La jueza del caso Azud avisa a los investigados que la supresión de una funcionaria ralentiza la causa

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de València que investiga el caso Azud ha dictado una providencia, notificada ayer a las partes, en la que advierte que la supresión de una funcionaria en funciones de auxilio judicial por parte de la Conselleria de Justicia provocará "un retardo en los traslados a las partes".

Como ya contó Levante-EMV en su edición del pasado 2 de julio, la Conselleria de Justicia rescindió el contrato de la funcionaria en funciones de auxilio judicial en el Juzgado de Instrucción 13. Una supresión que se produjo a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió, tras realizar una inspección al Juzgado de Instrucción 13, recomendar a la Conselleria de Justicia que mantenga los refuerzos de cuatro funcionarias interinas (una gestora, dos tramitadoras y un auxilio judicial) destinados a la gestión diaria del caso Azud. Además de recomendar que una jueza o juez se haga cargo del trabajo ordinario del juzgado para permitir a la titular del Juzgado de Instrucción 13 que se dedique en exclusiva a instruir la macrocausa de corrupción.

La magistrada de Instrucción 13 señala en su providencia que "suprimida la plaza de auxilio judicial y no pudiendo asumir la sobrecarga de trabajo la funcionaria de auxilio judicial titular del trabajo, hágase saber a las perrtes personadas en el presente procedimiento que, hasta que no se dé solución a la situación creada, se producirá un retardo en los traslados a las partes" como se venía produciendo hasta ahora. No obstante, la magistrada señala que "dicho traslado se efecturá "a lso procuradores y al Ministerio Fiscal dejando a las actuaciones a su disposición en la secretaría de este juzgado para su fotocopia, al no poder efectuarse el escaneo de la causa y traslado digital, como se ha venido efectuando hasta el momento".

La reducción de pesonal también producirá, según advierte la magistrada, "retrasos en la organización material de correos, escritos, foliado de las actuaciones, carpetas informáticas con los documentos presentados, confección informática de los documentos a los que se han incorporar las diferentes piezas de recursos de apelación y los documentos de interés de las resoluciones dictadas, así como informes y particulares de partes, que clasificaba la funcionaria de auxilio".

La macrocausa de corrupción del caso Azud ya supera los 100 tomos, los 20.000 folios y los 400 informes de la Fiscalía Anticorrupción. En total se investiga a un total de 52 personas y se ha archivado la instrucción para otras 14. Entre los investigados están el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá; el vicealcalde de València, Alfonso Grau, condenado por cohecho con un contratista del Ayuntamiento de València y en una pieza separada del caso Taula por malversación al destinar dinero público presuntamente a pagar las campañas electorales municipales de 2007 y 2011 de Rita Barberá.

En la causa también se investiga al exportavoz del PSPV, Rafael Rubio y el responsable de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004, José María Cataluña por el presunto cobro de mordidas. En la causa también se investiga la presunta financiación ilegal de gastos electorales en 2007 y 2008 del PP y del PSPV.

La sección tercera de la Audiencia de València también notificó ayer la resolución que rechaza el recurso de la defensa de Rafael Rubio, a la que se sumaron otros acusados, contra la prórroga del secreto del sumario de parte de la causa del caso Azud. La Audiencia avala la decisión de la jueza de prorrogar el secreto el pasado mes de julio. Pero conmina a la magistrada a "adoptar aquellas medidas que sean necesarias y precisas, para el buen fin de la investigación, especialmente de la parte que se encuentra secreta, debiendo tomar las medidas adecuadas para que esta instrucción no se dilate o demore más en el tiempo y se lleven a efecto las diligencias pertinentes relativas al secreto de las actuaciones, con plena efectividad lo antes posible, para el buen fin de la instrucción", según el auto notificado a las partes, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

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