente de CIES (Conocimiento e ingeniería de España), como conclusión de la jornada.

Los contratistas de obra pública también reclaman una mejora del sistema de licitaciones en plazos, actualmente «inviables» y «eternos», y en volumen de documentación requerida, que consideran «excesiva», por parte de las administraciones autonómicas y locales.

Aunque la diana de todas las críticas se la llevó la ley de contratos del sector público. «La peor, inaplicable. El 50% de los municipios no tienen contratos mayores, sólo menores, por imposibilidad técnica de aplicación de la ley. Es la más ineficiente porque provoca que el 25% de los contratos quedan desiertos y que el periodo medio del procedimiento abierto supere los cinco meses», criticó Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de derecho administrativo y consejero de SdP Estudio Legal. Otros temas tratados en conferencias y mesas redondas (que se podrán ver en el vídeo de la jornada que estará disponible) fueron «la problemática de los servicios de ingeniería y arquitectura», «la problemática de las contrataciones desde el punto de vista de la administración local» o las problemáticas de las licitaciones desde la administración o de los pliegos de condiciones.  

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