El TSJ avala la ampliación de docentes del Botànic anulada por Educación

El gobierno del Botànic -ya en funciones- firmó un acuerdo en la Mesa Sectorial para la ampliación de la plantilla del profesorado en 5.000 docentes; una medida que el actual Consell anuló el pasado mes de mayo. Ahora, tras el recurso de dos sindicatos, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspende «cautelarmente» la anulación del mismo y da validez al acuerdo y, por tanto a la plantilla ampliada, al considerarla como la «norma vigente».

Rovira afirma que el acuerdo para contratar 4.900 nuevos profesores "es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botànic"

Sin entrar a valorar la plantilla acordada, el tribunal resuelve en contra de la denuncia de la Generalitat a sí misma y, también, en contra de la instrucción del pasado mes de junio, mediante la cual se ha articulado la plantilla para el curso 2024-2025. Considera que para su nulidad, la Abogacía de la Generalitat no ha aportado la correspondiente «resolución judicial o administrativa». Del mismo modo, considera no haberse presentado una impugnación que cuestione la legalidad del acuerdo que el Botànic firmó ya en funciones en mayo de 2023.

Educación anula la contratación de 5.000 docentes que cerró un Botànic ya en funciones

De hecho, la sentencia considera que la instrucción del actual Consell, impulsada por la Dirección General de Personal Docente de Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula los pactos y acuerdos de las mesas de negociación en la función pública. Allí se estipula que los acuerdos entre los sindicatos y la Administración no se pueden denunciar hasta que no estén totalmente implementados.

Asimismo, el TSJCV considera adecuado «salvaguardar» el acuerdo con la aplicación de la normativa al considerarlo de interés público. Levante-EMV consultó ayer a la Conselleria de Educación su postura frente a la resolución del tribunal. Desde el departamento, se encuentran estudiando la resolución judicial para poder tomar una decisión o postura al respecto, que prevén anunciar en breve.

Déficit de 1.900 docentes

Esa es justamente la demanda de STEPV al departamento de José Antonio Rovira: la contratación de los casi dos millares de profesionales pendientes y que este año no se han incorporado a la educación pública. Alcanzaría a todos los niveles: desde las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y hasta la Educación de Personas Adultas.

El sindicato exige, también, la dimisión del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y de la directora general de Personal, Sonia Sancho, por ser conscientes de impulsar una denuncia «ilegal». «Los dos responsables estaban avisados de la ilegalidad al presentar la denuncia sin haberse aplicado totalmente el acuerdo», defienden en un comunicado. Y arremeten contra la gestión del PP al asegurar que es la segunda vez que los gobiernos populares «cometen ilegalidades flagrantes» que incumplen normativas de rango superior; esta vez, además, «en base a argumentos superfluos que en ningún caso justificaban la denuncia de los acuerdos».

Por último, STEPV anuncia la proposición de una adenda para mantener algunas de las pocas mejoras incorporadas a la última instrucción tramitada por el Consell. Estas afectan, principalmente, a los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, la gratuidad del cual ha sido uno de los grandes anuncios del gobierno de Mazón para el curso actual. Desde el sindicato, los valoran «positivamente» y reconocen que no estaban contempladas en el acuerdo con el Botànic.

"Hipoteca" según el Consell

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, indicó que el acuerdo suscrito por el Gobierno anterior «hipotecaba al nuevo Gobierno, ya que implicaba una acción para toda la legislatura y no se pueden comprometer las políticas de un nuevo equipo». Asimismo, se escudó en que el marco jurídico adecuado para la elaboración de las plantillas es una orden y no un acuerdo del Consell, tal y como se hizo en 2023. 

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