El nuevo jefe de Personal quiere poner orden al gasto salarial en la diputación
Paraliza las nuevas productividades hasta aprobar un reglamento que las regule
La corporación prepara otra modificación de la plantilla, y el responsable pide rebajar el coste
El equipo de gobierno reclama agilizar el relevo de los funcionarios de libre designación

Pleno de la diputación. / Levante-EMV

El cambio del jefe de Personal acometido hace unos meses por Vicent Mompó en la Diputación de Valencia está teniendo impacto en el día a día de la plantilla de funcionarios. El nuevo responsable es Javier Bolinches, funcionario procedente de la Generalitat, y parece decidido a poner coto a gastos salariales que, según algunos informes internos, pueden llegar a ser cuestionables.
Uno de ellos se refiere a las productividades, uno de los complementos de que disfrutan algunas empleados públicos, de hasta 500 euros al mes. Según ha sabido este diario, el responsable de Recursos Humanos ha paralizado la autorización de nuevas productividades hasta que se apruebe un reglamento que regule su sistema de concesión, un mandato que emitió el pleno de la diputación del año 2022 y que aún no se ha sustanciado, dos años después.
Según fuentes de la diputación, hasta ahora el sistema para conceder este complemento partía de un un informe del jefe de servicio, a partir del cual se aprobaba o se denegaba. Sin embargo, el asunto ha generado controversia. Diferentes sentencias en los últimos años han reconocido productividades a empleados a los que se les había denegado.
En paralelo, un informe de la Intervención General de 2020 apuntaba a un exceso de gasto en este apartado. En concreto, señalaba que en 2019 se observa que el gasto registrado ascendía a 1,26 millones (obligaciones reconocidas netas), «sobrepasándose en consecuencia el límite del gasto autorizado por el pleno para este concepto en 870.126 euros». Además, alertaba el Interventor de que «existen determinados puestos de trabajo a los que se retribuye mediante una productividad fija en su cuantía y periódica en su devengo mensual», «lo que contraviene» la normativa que regula este complemento.
Nueva modificación de la RPT
Por otro lado, y en la misma línea, en la Diputación de Valencia se está preparando en estos momentos una nueva modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), es decir, la estructura funcionarial de la plantilla, y el responsable de Personal ha pedido moderación.
Estas modificaciones de la RPT son el mecanismo para ampliar el personal o crear nuevos puestos de responsabilidad. La última es reciente, de febrero de este año, y se aprobó con cierta polémica: creaba 31 nuevas jefaturas, con un coste extra de gastos de Personal de 3,6 millones. Se espera que la nueva modificación, que se aprobaría en el pleno del mes de octubre, sea más modesta, quirúrgica y limitada a algunos departamentos.
Con todo, diferentes fuentes coinciden en que el jefe de Personal ha pedido rebajar el coste. El mensaje que ha llegado a las jefaturas de servicio es que los cambios en cada departamento se autofinancien. Su intención es que las modificaciones se acerquen al ‘coste cero’, y que si hay incrementos estén debidamente justificados.
En este caso, llueve sobre mojado. Diferentes informes han reiterado que la actual estructura tiene «una elevada inflación de jefaturas»; así como una «tendencia de crecimiento del gasto de personal por encima del crecimiento» de trabajadores, como consecuencia del envejecimiento, pero también de «fórmulas no adecuadas como otorgamiento de jefaturas y/o dedicaciones, al margen de los límites establecidos» en las leyes.
Puestos de libre designación
Por último, otro de los asuntos que se quiere abordar en cuanto al personal tiene que ver con los cargos de libre designación. En este caso, se trata de una petición del equipo de gobierno, que reclama más facilidades para sustituir a los funcionarios que ocupan puestos de alta responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de los jefes de servicio, puestos claves en la arquitectura funcionarial de la corporación. Ahora mismo, de hecho, casi la totalidad procede de legislaturas anteriores. Lo que reclama el actual equipo de gobierno es que tanto el nombramiento como el cese sean automáticos, sin necesidad de informes ni de procesos particulares, dada la naturaleza de un puesto que requiere confianza.
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