El Consell ofrece una reforma ‘blanda’ de la financiación ampliando los fondos

La Generalitat asume que "no hay opción" de pacto político entre territorios si los ahora beneficiados pierden ingresos con la reforma

Reclama al Gobierno aportar 3.000 millones a la caja común "para que nadie pierda" y una vez reducidas las diferencias, abordar los cambios en los criterios de reparto

Merino y la delegación valenciana, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Merino y la delegación valenciana, antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera / Levante-EMV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Si el Estado no aporta más recursos a la caja común del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) no hay posibilidad de que se alcance un acuerdo político entre territorios para modificar el actual modelo de reparto, caducado desde hace una década. Es la teoría que se extiende en la Conselleria de Hacienda y que se defendió esta semana ante el resto de administraciones autonómicas en un acto organizado por la Airef, la autoridad fiscal independiente, al que asistió el secretario autonómico de financiación, Eusebio Monzó.

Ante el escenario actual de bloqueo y teniendo en cuenta las abismales diferencias entre territorios, que desincentivan el interés de los beneficiados en reformar el sistema, el comité de expertos en la materia de la Comunitat Valenciana planteó hace pocos meses una vía intermedia, más pragmática, para achicar primero esas diferencias entre autonomías con un fondo de nivelación transitorio. 

Luego, una vez ya reducidas, afrontar el debate de la reforma global y sus criterios de ponderación, el verdadero nudo gordiano. De esta forma se ampliarían los recursos de los que disponen las autonomías peor financiadas, como la valenciana, mientras que las que se sitúan por encima de la media no verían reducidos sus ingresos. Esto se entiende que ayudaría a acercar posturas para la reforma, difuminando la línea entre vencedores y vencidos.

Aprovechar el ciclo económico

A esa línea posibilista se ha sumado la Generalitat, que parece asumir que si no se hace más grande el pastel para que ninguna comunidad autónoma salga perdiendo respecto al statu quo actual, no hay opción de pacto entre territorios —ahora en su gran mayoría gobernados por el PP—. Y ahora, señalan desde la Conselleria de Hacienda, hay dinero para ampliar ese pastel. En concreto, un 45 % más que en 2014, con la crisis financiera todavía galopando y cuando debió ser reformado el modelo. 

Tras un ciclo económico favorable, el SFA cuenta actualmente con más de 142.000 millones de euros a repartir entre las comunidades, cuando hace una década eran apenas 98.000 millones. Así, la propuesta que plantea la conselleria pasa por aplicar ya ese fondo de nivelación temporal en los términos que diseñó el comité de expertos, de forma progesiva y durante los próximos cuatro años.

En ese tiempo, la Generalitat y las otras tres perjudicadas (Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha) recibirían una inyección de 24.400 millones de euros que les permitiría converger con la media estatal y sufragar los servicios fundamentales que presta. En el caso valenciano, este 2024 se recibirían 1.183 millones; en 2025, 1.746 millones; en 2026, 2.002 millones y en 2027, 2.196 millones. De media, 1.782 millones adicionales durante cuatro años.

Que se priorice el parche del fondo de nivelación, remarcan desde la conselleria de Ruth Merino, no quiere decir que el Consell dé por bueno el actual modelo. De hecho, las fuentes consultadas remarcan que la Generalitat sigue abogando por revisar los actuales criterios de reparto. 

"Que nadie pierda"

Pero insisten en que para que haya posibilidad real de pacto político hay que acercar posturas «sin que nadie pierda». Una especie de reforma «blanda», dicen. En realidad no sería una reforma porque el mecanismo seguiría inalterado, pero se solucionaría el problema de los ingresos y se reducirían las distancias entre actores.

La delegación valenciana elevó otra petición en la que ha venido incidiendo el Consell para mitigar la infrafinanciación: el déficit asimétrico. Para Monzó, una regla de gasto homogénea en el actual contexto de desigualdades que genera el SFA «conduce a la conclusión de que los ciudadanos de una comunidad infrafinanciada, como la valenciana, deben resignarse a recibir los servicios de menor calidad, incluso a pesar de realizar un mayor esfuerzo fiscal».

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