El jefe de la Inspección educativa de Alicante, nuevo responsable de las plantillas de profesores

Pablo Ortega Gil, jefe de la inspección educativa en la provincia de Alicante, ha sido nombrado nuevo responsable de las plantillas de profesores de Conselleria. Lo hace en sustitución de Sonia Sancho, la ya ex directora general de Personal Docente, que dimitió la semana pasada en pleno caos por la sentencia del TSJ que obligaba al departamento de Campanar a rehacer la nómina de profesorado.

Con Sancho dimitió también el subdirector José Pascual, y aunque Conselleria trató de desligar su decisión del fallo judicial, varias fuentes apuntan a que sí que tuvo que ver, sumado a otras desavenencias sobre la idea de gestión con otros altos cargos de Educación.

Ortega tendrá que gestionar, desde hoy, el área que tiene en nómina a 81.000 profesores (entre pública y concertada) y posiblemente la más conflictiva en estos momentos de Conselleria. Para empezar, está el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que avala el acuerdo de plantillas del Botànic que Educación (con Sancho al frente) intentó tumbar.

La justicia obliga al departamento de Campanar a contratar 833 profesores, lo que implicaría rehacer toda la nómina de docentes con el curso ya empezado. Por el momento, parece que la estrategia de la conselleria es dilatar al máximo el cumplimiento del fallo y ofrecer otro acuerdo a los sindicatos, que no parecen dispuestos a ceder con que se cumpla la sentencia.

Además de la sentencia, Ortega tendrá que afrontar el concurso de traslados más grande de la historia. Normalmente, son mil o dos mil docentes a lo que dar plaza definitiva. Este año, tras la estabilización de interinos, se deberá dar plaza a 11.000. Conselleria ya ha retrasado este proceso por no ser capaz de llegar a los plazos, sin embargo y está trabajando para que el mes de febrero esté todo listo y estos 11.000 profesores accedan a su destino definitivo.

Currículum

Ortega es un viejo conocido del actual conseller de Educación José Antonio Rovira, pues ocupó su plaza como director territorial de Educación en 2015 cuando decidió volver a la Universidad de Alicante como profesor de Economía.

Ortega es Doctor en Filología Inglesa, ha ejercido como docente de secundaria de Inglés y ha sido profesor asociado en la Universidad de Alicante. Además, cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia en el campo de la docencia. En la última década, desde 2015 hasta la actualidad, ha ocupado el cargo de jefe del servicio de inspección de Alicante.

Asimismo, ha ejercido como jefe de estudios (1990-1993), jefe del departamento de inglés (1993-1997), director (1997-2004), inspector (2004-2012), jefe del servicio territorial de Alicante (2012-2014), director territorial de Educación de Alicante (2014-2015), hasta ejercer como jefe del servicio de inspección de la provincia. También ha escrito distintas publicaciones científicas y participado en congresos internacionales en el campo de la educación, informa Ana Fajardo.

La sentencia del TSJ

El germen del problema en el que está inmerso Conselleria de Educación es el acuerdo de plantillas del Botànic, firmado en 2023, y que establecía la contratación de 5.000 profesores en los siguientes dos cursos (3.100 en el curso 2023-24 y 1.900 en el curso actual, de los cuales faltan por contratar casi mil).

El primer curso se contrataron los profesores previstos, pero en este Conselleria decidió denunciar el acuerdo para tumbarlo. Sancho y Pascual no firmaron aquella medida, pero sí hay que destacar que fueron los responsables de diseñar las plantillas de profesores que sustituían al acuerdo. Según ha podido saber este diario, Sancho ya presentaba desavenencias con otros altos cargos de Conselleria y no veía con buenos ojos seguir esa estrategia.

Educación argumentaba en su denuncia que el acuerdo se firmó en funciones (es decir, cuando el Botànic había perdido las elecciones) y que comprometía su acción de Gobierno en los años siguientes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón dos veces a los sindicatos y validez al acuerdo, obligando a Conselleria a contratar casi mil docentes extra, lo que supone rehacer todas las plantillas con el curso ya empezado.

Conselleria se reunirá con los sindicatos la semana que viene para tratar de llegar a un acuerdo, aunque también estudia la posibilidad de presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo.

Según ha adelantado Las Provincias y ha confirmado este diario, algunas fuentes consideran que la sentencia sí que ha tenido influencia, ya que Sancho y Pascual defendían una estrategia distinta a la de la administración. Además, la mala gestión de las oposiciones a inspector de educación, también responsabilidad de Sancho, ha desgastado más su figura.