La nueva ley urbanística permitirá a los promotores cambiar planes generales

La iniciativa privada podrá intervenir en el planeamiento urbanístico municipal, los antiguos planes generales de ordenación urbana, actualmente diferenciados en Planes generales estructurales (el diseño macro de un municipio) y el plan de ordenación pormenorizada. Es una de las novedades que prevé introducir la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en la reforma de la Lotup (ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje) de 2014, durante la etapa de Isabel Bonig al frente de Territorio. 

El departamento que dirige Vicent Martínez Mus inició el miércoles un periodo de consulta pública de un mes que “recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma”.

La Conselleria de Territorio marca la estrategia que aspira a seguir con esta nueva reforma legislativa urbanística, tras años convulsos como las reformas del “paquete legislativo” que impulsó Rafael Blasco entre 2003 y 2006, al que intentó poner remedio la Lotup en 2004. El giro de timón al que se apunta en los seis folios del anuncio de consulta pública vuelve de nuevo la mirada hacia la iniciativa privada. El mayor protagonismo de los promotores se apunta en las “cuestiones concretas que podrían ser estudiadas y en su caso incorporadas en el anteproyecto de modificación”. En materia de planeamiento, Territorio prevé el “estudio de la posibilidad de regular de modo más claro la participación de la iniciativa privada en la formulación de propuestas de determinados instrumentos de planeamiento”. Además de “una nueva regulación del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos”. Además de una “flexibilización del planeamiento, con el estudio de la posibilidad de que los planes de desarrollo puedan justificadamente modificar el planeamiento general estructural”. 

Justamente lo que se intentó evitar al aprobar la Lotup: la posibilidad de saltarse o sortear el plan general o el plan estructural. Este último marca las directrices urbanísticas en un municipio (de forma muy simplificada dice qué urbanizar y qué no, qué se protege y por dónde crecer). Los planes de desarrollo respetarían estas líneas de máximos para los nuevos crecimientos urbanísticos. Se ponía así remedio a la práctica extendida en la época del tsunami urbanístico que supuso cambiar los planes generales por la «puerta de atrás» mediante la figura urbanística de la «homologación modificativa de los planes generales» que se usaron para las reclasificaciones masivas de suelo no previstas en el planeamiento. Y donde residió, para muchos expertos, la clave del desorden urbanístico de la Comunitat Valenciana y muchos de los casos de corrupción.

Los municipios reclasifican 10.446 hectáreas al margen de los planes generales

Reclasificaciones

Las reclasificaciones de suelo (conversión de terrenos rústicos en urbanizables) en el periodo 2003-2012 ascendieron a un total de 13.913 hectáreas. Una superficie similar a 18.929 campos de fútbol como el de Mestalla. De estas 13.913 hectáreas sólo el 25% (un total de 3.467 hectáreas) estaba prevista o incluida en los planes generales municipales, según los datos oficiales que manejaba la Conselleria de Territorio antes de tramitar la Lotup. 

De ahí que en esta ley, y en las modificaciones posteriores tramitadas por el Botànic, se quisiera dar protagonismo a la iniciativa pública en la ejecución de los programas de actuación integrada (PAI) o los nuevos planes urbanísticos. Una opción que ahora se intentará revertir ya que, otra de las posibles novedades que apunta el texto con el que se inició la consulta pública, es «favorecer la gestión indirecta (por promotores) de los programas de actuación integrada, sin que deba justificarse en todo caso la no procedencia de la gestión directa (por parte de los ayuntamientos)».

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