Antifraude se desentiende del responsable de los informes del caso Azud

El Juzgado de Instrucción 13 de València ha citado a declarar a cuatro investigadores de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)para que ratifiquen los informes aportados al caso Azud. Se trata de los peritos «designados judicialmente en auxilio judicial solicitado a la Agencia Valenciana Antifraude para la ratificación de los informes emitidos en el procedimiento» que investiga varias presuntas tramas de corrupción y cobro y pago de comisiones en el Ayuntamiento de València (que afecta al cuñado de Rita Barberá y al exvicealcalde de València, Alfonso Grau) y también a destacados exdirigentes del PSPV.

Una citación a la que la Agencia Valenciana Antifraude ha contestado con un escrito, notificado ayer a las partes del caso Azud, en el que comunica el cese del responsable del expediente que se ha de ratificar en el juzgado. El escrito de Antifraude, firmado por una letrada de la Agencia y no por su director, comunica al Juzgado de Instrucción 13 que «con fecha 2 de septiembre se ha producido el cese de una de las personas funcionarias de esta Agencia identificada como el número I-847, investigadora y responsable del expediente referido a los hechos objeto del presente procedimiento judicial». Antifraude añade que «desde la fecha de su cese no tiene acceso a los expedientes administrativos de investigación de esta Agencia en los que ha participado, entre ellos el arriba indicado».

Cabe recordar que el 2 de septiembre sólo se produjeron los ceses de los exdirectivos de Antifraude, Teresa Clemente y Gustavo Segura, la número dos y el número tres de la agencia durante la etapa de Joan Llinares. Presumiblemente quien debería ratificar el informe debería ser el exdirector de Investigación de Antifraude, Gustavo Segura, como ya hizo con los informes del caso Erial. De hecho, que ya no trabaje en Antifraude no le impediría ratificar ante el juzgado un informe si ha participado en él. De hecho, en los juicios por corrupción celebrados en los últimos años muchos peritos, agentes de la UCO o de la UDEF, interventores o miembros de la Agencia Tributaria ratifican sus informes o su trabajo, aunque no ocupen el mismo puesto de trabajo. Antifraude elude señalar que advertirá al investigador cesado de la citación. Y sólo señala en su escrito que queda «a disposición deljuzgado a través de las personas funcionarias que asuman la responsabilidad del expediente» de los informes del caso Azud.

Curiosamente, el escrito remitido por Antifraude y firmado por una letrada de la agencia recoge que una de las funciones del organismo es "proporcionar el apoyo necesario a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, siendo un órgano de apoyo y colaboración cuando sea requerida". Además de "poder colaborar con el Ministerio de Fiscal, los Juzgados y los tribunales cuando así se requera, mediante la asistencia técnica y emisión de informes periciales por personal funcionario a su servicio, especializado en materia jurídico-administrativa, económica, contable y de control administrativo, y con conocimiento profundo de las administraciones y su sector público y los procedimientos administrativos".

Todo lo contrario de los argumentos utilizados para cesar a los dos exdirectivos el pasado 2 de septiembre. Como adelantó Levante-EMV, el actual director de la Agencia Valenciana Antifraude consideraba la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción como «un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía)» por «la realización de un elevado número de peritaciones» en «detrimento de las funciones de investigación propias y la consiguiente acumulación de expedientes». Argumentos esgrimidos para cesar a los exdirectivos el pasado 2 de septiembre.

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