El sindicato de justicia STAJ denuncia el caos del sistema de gestión Just@

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia el caos que provoca la implantación del nuevo programa informático de gestión procesal Just@ implantado en Castelló desde hace un año y en el partido judicial de Elx desde marzo. En teoría, el programa informático llamada a sustituir al Cicerone viene a «dar respuesta a los principios básicos de agilidad, eficacia, racionalización del trabajo, responsabilidad para la gestión y cooperación entre administraciones». 

Pero la realidad que denuncia el STAJa la dirección general de Justicia desde el pasado mes de abril es que el programa informático de gestión procesal JUST@ ocasiona «numerosos problemas que, de manera indirecta perjudica a los usuarios del servicio de la Administración de Justicia». Desde el STAJ relatan que en todos los juzgados en los que se ha instalado «tienen que trabajar en modo dual, con el nuevo sistema Just@ en una pantalla y con el antiguo Cicerone en otra, dado que muchos datos no se han migrado al maravilloso y fantástico programa denominado JUST@ CV» . 

Un cambio que se ha intentado unificar modelos de los tipos de escritos que se dictan en un juzgado como diligencias de ordenación, providencias o autos pero «se está copiando el modelo anterior y eso retrasa, retrasa mucho. Los modelos no se encuentran fácilmente o no van. No están bien perfeccionados», explican a Levante-EMV fuentes del STAJ. Incluso «ha habido entidades a las que no se ha podido notificar desde el sistema y se ha tenido que volver a la carta». 

Sistema «poco ágil»

«El sistema no es ágil. Se para y parece que no está pensado para grandes juzgados como los de València». O para jurisdicciones más complejas como las de Penal, advierten desde el STAJ. De hecho, el Just@ ha comenzado a implantarse en la jurisdicción social y la contencioso-administrativa . 

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia también lamenta que las prácticas de formación a los funcionarios en el programa Just@ también «son muy cortas». En algunos casos por videoconferencia. «Y las dudas o incidencias no las resuelven los formadores sino que se derivan a un departamento que tarda un montón en reponder». 

La problemática también la confirma a Levante-EMV el secretario coordinador provincial de los Letrados de la Administración de Justicia, Fernando Carceller, aunque enmarca estos problemas iniciales en este tipo de procesos «cuando pasas a un programa nuevo, siempre se requieren ajustes. Funcionar, funciona, pero va a costar y requerirá de implantación». El coordinador provincial de los LAJ señala que con el nuevo sistema de gestión procesal se persigue que «todos los sistemas de gestión procesal funcionen igual y sean interoperables. Y que las estadísticas se hagan solas». Carceller señala, además, que en 2025 «todos los órganos judiciales deben tener el expediente judicial activo». 

También apremia en la implantación del Just@ la recepción de ayudas europeas, lo que marca una fecha límite para realizar la inversión.

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