Día mundial de las personas refugiadas: "Ya hay solicitantes de asilo de primera y de segunda, y es intolerable"
Las solicitudes de protección internacional crecen en las tres provincias y suman 8.041 en la Comunitat Valenciana
CEAR lamenta que España esté la cola de resoluciones favorables y solo admita una de cada diez

Los rostros de las cifras del informe de CEAR. / Levante-EMV

Luz Adriana González huyó de Colombia con su pareja, Alejandra Ospena, cuando su exmarido se llevó a su hija y le quitó lo que más quería y lo único que la mantenía atada a Colombia. "No contamos con ayuda policial, ni judicial, ni familiar. Me quitaron a mi hija por mi orientación sexual y aunque aquí parezca imposible allí nos matan (a las mujeres) y no pasa nada. Las mujeres allí no somos nada, ni tenemos derechos", explica la mujer.

Luz Adriana González y Alejandra Ospena. / Levante-EMV
Ayoub Ibrahim Alnour es de Sudán, un país que estalló en una cruenta guerra civil hace un año. El joven estaba estudiando en València y ahora no puede regresar a su país. La etnia a la que pertenece implica, ahora, una muerte segura en Sudán. "La situación allí es terrible", asegura.
Amjad Yaghi tiene 32 años y nació en la ciudad de Gaza. En 2021 tras uno de los bombardeos decidió huir a Egipto y de allí, a Turquía donde solicitó dos veces un visado que le negaron. Para llegar hasta España atravesó cinco países más (Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia). Es periodista y explica "lo complicado que es comenzar de cero".
Los cuatro son solicitantes de asilo en València y son el rostro de las cifras que conforman el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que se ha presentado esta mañana en el Día Mundial de las Personas Refugiadas. El informe muestra, de nuevo, cifras históricas: De las 163.220 solicitudes de protección internacional presentadas en España, la valenciana fue la sexta comunidad con mayor número de solicitudes con 8.041, por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia, aumentó más de un 10% respecto al año anterior.

Amjad Yaghi, periodista de Gaza. / Levante-EMV
Por provincias, València con 4.606 es la sexta de España en número de solicitudes, aumentando un 7%. Aumentan las solicitudes de asilo en Alicante y Castellón en un 10, 5 y 22,2%, situando la cifra en 1.707 y 1.729 respectivamente.
Con respecto a la situación en Gaza, CEAR recuerda que hasta la fecha más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente.
Sin embargo, el portavoz jurídico de la entidad, Jaume Durà, afirma que, lamentablemente, "ya hay solicitantes de asilo de primera y de segunda, lo que es intolerable. ¿Por qué hay países con facilidades como Ucrania o Venezuela y otros olvidados, como Sudán? Y encima, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha venido para empeorar, aún más, unas cifras ya de por sí preocupantes".

Ayoub Ibrahim Alnour, en la presentación del informe. / Levante-EMV
Respuesta ante la emergencia de Canarias
El 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39 910 personas). Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006. En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal. Además, destaca la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que el sistema de protección de las islas no está preparado, según el informe de CEAR. En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores.
La organización destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida y se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. “España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, destaca Mercedes Ena, Coordinadora de CEAR Valencia.
Además, denuncia que en términos de acogida la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania.
Un Pacto devastador para el derecho de asilo
En su informe CEAR también analiza las consecuencias devastadoras que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.
Sin embargo, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección.
Continúan los retrasos crónicos con las citas de asilo
Durante 2023, persistieron los problemas crónicos con las citas previas para solicitar asilo, lo que siguió alimentando un mercado irregular de compraventa de citas. Esta situación provocó que miles de personas estuvieran en una situación de total desprotección y en un limbo legal durante periodos de hasta nueve meses, según recoge CEAR en su informe.
Además, la organización destaca las condiciones de hacinamiento e insalubridad que sufrieron cientos de personas en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales de año, que se prolongaron hasta principios del actual, ante el aumento de llegadas de personas procedentes de Senegal y Kenia.
Por último, el informe dedica un capítulo a las enormes dificultades para que las personas migrantes y refugiadas accedan a derechos básicos en España, como la vivienda, el empleo, la salud o cuentas bancarias, entre otras. Una situación que se agrava por el auge de la discriminación racial.
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