Zaplana, condenado por corrupción

El caso Erial se resolvió ayer con la condena a diez años y cinco meses de cárcel al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Una primera decisión judicial que marca el fin de una era. Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València, Pedro Castellano, Isabel Sifres y Cristina Badenes (ponente) consideran a Zaplana «criminalmente responsable» de los delitos de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales, por lo que también lo condenan a pagar varias multas que ascienden a 25 millones. 

A Zaplana, defendido por el abogado Daniel Campos Navas, lo acompañan en la condena su asesor fiscal Francisco Grau Jornet, representado por el abogado Bosco García de Viedma, al que los magistrados también consideran «criminalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales», por lo que ha sido condenado a cinco años de prisión. Los otros cinco acusados afrontan penas mucho más suaves ya que, a pesar de ser piezas claves en esta trama, reconocieron los hechos y accedieron a pagar multas por valor de cinco millones. 

La sentencia de la sección cuarta condena al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García (defendido por David González Wonham) a dos años y once meses de prisión, además de una multa de 1,32 millones de euros. Al empresario Vicente Cotino Escrivá (defendido por Vicente Grima Lizandra) a 3 años y cinco meses y una multa de cuatro millones de euros. Y su hermano José Cotino Escrivá (representado por Manuel Quijano Tomás) a dos años de prisión y multa de 320.000 euros por el delito de cohecho. El amigo de juventud de Zaplana y su testaferro en todas las empresas, Joaquín Barceló Llorens «Pachano» (defendido por el abogado Amadeo Pérez Pellicer), también logra esquivar la cárcel al ser condenado por el delito de blanqueo a un año y tres meses de cárcel, aunque deberá pagar una multa de 5 millones. El empresario de Benidorm, Francisco Pérez López «El Gasofa», es el último condenado a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad en la venta del barco Loix. 

Quienes logran la absolución son los otros ocho acusados en esta causa al considerar la sección cuarta que «desconocían el origen ilícito del dinero». Se trata de la secretaria y fiel escudera de Zaplana, Mitsouko Henríquez, representada por la abogada Carmen Gallego Chinillach, que logra la absolución a pesar de que fue la «receptora» de los 2,4 millones que el testaferro uruguayo de Zaplana, Fernando Belhot, entregaba al exministro desde el extranjero. También han resultado absueltos los hermanos Elvira y Saturnino Suanzes Fernández, los empresarios Pedro Romero Aguilar, Ángel Salas Gallardo, Robert-Edgar Bataouche y Carlos Gutiérrez Mondedeu.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Por ahora sólo Eduardo Zaplana anunció ayer de recurrir la condena contra él. Una batalla en la que probablemente le acompañará su asesor fiscal, Francisco Grau Jornet. 

Los magistrados de la sección cuarta consideran probado que Zaplana, también exministro de Trabajo con José María Aznar amañó la adjudicación de un lote de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a las empresas de la familia Cotino, en connivencia con Juan Cotino (entonces director general de la Policía) y su jefe de gabinete, Juan Francisco García. 

Los Cotino también lograron que se les adjudicaran tres zonas del Plan Eólico, aunque de este contrato no ha quedado acreditado el amaño para los tes magistrados, a pesar de las irregularidades detectadas por la Agencia Antifraude. 

Tras las adjudicaciones, la familia Cotino vendió sus participaciones en las ITVy el Plan Eólico y logró unas plusvalías de 86,5 millones. Antes de estas ganancias ya habían abonado 6 millones de euros a Eduardo Zaplana y a su jefe de gabinete, Juan Francisco García, a través de un entramado de sociedades en Luxemburgo, Andorra y Panamá. 

Un entramado empresarial internacional reconstruido al milímetro por la ardua investigación conjunta de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Fiscal Anticorrupción Pablo Ponce y el Juzgado de Instrucción 8 cuando estaba dirigido por la magistrada Isabel Rodríguez Guerola. 

«Los papeles del sirio»

Una instrucción de siete años (de 2015 a 2022) que surgió de un hallazgo casual y rocambolesco en el caso Taula que Zaplana intentó tumbar por tierra, mar y aire, pero al que ahora los tres magistrados de la sección cuarta dan validez como origen de la investigación al considerarlo como una «denuncia anónima». 

«El valor que debe darse a dichos documentos que sirven de punto de partida de la investigación policial y posteriormente de la instrucción de la causa, es el de la denuncia anónima», señalan los magistrados. Si eran o no de Zaplana y cómo llegaron hasta el despacho del primer abogado de Marcos Benavent «el yonqui del dinero» no ha quedado demostrado. Pero estas cuestiones resultan irrelevantes para los magistrados. «Una investigación oficial puede desencadenarse sin necesidad de mayores exigencias formales», señalan. 

De esta manera, vienen a considerar que los conocidos como papeles del sirio (porque un ciudadano de esta nacionalidad se los encontró en la vivienda que ocupó Zaplana en València hasta 2006 y después los entregó a Marcos Benavent) no es la principal prueba de cargo contra Zaplana. Pero sí permitieron a los investigadores del caso Erial comenzar a tirar del hilo para seguir el rastro del dinero que Eduardo Zaplana y sus testaferros manejaron:más de veinte millones de euros, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción que ahora asumen los tres magistrados de la sección cuarta. 

Los investigadores del caso Erial han seguido el rastro del dinero entregado por los Cotino a Eduardo Zaplana y Juan Francisco García: 6,4 millones ingresados en Luxemburgo que retornaron a España, en el caso de Zaplana, a través de las empresas creadas por el asesor fiscal Francisco Grau a nombre de Joaquín Barceló Pachano para garantizar dinero en efectivo a Zaplana (hasta 2,4 millones recibió de su testaferro uruguayo) o realizar las inversiones inmobiliarias en Madrid (La Finca, el piso de Núñez de Balboa) o en la Vila-Joiosa y Altea.

A este dinero se suma, además, los 9,8 millones de euros ingresados en las 5 cuentas abiertas en Andorra a nombre de Pachano o de empresas panameñas (Merceron, Puncak, Adua o Plaza Fountains). El testaferro de Zaplana declaró en el juicio que todo este dinero era de Zaplana. Ylos magistrados creen su versión. «Se trata de cantidades obtenidas por él [Zaplana] en su condición de político». Un dinero que «no podía proceder de su salario como político, dadas las cuantías. Por otro lado, no constan negocios jurídicos, prestaciones de servicios u otro tipo de actividad profesional». «Todo ello -concluyen los magistrados- nos lleva a la ineludible conclusión de que este dinero lo obtuvo haciendo uso de su condición de político, que le brindaba información relevante en distintos campos, conocimiento de personas también relevantes en el mundo empresarial y financiero y en definitiva, un destacado papel político primero en el ámbito autonómico y después en el nacional, lo que le reportó importantes ingresos de dinero, al margen de sus molumentos oficiales».

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