El TSJ abre la puerta del teletrabajo por conciliación a los funcionarios de la Generalitat

El alto tribunal avala que una empleada del Ivace con hijos menores de 12 años trabaje a distancia pese a la negativa de la dirección

La sentencia supone una vía de acceso firme al teletrabajo para el personal laboral de los entes públicos, unas 8.000 personas, con hijos pequeños o personas dependientes a cargo, pero también a los más de 180.000 funcionarios autonómicos en virtud de una directiva europea

Oficinas de la Ciudad Administrativa del Nou d’Octubre, vacías por el teletrabajo en pandemia.

Oficinas de la Ciudad Administrativa del Nou d’Octubre, vacías por el teletrabajo en pandemia. / F. Bustamante

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso de una persona empleada del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que reclamaba al organismo público seguir teletrabajando en las mismas condiciones que durante la pandemia de la covid, una petición que le fue denegada por la dirección del ente, dependiente de la Conselleria de Innovación, Comercio, Industria y Turismo de Nuria Montes.

En una sentencia fechada el 4 de junio, la sala de lo Social del alto tribunal autonómico da la razón a la demandante, con dos hijos menores de 12 años, y certifica su derecho a adaptar la jornada a esta modalidad laboral “con el fin de hacer efectivo su derecho a conciliar la vida familiar y laboral”.

La sentencia allana el camino a que los cerca de 8.000 empleados de estos entes públicos con necesidades de conciliación (con hijos hasta 12 años de edad o con personas dependientes a cargo) puedan reclamar también su derecho a trabajar a distancia. Asimismo, desde UGT, sindicato que ha ganado la demanda, alertan de que el fallo del TSJ abre la vía del teletrabajo a todos los funcionarios de la Generalitat, más de 180.000 personas.

En el recurso ganado se denuncia como infringido el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoge que “las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

La UE, vía de acceso a todos los funcionarios

La apelación al Estatuto de los Trabajadores, que no aplica a los empleados públicos sino solo al personal laboral (que sí tiene un contrato de trabajo con la Administración), podría complicar que esta sentencia alcance también a toda esa bolsa de funcionarios con necesidades de conciliación. Sin embargo, los servicios jurídicos de UGT apelan a la directiva europea 99, "que establece que no debe existir discriminación entre las condiciones laborales del personal laboral y funcionario", señalan desde el sindicato. Además, el sindicato considera que "por la propia vía de la negociación se puede instar a la Generalitat y al Gobierno central a que adapte la normativa específica del Estatuto del Empleado Público".

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Oficinas de la Ciudad Administrativa del Nou d’Octubre, vacías por el teletrabajo en pandemia. / F. Bustamante

La central ugetista, que adelanta al menos otros ocho recursos de empleados públicos en situación similar al amparo de este fallo del TSJ, celebra la "positiva sentencia" porque "introduce una nueva fórmula de conciliación para el personal laboral" y "además, abre la puerta al personal funcionario" en virtud de esa norma europea. El sindicato considera "lamentable" que estos trabajadores tengan que acudir a los tribunales para conseguir una modalidad que, dicen, "está recogida en la propia norma" y denuncian de nuevo la "falta de negociación" y los "recortes" del Consell al teletrabajo.

La conciliación, un "derecho constitucional"

En una estrategia novedosa tras varios fallos contrarios, la parte recurrente centró la reclamación no en el derecho a teletrabajar sino en ese “derecho a ajustar la jornada laboral con fines de conciliación” recogido en el Estatuto de los Trabajadores, algo que la sala de lo Social considera un “derecho con impacto constitucional según la doctrina jurídica” por los hijos menores a cargo que tiene la persona trabajadora que demanda al Ivace.

Otra clave de la sentencia es la falta de negociación por parte de la empresa. Según fundamenta el TSJ, “no consta” que el Ivace “haya abierto un proceso de negociación con la demandante ante su solicitud de adaptación de jornada”. Asimismo, concluye que “tampoco ha planteado una propuesta alternativa (…) ni ha aducido razones objetivas para denegar la adaptación de la jornada laboral a través del trabajo a distancia”. El ET dicta que sin regulación expresa, la empresa debe abrir una negociación en un máximo de 15 días tras el fin del plan previo.

Teletrabajo en las mismas condiciones

Así, el tribunal entiende que el organismo público “se ha limitado a indicar que no es bastante que la trabajadora tenga a su cuidado a dos hijos menores de 12 años para que surja el derecho solicitado”, algo que la sala considera “contrario a lo establecido” en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, falla a favor de la empleada del ente público y declara el derecho de esta “a disfrutar de la adaptación de la jornada laboral a través del teletrabajo tal y como venía haciendo hasta el 15-10-2023, con el fin de hacer efectivo su derecho a conciliar”. Fue en esa fecha cuando decayó el plan de teletrabajo del Ivace, que no fue renovado por el organismo, según constata la sentencia.

Cabe recordar que el decreto que regulaba esta modalidad, aprobado por la exconsellera de Justicia del Botànic, Gabriela Bravo, dejaba en manos de la empresa o la conselleria de turno la implantación de los planes de trabajo a distancia. Los sindicatos han venido denunciando que esa voluntariedad producía problemas de "arbitrariedad" y generaba agravios comparativos entre empleados públicos, también con el Consell anterior.

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