La ley de Concordia entra en vigor con dudas sobre su futuro

Entre el 29 de julio y el 26 de agosto, ambos lunes, están los 20 días hábiles menos laborables de todo el año, pero son igualmente válidos para cumplir el margen marcado en el Diari Oficial de la Generalitat y que la ley de Concordia entre en vigor. La norma que borra la anterior legislación de memoria democrática del Botànic ya forma parte de la realidad reguladora de la Comunitat Valenciana, con plena vigencia de sus efectos, aunque estos están llenos de interrogantes, en especial, su duración ante el más que probable choque con el Gobierno central.

Desde su presentación en las Corts por parte de PP y Vox la norma ha estado en el punto de mira del Ejecutivo central, que ha advertido que presentará un recurso de inconstitucionalidad. Este, sin embargo, no será inmediato y requerirá de unos plazos marcados por el propio funcionamiento legal en estos casos. El primero era que se publicara en el DOGV, algo que ocurrió el 29 de julio, 18 días después de su aprobación en las Corts. 

Desde entonces, los técnicos del Ministerio de Política Territorial, con las competencias en memoria, estudian la ley para señalar posibles conflictos con el marco normativo estatal, incluida la Constitución. Este trabajo, donde se trasladarán algunos de los puntos «conflictivos», estará concluido en los próximos días. Tras él, el ministerio enviará una invitación formal por correo electrónico al Consell (a la Conselleria de Justicia que ha asumido ahora las funciones de "Concordia" que antes estaban en Presidencia) para abrir una comisión bilateral y tratar en ella los elementos que se consideran vulnerados por la ley. 

Exhibición de unidad de PP y Vox con la Ley de Concordia en un ambiente de ruptura

Si el Consell acepta participar en ella —Aragón no lo hizo y el Gobierno recurrió— empezarán una serie de reuniones técnicas en las que el Ejecutivo central solicitará cambios en la norma. La sensación que tienen en el Gobierno de España es que el Consell actuará de manera distinta a lo que hizo su homólogo aragonés se sentará a negociar, lo que amplía los plazos para poder presentar un recurso al Constitucional. 

Otra cosa es que estos encuentros acaben en un pacto con cambios en la ley. Difícilmente el Gobierno de España validará la norma y renunciará al recurso de inconstitucionalidad sin ninguna modificación, visto el interés puesto en estas normas desde que se presentaron en marzo. Pero no parece que el Consell vaya a aceptar cambios en su articulado. Carlos Mazón ha defendido la ley y ofreció como vía alternativa matizar las cuestiones más espinosas a través del reglamento que el Ejecutivo autonómico ha de elaborar para aterrizar la norma en muchas cuestiones que, tras suspender la de Memoria democrática del Botànic, quedan en duda. 

"Decaer de forma automática"

Precisamente la falta de este reglamento genera también dudas en los efectos prácticos de la ley una vez en vigor. La norma contempla que «todos procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática». Con una excepción: los procesos de exhumación, ya licitados y con los que Mazón se ha comprometido, igual que con la continuidad del proyecto de Fisabio sobre los estudios de ADN, aunque el reglamento deberá marcar cómo proceder en ambos casos.

Así, entre los elementos afectados las asociaciones memorialísticas señalan procesos para proteger vestigios de la guerra civil o para retirar aquellos vinculados con el franquismo. También están en duda proyectos de investigación y las unidades didácticas en las aulas o la propia funcionalidad del que debía ser el Instituto Valenciano de Memoria Democrática, con sede en Alicante, y que podría ser sustituido por la futura Unidad Valenciana de la Concordia contemplada en la ley para el futuro. Lo que no se sabe es cuándo llegará este ni si será con pacto o resolución judicial.

Suscríbete para seguir leyendo