La Agencia Antifraude ve irregularidades en el PAI de Burjassot investigado en el caso Azud

Es el plan urbanístico en el que Pere Mayor iba a cobrar 12 millones por mediar en la gestión inmobiliaria en la que los terrenos del complejo terciario fracasado se valoraron en 6 millones

El concejal de Urbanismo, el alcalde de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías, el representante de Alcamuga y el empresario Jaime Febrer.

El concejal de Urbanismo, el alcalde de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías, el representante de Alcamuga y el empresario Jaime Febrer. / Levante-EMV

La Agencia Antifraude también ha detectado irregularidades en el programa de actuación integrada (PAI) La Capella de Burjassot impulsado por el empresario investigado en el caso Azud, Jaime Febrer. Se trata de una actuación urbanística anunciada en 2008, junto a la firma Eroski, con una inversión de 330 millones de euros para construir un centro comercial y de negocios que nunca llegó a buen puerto, aunque sí se llegó a firmar un convenio urbanístico con el ayuntamiento de este municipio de l’Horta, que tuvo de alcalde al socialista José Luis Andrés Chavarrías (1987-2011) . 

Se trata también del mismo PAI en el que el empresario, exdirigente del Bloc y exmilitante de Compromís (que abandonó en 2021), Pere Mayor, iba a cobrar 12 millones de euros por la mediación inmobiliaria en la reclasificación de suelo rústico.  

Beneficios de los participantes

La Agencia Valenciana Antifraude señala en el informe pericial realizado a petición del Juzgado de Instrucción 13, que investiga el caso Azud, que «se deduce de la documentación analizada en los tres contratos, la previsión inicial de la operación urbanística suponía para Construcciones Valencia Constitución (CVC, la empresa de Jaime Febrer) un beneficio neto (después de impuestos) de 22.254.400,00 € y unos ingresos de 12 millones de euros para Gamellons 59 (la empresa de Pere Mayor); ello sin perjuicio de los beneficios posteriores que se obtuviesen con la explotación del centro comercial para CVC y Alcamuga (empresa perteneciente al grupo Eroski) y del hipermercado para Alcamuga». 

Una operación urbanística que «motivaría los intereses particulares y privados por agilizar todos los trámites para la consecución de la misma, en los términos planteados por los interesados». El PAILa Capella se programó sobre 62.881,20 m² de superficie bruta de suelo no urbanizable común al oeste de la CV-35, entre un sector de uso comercial y la conexión de la Ronda Norte con la V-30. El plan urbanístico comenzó a tramitarse en 2010 y el 29 de marzo de 2011 se produj la última actuación relacionada con esta iniciativa urbanística, con la adjudicación provisional de la condición de agente urbanizador a la mercantil CVC, del empresario Jaime Febrer. 

La última actuación sobre este plan urbanístico se produjo el 26 de octubre de 2021 cuando el pleno de Burjassot tuvo «por decaída la aprobación provisional del PAILa Capella y la condición de agente urbanizador a favor de CVC» además de «aceptar la renuncia a la condición de agente urbanizador y a todos los derechos derivados de la misma; así como el archivo del expediente de programación del sector».

Antifraude concluye en su informe que «el contenido del convenio» suscrito entre CVC, el Ayuntamiento de Burjassot y la mercantil Alcamuga fue «contrario a la normativa aplicable, puesto que, además de no encontrarse los convenios urbanísticos entre la documentación preparatoria que recoge la norma para la aprobación de planes generales, el convenio sí contradice el planeamiento en vigor (como reglamentación de carácter imperativo), al tiempo que condiciona el ejercicio de las potestades urbanísticas futuras (en concreto la de los planeamientos a tramitar en un futuro)».

De hecho, para poder aprobarlo debía haberse revisado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burjassot de 1990, aunque se intentó hacer a través de un plan parcial modificativo que denegó la comisión territorial de urbanismo de València.

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