La Abogacía advierte de la caducidad de los PAI retrasados en el litoral

La Abogacía de la Generalitat advierte en su informe jurídico sobre el proyecto de decreto ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat que los plazos de la moratoria urbanística para los siete PAI (programas de actuación integrada) previstos en la costa e incluidos en el Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral) «vencieron hace ya más de un año».

Como ya informó Levante-EMV ,el Pativel incluía un temporizador legal que daba cinco años a al menos ocho planes urbanísticos de siete municipios para iniciar las obras. Un plazo que se inició el 12 de mayo de 2018 y que finalizó el 12 de mayo de 2023. Unas obras que también debían estar finalizadas en 2028.

Los responsables de territorio con el Botànic y también del PP en la Generalitat se han escudado, hasta ahora, en que se analizaría «caso a caso» para esquivar esta patata ardiente urbanística.

Ahora la Abogacía de la Generalitat recuerda en su informe sobre el Plan Simplifica que el vencimiento de los plazos previstos en el Pativel «hace ya más de un año» quiere decir que «por aplicación inmediata de lo establecido» en la disposición transitoria del Pativel «transcurridos los plazos indicados sin haberse cumplido las obligaciones indicadas, el suelo quedará sujeto al régimen establecido en este plan».

Y «el régimen establecido en este plan [el Pativel] para dichos terrenos -aclara la Abogacía de la Generalitat- vendrá determinado por la aplicación de las categorías y determinaciones en él previstas». Es decir que, según la Abogacía de la Generalitat estos PAI caducados «indudablemente, deben ser preservados de la urbanización, y les resultan de aplicación las condiciones de protección derivadas del Pativel».

Un instrumento de ordenación del litoral que, como se recordará, se aprobó en la etapa del Botànic y que supuso la protección a un total de 7.560 hectáreas de suelo distribuidas en 74 municipios de la costa. El Pativel, además, recibió alrededor de ochenta recursos contenciosos, incluido el del PP, que rechazó el Tribunal Supremo por lo que dio validez a este instrumento de ordenación del territorio.

Una puerta abierta

No obstante, la Abogacía de la Generalitat deja abierta un pequeño resquicio para resolver este embrollo jurídico. «Pueden existir suelos afectados por dicha disposición transitoria primera [del Pativel, la de la moratoria de cinco años] que, sin embargo, hayan visto paralizada su ejecución por causas imputables a la Administración. En esos casos habrá que estar a lo que resulte de cada una de las actuaciones, y valorar la concurrencia o no de los elementos que la norma transitoria exige para la suspensión del cómputo de los plazos».

No obstante, la misma Abogacía de la Generalitat dictaminó en mayo de 2023 que debían ser los ayuntamientos quienes determinaran los motivos de los retrasos: si era achacable a la administración o no, si se habían iniciado las obras. Urbanistas consultados por este periódico también señalan que «la caducidad no es automática» y que hay que «declararla de forma expresa». Aunque en derecho, como es sabido, toda decisión es discutible.

En esta situación se encontrarían, tal como publicó Levante-EMV, los planes urbanísticos de Doña Blanca Golf de Torreblanca, el programa de actuación integrada (PAI) Sant Gregori Golf de Burriana, el PAI El Puig Nord SP3-SP4, el PAI del Brosquil y de la Bega de Cullera, el sector 6 de Tavernes de la Valldigna, el PAI de Rafalcaid de Gandia y la urbanización prevista en Cala Mosca de Orihuela. Se trata siete planes urbanísticos que suman una superficie total de 540 hectáreas e implicarían la construcción de unas 16.000 viviendas en primera línea de playa. n

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