El juzgado alarga hasta 2027 una cita judicial para resolver una incapacidad laboral permanente
Un autónomo ha consumido el periodo máximo de dos años de baja y deberá reincorporarse a su trabajo en este periodo de espera
Fachada principal de la Ciudad de la Justicia donde tiene su sede el Juzgado de lo Social / Germán Caballero
Dos años y tres meses. Ese es el tiempo que tendrá que esperar un hombre de 52 años para saber si la justicia le aprueba o deniega su incapacidad laboral permanente. Y es que el Juzgado de lo Social correspondiente la ha dado cita para su comparecencia para el 11 de enero de 2027, como denuncia Rubén Molina, graduado social y representante del afectado, quien denuncia "la vergüenza" de "la lentitud administrativa de la justicia".
El afectado es mecánico de profesión y regenta, como autónomo, un pequeño taller mecánico en la Serranía, sin trabajadores a su cargo, en el interior de la provincia de Valencia. Desde hace más de dos años, convive con varias enfermedades crónicas que le afectan a sus extremidades superiores y que, por tanto, le impiden ejercer su profesión. Se trata de polialtralgia mecánica crónica o dolor en las articulaciones; mialgia bilateral, que le impide levantar sus brazos en más de 90 grados; epicondilitis, también conocida como la "enfermedad del codo del tenista", que afecta a los tendones extensores. Además, padece gonalgia en la rodilla derecha; tiene dificultad para mantenerse en "cuclillas", una posición repetida en el día a día de un mecánico.
Dos años de baja
Ante la imposibilidad de ejercer su profesión, solicitó la baja laboral y pasó a cobrar la Prestación por Cese de Actividad (Petaca). Pero tras consumir los dos años máximos para una baja, solicitó la incapacidad total absoluta para su trabajo, que le ha sido denegada; motivo por el cual ha acudido al Juzgado de lo Social de la provincia de Valencia para presentar una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social. Pero la justicia no le da cita hasta dentro de dos años y tres meses.
Su principal pregunta es: "¿qué voy a hacer durante todo este tiempo?". En principio, el proceso le obliga a trabajar y a reabrir su taller, tras dos años cerrado. "Como mínimo, debe estar trabajando durante seis meses para poder cogerse de nuevo la baja laboral por su enfermedad", explica Molina.
Falta de recursos
El trabajador social aprovecha esta situación para denunciar la falta de recursos de la justicia en el apartado de lo social. "Solo hay 18 juzgados dedicados a ello, cuando una provincia como Valencia debería de tener 24". El último de ellos, el número 18, abrió antes de la pandemia; por lo que "han pasado cuatro o cinco años sin la apertura de uno nuevo". Según explica Molina, cada juzgado de estos asume hasta 1.400 expedientes anuales porque la "litigiosidad laboral ha aumentado mucho en los últimos tiempos".
La congestión es más "preocupante" en los juzgados de la provincia de Valencia, que en las de Castellón o Alicante, donde la demora "para conseguir una cita es de un año aproximadamente", asegura Molina.
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