Crisis migratoria

El Consell condiciona la acogida de 23 inmigrantes menores a una mejor financiación del Gobierno

Susana Camarero asegura que no "pondrá en peligro el bienestar" de los menores ya tutelados “en función de los que tienen que venir”.

“No los voy a hacinar”, asegura la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales e Igualdad

Susana Camarero, este miércoles en la rueda de prensa para explicar el acogimiento de menores inmigrantes

Susana Camarero, este miércoles en la rueda de prensa para explicar el acogimiento de menores inmigrantes / M.C.

Mónica Ros

Mónica Ros

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, asegura que la reunión de esta tarde en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife no abordará el "reparto” de los 3.000 menores migrantes que esperan solos un traslado a la península sino que se trata de debatir “los cupos que se pactaron en el año 2022”. Y a la Comunitat Valenciana le corresponden 23 menores extranjeros no acompañados.

Ahora bien, Camarero no ha querido ni negar ni confirmar si la Comunitat Valenciana acogerá (o no) a estos menores ya que en todo momento condicionó esa realidad a la financiación del Gobierno central, al que criticó “por hacer política de esta tema” y por tratar “a los menores como mercancía”.

Camarero en la rueda de prensa de este miércoles para tratar el acogimiento de menores inmigrantes

Camarero en la rueda de prensa de este miércoles para tratar el acogimiento de menores inmigrantes / M.R.

En lo que sí ha sido clara la vicepresidencia es en la cifra de lo que el Consell le reclama al Gobierno de España por los 80 menores que llegaron a la Comunitat Valenciana el año pasado como si fueran mayores de edad (es decir, sin respaldo económico estatal para darles cobertura y acogida) y que supondrán 7 millones de euros cuando finalice el año.

Unos 170 euros al día por menor

“El Gobierno calcula una media de 170 euros al día por cada menor migrante en acogida pero la realidad es que el coste es de 200 euros. Si a ese desfase le suman que no se ha recibido nada por las 80 personas que llegaron a esta autonomía como mayores de edad pero que, en realidad son menores (que por supuesto hemos acogido), la cuantía aumenta. Solo el coste de esas 80 personas que resultaron ser menores de edad asciende en la actualidad a 3,7 millones. Hemos habilitado partida presupuestaria, un albergue, más plazas por la vía de urgencia y recursos porque los menores necesitan personal e instalaciones para atenderlos de la mejor manera posible, pero no voy a condicionar el bienestar de los menores que tengo bajo tutela por lo que están por llegar. No pienso hacinarlos", insistía Camarero.

"Ya somos solidarios"

Camarero ha criticado la manera de actuar de un Gobierno central "que trata a los menores como mercancía", que ha "filtrado información a los medios antes que a los gobiernos autonómicos" y que "antes de rendir cuentas de lo que están haciendo ellos, que son los responsables de la política migratoria, giran la mirada para acusar de insolidarias a las autonomías que ya estamos acogiendo a menores". "Nosotros ya somos solidarios. Ya hemos sido solidarios y podemos serlo aún más, pero no a costa del bienestar de los menores que ya tenemos aquí en acogida. Los extranjeros y los que no lo son. Este es un problema de crisis migratoria y debe responder el Gobierno, pero en lugar de dar respuesta nos tilda de insolidarias a las autonomías gobernadas por el PP que, además, ya acogemos y hemos acogido. De hecho estamos ya por encima del 150 % más de ocupación (en concreto estamos en el 170 %)”, ha explicado Camarero.

La vicepresidenta ha asegurado que en la reunión de esta tarde se limitará a "escuchar lo que nos tiene que decir" sobre un texto modificado de la ley que conocimos ayer a las 18 horas". Eso sí, ha adelantado que la propuesta "no viene acompañada de una memoria económica" y que el Consell no aceptará "una reforma que quite competencias a las autonomías" porque "lo que pretenden es desglosar la ley de Infancia para gestionar y decidir sobre los menores extranjeros no acompañados".

La reforma plantea modificar el artículo 35 de la norma para establecer que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén por encima 150 % de su capacidad, los menores se deriven a otras regiones del país en función de criterios acordados en 2022 con las comunidades autónomas, como el PIB o la población.

El foco, para los ayuntamientos socialistas

Sin embargo, Camarero ha asegurado que en la reunión de esta tarde le exigirá al Gobierno que explique "su hoja de ruta con la política migratoria, qué está haciendo para frenar esta catástrofe (con más de 6.000 personas muertas en la ruta Canaria, 300 de ellos, menores) o qué trabajos se han llevado a cabo para la reagrupación familiar de estos menores que llegan porque, con quien mejor estarán, seguro, es con sus familias". "Primero deben responder a todo esto y luego, poner el foco en las autonomías", ha asegurado.

Por último, Camarero ha decidido lanzar una propuesta a los municipios valencianos, principalmente, a los gobernados por los socialistas. "Ya que el Gobierno de Pedro Sánchez habla de solidaridad, invito a los alcaldes a que me indiquen qué instalaciones tienen disponibles para acoger a los menores migrantes que están por llegar. Porque no solo hablamos de Canarias. Esta es una autonomía a la que también llegan pateras y menores no acompañados de otras autonomías".