«La ley de jurisdicción contencioso-administrativa tiene algo de antigualla»

Los magistrados de lo contencioso-administrativo de toda España clausuraron ayer el congreso que han celebrado durante dos días en València con la conferencia de un primer espada o peso pesado del derecho administrativo, el catedrático valenciano José Maria Baño León, que ahora vive a caballo entre València y Madrid.

Fiel a su estilo incisivo y riguroso, Baño León no defraudó. «El modelo que sigue la ley 29/1998 [de la jurisdicción contencioso-administrativa] tiene algo de antigualla y habría que modernizarla», aseguró en la conferencia de clausura celebrada en l’Almudí de València. Una ley que entró en vigor el 14 de diciembre de 1998 y que ha sido modificada en cuarenta y seis ocasiones en las casi tres décadas de vigencia.

El catedrático dio algunas pinceladas de las reformas estructurales que deberían acometerse porque, advirtió, «el último proyecto de ley de agilización y modernización de la justicia no afecta» a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa lastrada, a su parecer, «por factores históricos que no tienen razón de ser. La mayoría de problemas estructurales se podrían resolver aplicando la ley de enjuiciamiento civil». Y añadió que «parte de los problemas procesales del contencioso-administrativo deriva de que hay una división histórica entre el Ministerio de Justicia y el de presidencia que lleva a que las leyes de procedimiento administrativo se hacen a espalda de la ley de jurisdicción contenciosa. Y ésta a espaldas del procedimiento administrativo. Y así mantienen el statu quo». 

Además, para Baño León «el problema fundamental del contencioso-administrativo deriva d la mentalidad de la administración que no se ha transformado. Y el Tribunal Constitucional es el culpable. En vez de interpretar el derecho administrativo a partir de la Constitución, constitucionaliza la interpretación preconstitucional del derecho administrativo». 

Y citó como ejemplo los «recursos administrativos no suspensivos [de una actividad que puede ser nociva] es contrario a la tutela judicial efectiva. Es necesario que el acto administrativo se ejecute o, por el contrario, que tenga efectos suspensivos. Pero no es la metodología que se sigue».  

Otras sugerencias vertidas por Baño León fueron la creación de «un órgano administrativo independiente para la función pública»; la reforma de la planta de lo contencioso que «debería ser la misma que la civil» y acercar «la justicia al justiciable. Los deslindes marítimos no se deberían decidir en la Audiencia Nacional de Madrid». Además de regular el silencio administrativo o las «declaraciones responsables y comunicaciones previas» «actos de particular sin expediente administrativo» que sumerge a posibles terceras personas afectados en un laberinto burocrático.

La jornada fue clausurada por la teniente de alcalde de València, Maria José Ferrer San Segundo y el vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Ramón Arozamena Laso.