La diputación reparte 44 millones priorizando a los municipios más pequeños

Mompó mantiene los criterios de reparto del anterior equipo de gobierno para el Fondo de Cooperación tras las sentencias que obligan al Consell a replantar este instrumento

PP y Ens Uneix destinan el grueso a los pueblos de menos de 50.000 habitantes para evitar primar a las grandes ciudades

Enguix, Mompó y Sáez, en la diputación.

Enguix, Mompó y Sáez, en la diputación. / Loyola Pérez de Villegas

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

La Diputación de Valencia ha anunciado esta mañana que, tras seis meses de incógnitas, el pleno de este martes va a aprobar los criterios de reparto del Fondo de Cooperación Municipal para empezar a liberar este mismo mes 44 millones de euros en dirección a los ayuntamientos. Una inyección de liquidez muy esperada por los alcaldes y alcaldesas, que llevaban medio año sin noticias de este fondo.

La Diputación ha decidido mover ficha sin esperar a que Presidència de la Generalitat establezca los nuevos criterios de reparto tras las sentencias que, en los últimos meses, obligan a modificar la distribución para ajustarse al modelo de reparto estatal, un modelo que inevitablemente beneficiará a los grandes municipios, tal como contaba Levante-EMV en su edición de este domingo.

La novedad es que prácticamente no hay novedad: el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix repartirá el dinero siguiendo los criterios que la diputación de Valencia aplicaba la anterior legislatura. Se han creado dos tramos (eso sí que es nuevo). Uno para las cinco ciudades de más de 50.000 habitantes: Valencia, Torrent, Gandia, Sagunt y Paterna, que solo recibirán 4 millones de euros en total. Un fijo de 400.000 euros cada uno y el resto aplicando el peso poblacional.

Sempere, 800 veces más que Valencia

El grueso del fondo, 40 millones de euros, se lo llevan las ciudades de menos de 50.000 habitantes: un fijo para todas en función de su tramo de población, y el resto aplicando coeficientes correctores de modo que, a más pequeño el municipio, mayor cantidad. A modo de ejemplo, Sempere, el pueblo más pequeño, va a recibir 1.647 euros por habitante; mientras que en la capital, serán 2,29 euros por habitante.

Bajadas de impuestos

Según parece, en estas semanas de diseño del reparto ha habido debate sobre qué hacer con las grandes ciudades, cuyas condiciones son mucho más favorables que las de los municipios pequeños, necesitados de inyección de liquidez, y que además, en algunos casos como Valencia, aplican una política de bajada de impuestos. Uno de los criterios que se tienen en cuentan en otros modelos de reparto es, precisamente, premiar el esfuerzo fiscal. Finalmente se ha llegado a este acuerdo.

Así lo han explicado en una comparecencia ante los medios el presidente Vicent Mompó, la vicepresidenta primera Natàlia Enguix y la diputada de Hacienda Laura Sáez. La propia convocatoria ya daba cuenta de la importancia que el equipo de gobierno (incluido Ens Uneix, aunque este fondo no es de su estricta competencia) daba a un tema que ha generado inquietud, por el retraso en poder liberar el dinero y las tensiones económicas que estaba generando en muchos ayuntamientos de las comarcas valencianas.

Una batalla política entre Mazón y el Botànic

Para entender este asunto hay que entender el contexto. El Fondo de Cooperación Municipal es una iniciativa de la Generalitat, en concreto, del anterior Consell. El Botànic lo aprobó en 2017 en aplicación de un mandato estatutario (art. 64), para garantizar la autonomía municipal, y se diseñó como un ‘fondo espejo’, es decir, la Generalitat fijaba una cantidad a repartir en cada provincia y las diputaciones debían complementarlo aportando, al menos, la misma cantidad. Estaban obligadas. Para 2024, la Generalitat tiene presupuestados 50 millones para las 3 provincias, aunque aún no se ha liberado este dinero.

La idea era que cada ayuntamiento tuviera un importe mínimo anual, y lo aplicara, sin explicaciones ni autorizaciones, a aquello que decidiera (autonomía municipal) según sus necesidades o intereses.

Sin embargo, ese fondo ha terminado encallado por la guerra judicial. Desde su aprobación, la Diputación de Alicante, entonces con Carlos Mazón de presidente, plantó batalla contra este instrumento de financiación local. No así las de Valencia y Castellón, que lo aplicaron. La de Valencia, incluso, ampliaba los fondos más allá de lo que estaba obligada. El hoy jefe del Consell argumentaba que se vulneraba la autonomía financiera de las diputaciones para decidir en qué y cómo se destinaban sus recursos, además de cuestionar el modelo del reparto. Hubo negociaciones entre Presidència, en tiempos de Ximo Puig, y la diputación alicantina. En cualquier caso, el asunto se judicializó.

Ahora, los tribunales (el Constitucional y el TSJ valenciano) han sentenciado que el fondo es legal, pero no así los criterios de reparto que aplicaba el Botànic, que deben ajustarse a la distribución que hace el Estado, de manera que las grandes ciudades se verán más beneficiadas.

Todo esto ha provocado que, desde que comenzó este 2024, no se supiera qué iba a ocurrir con el reparto. La Diputación de Valencia, que había presupuestado 40 millones, y luego lo amplió a 60, estaba esperando los criterios de la Generalitat, para ajustarse en la medida de lo posible. Sin embargo, finalmente ha decidido repartir el dinero por su cuenta, aplicando sus propios criterios, que por otro lado son los que venían aplicándose.

La diputación mueve ficha

“Estábamos a la espera de las sentencias de TC y el TSJ y lo hacemos pensando lo correcto por prudencia, para ajustarnos a la legalidad. Es el momento de mover ficha porque los ayuntamientos están esperando”, ha señalado Vicent Mompó. La vía de escape que tiene la diputación para aprobar el fondo con sus propios criterios es que la Generalitat, ya con Mazón, eliminó la obligatoriedad de sumarse para las diputaciones, es decir, que no tienen que aportar la misma cantidad (el fondo espejo). Además, los criterios que las sentencias marcan para la Generalitat no obligan a las diputaciones, solo a la Generalitat. De momento, a partir de esta semana se comienzan a liberar los primeros 44 millones. Mompó ha señalado que para después del verano se dejan otros 16 millones.