El modelo de financiación perjudica más a la C. Valenciana cada año que pasa

La actualización de los datos de financiación autonómica de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), conocidos ayer en vísperas de la reunión de hoy entre Carlos Mazón y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, constata una realidad inmutable. El sistema de financiación penaliza a los valencianos cada año que pasa: no porque lleguen menos ingresos, sino porque cada año, a partir de los cambios del modelo, la Generalitat se va alejando de la media de recursos que se reparten, ahondando en su desventaja frente al resto de autonomías.

Por poner cifras a esta situación, en 2022, ultimo año liquidado, cada valenciano recibió 3.089 euros frente a 3.365 del promedio, según los datos de población ajustada y financiación efectiva por habitante ajustado. Son 276 euros menos que la media estatal. Solo Murcia empeora esta situación, por poco. Los riojanos, los mejor tratados, percibe casi 900 euros más por habitante.

Eso sí, el apoyo del gobierno a las autonomías a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) mejora la situación para la C. Valenciana. Al incluir en el cálculo la subvención por intereses, debido a los préstamos de dinero barato, la aportación crece a 3.218 euros, y la diferencia con la media se reduce a 209 euros.

Las diferencias entre autonomías se perciben mejor cuando se observa la ratio relativa. Si la media es 100, la C. Valenciana se encuentra en el 91,8 en 2022. Eso sí, si tienen en cuenta las medidas adicionales del Gobierno de los últimos años, como los fondos ligados a la pandemia, o las subveciones en intereses del FLA, la ratio sube hasta el 94,3 %, mejor de lo que estaba en 2002. 

Lo que permiten las tablas de Fedea, vistas en perspectiva, es comprobar que la C. Valenciana siempre va perdiendo posiciones conforme pasan los años. Recibe más dinero, sí, pero empeora su posición frente a los demás. En 2002, por ejemplo, primer año del conocido como modelo Aznar, la C. Valenciana recibía 110 euros per cápita menos que la media. En 2009, con ese modelo, se habría recibido 230 euros menos.

2009: cambio y mejora

Ese 2009 es un año importante. Cambia el modelo y se inaugura el actual sistema. Los valencianos mejoraron. Con el modelo Zapatero aumentaba de manera considerable los ingresos para la Generalitat, casi 1.500 millones más. Pero en reparto por habitante ya se generaba una desventaja de 158 euros sobre la media. Desde entonces, y a pesar de que se ha disparado un 55 % la partida (de 9.815 millones en 2009 a los 15.276 millones del año 2022), la C. Valenciana va perdiendo competitividad respecto a la media. En 15 años, la brecha en la financiación per cápita va creciendo, de 158 euros menos a 273 euros menos. Con cada cambio de modelo, la C. Valenciana se acerca a la media, pero se va alejando los años siguientes.

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El statu quo

¿A qué se debe esto? Según explican los expertos, conforme la administración central va inyectando más dinero, las diferencias se amplían, porque lo que no cambia es lo que se conoce como el statu quo. Se trata de la posición de partida que cada comunidad autónoma tenía en 2002, cuando se inaugura el actual modelo de reparto de ingresos. Ese cálculo venía del criterio del coste efectivo de los servicios antes de ese momento, que realizó un cálculo a la baja para la C. Valenciana. Desde aquel punto partida, da igual el dinero que se inyecte al sistema: en el reparto, al estar condicionado por el statu quo, la autonomía siempre acaba perdiendo financiación.

Esta situación es la que está enquistada, y la que lleva a los políticos y expertos a insistir en que no solo se trata de poner parches en el modelo, sino que urge reformar el sistema para poder acabar con los criterios que condenan a la autonomía a la infrafinanciación.

Esta situación negativa para la Generalitat se canaliza a través del conocido como Fondo de Suficiencia. Este fondo, que el Botànic trató sin éxito de declarar inconstitucional al poco de llegar en 2015, es una transferencia negativa a favor del Estado. Es decir, dinero que deja de llegar. La cantidad crece cada año. En 2017, por ejemplo, eran 1.269 millones. En 2020, casi 1.500 millones. En 2024 supone una penalización de 1.845 millones. 

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