Más de 2.300 trabajadores de residencias concertadas, "en la cuerda floja" por la caducidad de los contratos

Más de 2.300 trabajadores de 29 residencias de mayores concertadas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana se manifestarán en las puertas de sus respectivos centros el próximo jueves, 24 de octubre. Aseguran sentirse "en la cuerda floja” por la caducidad de los contratos de las empresas adjudicatarias con la administración. En muchos casos, los contratos tendrían que haber salido a licitación alrededor de 2017, y aún no lo han hecho ni los trabajadores tienen noticias de cuándo ocurrirá. Y hasta que eso no pase, no entrará en vigor el nuevo convenio colectivo del sector, que actualiza los salarios y los aumenta en alrededor de 200 euros al mes. Los sindicatos hablan de “inacción total” y la Conselleria asegura que trabaja en la modificación del decreto de tipologías, aprobado por el Botànic en 2023, y que no tendría sentido sacar a licitación los contratos antes de que se haya modificado la normativa.

El personal de los centros asegura que el problema de que los contratos estén en enriquecimiento injusto es doble. Por una parte, porque el bloqueo impide que se aplique el nuevo convenio colectivo del sector, firmado en marzo de 2023, que sube los salarios del personal en 200 euros al mes, de media. El convenio, firmado por CCOO, UGT, la patronal Aerte y la Conselleria, explican, establece que las nuevas tablas salariales se aplicarán “desde la formalización del correspondiente contrato público, para los centros y los servicios cuya publicación de la licitación sea posterior a la fecha de publicación del presente convenio colectivo”. Es decir, que hasta que no haya nuevas licitaciones, no habrá subida salarial.

Pero, además, el bloqueo en los sueldos, que han crecido solo un 4,5 % en los últimos ocho años mientras que el IPC lo ha hecho un 23,8 % en la Comunitat Valenciana, hace que los sueldos que se ofrecen en estas residencias sean menos competitivos. Es frecuente, por lo tanto, que muchos trabajadores abandonen sus puestos de trabajo en las residencias concertadas al encontrar mejores salarios y condiciones en el sector sanitario y social público. Los trabajadores afectados aseguran que se ven obligados a hacer “malabares” para cubrir bajas o en determinados periodos, como los de las vacaciones de verano, con residencias donde el personal llega incluso a doblar turnos durante semanas. Esa inestabilidad de personal, en ocasiones escasez, supone un problema para poder prestar a los usuarios un servicio de calidad. 

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“Inacción total”

En este sentido, los sindicatos denuncian la “inacción total” y el “bloqueo” por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Desde UGT sospechan que la Conselleria no saca a licitación los nuevos contratos para evitar aplicar la parte del decreto de tipologías heredado del Botànic que supone una mejora en las condiciones de trabajo del personal. A su juicio, el departamento que dirige Susana Camarero no puede alegar falta de presupuesto cuando el Consell está practicando una política de bajada de impuestos. Desde el sindicato aseguran asimismo que siempre han estado dispuestos a colaborar y negociar con la Conselleria, aunque los responsables de la administración les han llamado siempre “para comunicar y no para negociar”.

Desde CCOO-PV, por su parte, han manifestado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y a la concentración del 24 de octubre. Creen que la solución aún tardará en llegar, porque los trámites para aprobar la modificación del decreto de tipologías son largos, pero afirman que la Conselleria podría perfectamente sacar a licitación los contratos con el actual decreto. Denuncian que, mientras tanto, los trabajadores quedan en un limbo legal, afectados por la precariedad.

Retrasos de cinco meses en pagar a las empresas

También desde la patronal, Aerte, reconocen que el bloqueo de las nuevas licitaciones está teniendo consecuencias para las empresas. Por ejemplo, los retrasos en el pago de los servicios que prestan, porque el pago no se hace por el mismo procedimiento administrativo que cuando hay un contrato en vigor. En concreto, en los casos de la treintena de empresas con el contrato caducado, la Conselleria tiene que aprobar, cada mes, expedientes de resarcimiento: las facturas de los servicios tienen que pasar cada vez por el Consell, que debe reconocer que el servicio se está prestando y, después ordenar el pago. El retraso, de este modo, asciende a los cinco meses.

Desde la patronal destacan asimismo que “a nadie le gusta trabajar sin un contrato en vigor” y es lo que les ocurre también a las empresas que prestan el servicio . “Lo primero es la seguridad jurídica, y los servicios que prestamos a la administración, de esta forma, no están respaldados”, destacan. Además, consideran que es injusto para otras empresas que no ganaron las licitaciones anteriores y que ven bloqueada su posibilidad de presentarse a los nuevos concursos. No solo eso, sino que, con los precios bloqueados, a algunas empresas “no les sale rentable seguir prestando el servicio, pero se ven obligados a hacerlo al ser un servicio público”.

Conselleria asegura que ha saldado la deuda del Botànic

Por su parte, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguran que trabajan en la modificación del decreto de tipologías “para licitar con una norma que recoja todas las consideraciones de los agentes implicados, que han sido muchas”. El decreto actual se aprobó en los últimos meses de Consell del Botànic y, desde su llegada a la Conselleria, Camarero manifestó su intención de reformarlo.

Fuentes del departamento aseguran que, mientras eso no ocurre, “se ha hecho un gran esfuerzo para ajustar la situación a la realidad y este Gobierno ha adoptado medidas para paliar la situación y que no haya perjuicios mientras se aprueba la norma”. Entre ellas, destacan que se ha incrementado un 8,8 % la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de la acción concertada en 2024, “lo que impacta directamente en salario de los trabajadores”. En concreto, han ajustado las cantidades para que reflejen los aumentos del IPC acumulado de 2022 y de 2023. Asimismo, dicen que se han pagado 157,5 millones de enriquecimientos injustos, con lo que afirman que se han saldado “todas las deudas que dejó el gobierno del Botánic, poniendo a la Administración al día con todos los pagos que el anterior Gobierno había abandonado”. 

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