El fondo de cooperación municipal beneficiará a las grandes ciudades

Las sentencias judiciales, tras los recursos del PP, obligan ahora a la Generalitat a aplicar el mismo criterio que el fondo estatal, que prioriza el peso poblacional

El Consell presupuestó 50 millones para las 3 provincias en 2024, y la diputación de Valencia, 60, pero hasta ahora no ha llegado ni un euro a los municipios

Vicente Mompó, Carlos Mazón, Marta Barrachina y Toni Pérez, en la firma de un convenio.

Vicente Mompó, Carlos Mazón, Marta Barrachina y Toni Pérez, en la firma de un convenio. / Levante-EMV

El Fondo de Cooperación Municipal, la partida que la Generalitat envía a los ayuntamientos para que lo destinen a los gastos e inversiones que consideren oportuno, va a sufrir cambios. Tras los recursos judiciales que planteó el PP la pasada legislatura, ahora llegan las sentencias, y el nuevo Consell se ve abocado a cambiar los criterios de reparto. El resultado, posiblemente, va a generar polémica. Según ha sabido este diario, la nueva política de distribución va a perjudicar a los municipios más pequeños en detrimento de los grandes, justo al contrario del modelo que se venía aplicando.

Cabe recordar que el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat fue una de las principales medidas del anterior Consell en el ámbito local. El Botànic lo aprobó en aplicación de un mandato estatutario (art. 64), para garantizar la autonomía municipal, y se diseñó como un ‘fondo espejo’, es decir, la Generalitat fijaba una cantidad a repartir en cada provincia y las diputaciones debían complementarlo aportando, al menos, la misma cantidad. (Para 2024, la Generalitat tiene presupuestados 50 millones para las 3 provincias, aunque aún no se ha liberado este dinero.)

Los criterios de reparto quedaban fijados en el artículo 7 del decreto: una cantidad fija para cada municipio; y el resto distribuido en función del número de habitantes, pero aplicando unos coeficientes correctores según diferentes tramos, dando mayor puntuación conforme más pequeño es el municipio. La idea era que cada ayuntamiento tuviera un importe mínimo anual, y lo aplicara, sin explicaciones ni autorizaciones, a aquello que decidiera (autonomía municipal) según sus necesidades o intereses.

Desde su aprobación, la Diputación de Alicante, entonces con Carlos Mazón de presidente, plantó batalla contra este instrumento de financiación local. No así las de Valencia y Castellón, que lo aplicaron. La de Valencia, incluso, ampliaba los fondos más allá de lo que estaba obligada. El hoy jefe del Consell argumentaba que se vulneraba la autonomía financiera de las diputaciones para decidir en qué y cómo se destinaban sus recursos, además de cuestionar el modelo del reparto. Hubo negociaciones entre Presidència, en tiempos de Ximo Puig, y la diputación alicantina. En cualquier caso, el asunto se judicializó.

“La Generalitat no nos ha dejado otro remedio al insistir en la vía de la imposición y vulnerar la autonomía local y provincial. La Diputación tiene su propio fondo, que dobla en cantidad al que propone la Generalitat y además es mucho más beneficiosa para los pequeños municipios, pero desde el Consell han evitado el diálogo y la coordinación imponiendo una ley para que se haga lo que ellos quieren sin consenso”, justificó Mazón en 2022, cuando el PP llevó al Constitucional esta ley. Tras aquellos recursos, en los últimos tiempos han ido llegando las sentencias, primero del Constitucional y en abril pasado del TSJ, que no cuestionan la existencia del Fondo, pero sí anulan el artículo que establece la distribución del dinero. Así que ahora toca cambiar el métido de reparto.

En busca de la fórmula

Es ahí donde aparece el punto conflictivo. Ahí está encallado el fondo, ahora mismo. Los tribunales concluyen que estos recursos económicos se deben repartir “con los mismos criterios que el fondo estatal”, tal como reza textualmente el Estatut de 1982. Esos criterios de los que no debería salirse son los que marca la participación en los ingresos del estado (PIE). En ese contexto, desde la Generalitat apuntan que se sigue estudiando “la mejor forma de estructurar el fondo”. En las últimas semanas, sin embargo, se han producido varias reuniones entre la Generalitat, las diputaciones y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para abordar esta cuestión. Y, según ha sabido este diario, ya existe una aproximación de cómo se distribuirán los recursos: un 75% en función de la población, un 12,5% en función del esfuerzo fiscal y otro 12,5% en función de la capacidad de recaudación. Y la realidad es que, aterrizando estos criterios a la realidad de la provincia de Valencia, los más pequeños salen perjudicados.

La diputación mueve ficha

Existe inquietud. Porque a fecha de junio aún no ha llegado ni un euro a los municipios. Ni del Consell ni de la diputación. Ante el conflicto judicial, la Diputación de Valencia decidió no liberar su parte del fondo, ya que la iniciativa del diseño corresponde al Consell. La corporación prefirió esperar a que se despejaran las dudas. Sin embargo, han ido pasando los meses, la oposición reprocha la “inacción” del ejecutivo provincial y se intensifican las llamadas de los alcaldes y alcaldesas, que presupuestaron unos ingresos que no llegan. Durante todos estos meses de 'impasse', el nuevo Consell de Mazón también cambió la ley para que la participación de las diputaciones sea voluntaria y no obligatoria. No obstante, el equipo de gobierno de Vicent Mompó (PP y Ens Uneix) no solo no pone reparos a la existencia del fondo sino que ha ampliado en el último pleno el montante que va a destinar: de los 40 millones presupuestados hasta los 60, veinte millones más. Y parece que se han cansado de esperar. Este lunes, la diputación ha convocado a los medios y anuncia "novedades" en el Fondo de Cooperación Municipal.

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