La PAH pide al Consell contratos temporales de alquiler con fondos buitre contra el "drama" de 11 desahucios al día

Ramón tiene ochenta años y una enfermedad que le ha hecho pasar por quirófano siete veces en dos años y que le obliga a someterse a diálisis. María tiene una hija y tres nietos que viven con ella, el menor de ellos, de dos años. Mariluz tiene una cocina que ha tenido que amueblar con cosas que ha recogido en la calle y dos baños en los que el agua corriente falla casi todos los días. Victoria tiene grabaciones en los que la amenazan para que deje su vivienda, una presión que le ha llevado a intentar acabar con su vida dos veces. Y todos ellos tienen en común que, salvo solución de última hora, van a ser desahuciados de sus casas en las próximas semanas sin haber conseguido una alternativa habitacional. Once personas como Ramón, María, Mariluz y Victoria fueron desahuciadas cada día en la Comunitat Valenciana durante el año pasado, 2023, según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por eso, representantes de la plataforma se han manifestado este lunes ante la Conselleria de Vivienda para reclamar soluciones urgentes, como el programa LlogAD: la firma de contratos temporales de alquiler social por parte de la Generalitat con los grandes tenedores de vivienda, sobre todo los llamados “fondos buitre”, para evitar que se desahucie a los inquilinos vulnerables, al menos hasta que no se les encuentre una alternativa habitacional.

Según los datos del año pasado recogidos por la PAH, 3.869 familias fueron desahuciadas el año pasado en la Comunitat Valenciana, el 68% de ellas por problemas relacionados con el pago del alquiler, ya fuera por la no renovación de contratos de alquiler de grandes tenedores y fondos buitre, como por impagos al “no poder hacer frente a unos precios bestiales e impagables”, como explica Amparo Delgado, activista de la plataforma. 

Esas dificultades de las familias más vulnerables para pagar el alquiler se podrían paliar con el programa de ayudas al alquiler de viviendas del Ministerio, pero, denuncia, “las de 2023 han salido tarde, van con retraso y encima la Generalitat no ha aportado ni un solo euro”, es decir, que no ha añadido nada a las cantidades que prevé el plan estatal, de siete millones de euros. “Con eso no llega: se han dado 4.100 ayudas y se han quedado fuera, aunque reunían los requisitos, 4.266 familias, una vergüenza”, critica.

"Obligar a los fondos buitre"

El 90% de los desahucios, calculan, se da en propiedades pertenecientes a fondos, y Delgado asegura, además, que el 30% de la compra de viviendas en la Comunitat Valenciana se produce por capital extranjero. A ello se suma, recalcan desde la PAH, el efecto de los apartamentos turísticos sobre la oferta de vivienda: solo en la ciudad de València, detallan,  “de los 11.478 apartamentos turísticos, casi la mitad son ilegales y terminan por ocasionar desahucios”. 

El presidente de la PAH València, José Luis González, asegura que se reunieron con la Conselleria de Vivienda en agosto del año pasado, tras el cambio de gobierno, y que ya plantearon propuestas. Asegura que se les dijo “que sí”, pero que no han visto avances. Entre las medidas que proponen que adopte la Generalitat, González destaca el programa LlogAD, una medida para “obligar a los fondos buitre a hacer contratos de alquiler para los inquilinos vulnerables mientras no haya vivienda alternativa para ellos”. En concreto, proponen formalizar contratos de alquiler social de los que sea titular la administración valenciana, para que subrogue a las familias, de modo que estas puedan pagar sus mensualidades “en la medida de sus necesidades”, con precios sociales acordados con los fondos. En caso de ser necesario, la Generalitat podría pgar parte del alquiler. “Lo pedimos por activa y por pasiva: no queremos que sea gratis ni dejar de pagar, queremos que se deje de tirar a la gente a la calle”, defiende González.

Amenazas y presiones

“La última puerta que se me ha cerrado ha sido la de la trabajadora social, que me dijo que algún día tenía que llegar el momento en que nos desahucien”, lamenta Victoria, Vicky, que asegura que, como esa, se le han ido cerrando todas las vías de solución que ha intentado para que no les desahucien a ella y a sus cuatro hijos. “Queremos pagar un alquiler, queremos quedarnos, pero el fondo propietario del piso nos llama cada dos por tres y nos amenaza para que nos vayamos”, denuncia. Victoria es beneficiaria de las ayudas del llamado “escudo social” que el Gobierno de España puso en marcha para ayudar a las personas vulnerables como consecuencia de la pandemia. Pero el escudo social termina a finales de este año. “Aquí hay muchas viviendas vacías, y muchas personas necesitadas de casa”, recalca.

Entre esas personas necesitadas de vivienda está Ramón. Tiene ochenta años y una enfermedad que le ha obligado a someterse a siete operaciones en dos años y a necesitar diálisis. Su mujer tiene 75 y no tienen a dónde ir. “La Constitución Española dice que los ciudadanos tienen derecho a la vivienda”, recuerda Ramón, que pide “misericordia” a las administraciones y que se tenga especialmente en cuenta la vulnerabilidad de las personas que, como él, están “incapacitadas para trabajar” y poder pagarse sus casas. Desde julio, cuando le notificaron que le desahuciarían, vive en una carrera de obstáculos. “Nos ponen una trampa hoy, mañana otra”, lamenta.

Mariluz ha decidido pelear. El fondo buitre que le ofreció en su día un alquiler social ahora quiere que abandone su vivienda de Xirivella, y ella ha presentado un recurso contra su desahucio. “Pero en cuestión de dos o tres semanas me van a poner fecha para tirarme, porque no quieren esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial”, lamenta.Y eso que se ha ofrecido a pagar más de lo que paga ahora, más, también, de lo que cree que es justo para el estado ruinoso en el que se encuentra el piso. “Les ofrezco 600 euros por un piso con una cocina que he montado yo recogiendo muebles de la calle, y con dos baños en los que ni siquiera funciona el agua, pero me dicen que no”. lamenta. Mariluz vive en la casa desde hace ocho años, sola, es pensionista. La búsqueda por parte de la administración de una alternativa habitacional no está funcionando: “no hacen más que decirme que no hay disponibles pisos de una sola habitación”.

Mientras tanto, María cuenta los días con miedo. Tiene el desahucio programado para el próximo día 14, a las nueve de la mañana. Si nada lo impide, se quedará en la calle con su hija y sus tres nietos, el más pequeño de ellos, de solo dos años. “En una casa en la que llevo 25 años, que no estoy ocupando, sino que era mía”, explica. Cuando no pudo seguir pagando la hipoteca, hizo una dación en pago y le ofrecieron un alquiler social que, asegura, ha pagado “religiosamente” todos los meses. “Pero ahora no quieren alquilármela, ni quieren venderla, quieren que me vaya”, denuncia. Que se vaya de la que siempre ha sido su casa.

La Generalitat dará ayudas para las administraciones locales en vivienda

El director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, se ha reunido con los manifestantes en la sede de la Conselleria en respuesta a la protesta. En declaraciones previas a la reunión, ha asegurado que “la comunicación y la coordinación con la PAH es continua”, si bien, ha dicho, “hay veces que no se puede llegar a atender exactamente todas las necesidades”.  Pérez ha atribuido la situación actual de la vivienda en la Comunitat Valenciana y el problema de los desahucios a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, a pesar de su reciente aprobación en 2022. Asegura que esa norma, que prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas para poder limitar los precios del alquiler, cosa que la Comunitat Valenciana ha decidido no hacer -y que solo aplica una autonomía, Cataluña- “condiciona muchísimo”. 

Sobre si su departamento está abierto a la propuesta del programa LlogAD, asegura que “se está considerando absolutamente todo” y que la Conselleria trabaja con su unidad antidesahucios para buscar soluciones. Asimismo, ha adelantado que trabajan en una convocatoria de ayudas para las administraciones locales para que “tengan también capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad que puedan surgir o de desahucios que puedan surgir”. La tendrán lista, ha dicho, en los próximos meses. 

Durante la reunión, Conselleria y la PAH han acordado que la plataforma remitirá a la Generalitat una relación de las personas en proceso de desahucio de forma inmediata y el programa de LlogAD para que estudien ambos documentos. El objetivo, cree José Luis González, es “que la administración se comprometa a llamar inmediatamente a paralizar desahucios e instar a la Conselleria a abrir una negociación con los fondos buitre”. Por su parte, la PAH se ha comprometido a repasar todas las solicitudes de vivienda para subsanar errores que, según les han hecho llegar desde la Conselleria, “impiden una clasificación adecuada”. El departamento que dirige Susana Camarero ha prometido, afirman desde la PAH, contestar en un plazo máximo de una semana o diez días.

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