El Consell reclama más de 1.000 millones al Gobierno por la atención sanitaria a desplazados

El pleno del Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España los 1.022,9 millones de euros que debe a la Generalitat por la atención sanitaria a personas de fuera de la C. Valenciana que hacen uso de los servicios autonómicos. Son casi 100 millones más que el año pasado. La deuda, que se reclama sistemáticamente, surge por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria, mecanismos con los que la Administración central debería remunerar la asistencia sanitaria prestada por la sanidad valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

En concreto, según los datos aportados este martes por la portavoz Ruth Merino, el Ejecutivo central debe a la Generalitat, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013. Además de otros 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.

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Asimismo, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023; así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.

El Ejecutivo de Carlos Mazón denuncia que ha quedado pendiente realizar la compensación con carácter retroactivo de la asistencia prestada desde julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012) hasta diciembre de 2013 en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades.

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En el ámbito de la asistencia especializada, según los datos aportados por Merino, se están identificando y registrando más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.

Negociación presupuestaria

Sobre la elaboración de los presupuestos de 2025, que se presentarán este jueves tras un pleno extraordinario, Merino ha confirmado que siguen los contactos con Vox, que en su día exigió negociar las cuentas por adelantado, antes de la aprobación del anteproyecto de ley.

La portavoz y consellera de Hacienda no ha concretado el grado de esas conversaciones y ha asegurado que no tiene constancia de que el exsocio haya puesto condiciones para apoyar los presupuestos: "Hasta donde yo sé, lo que se ha producido son conversaciones y ninguna exigencia de unas medidas incorporadas en un borrador para introducir ya", ha remarcado.

En todo caso, Merino ha abierto la puerta a negociar una vez se entreguen las cuentas en las Corts. Es decir, vía enmiendas. "Son los días previos a la presentación, pero el trámite parlamentario continúa y todavía queda mucho tiempo para estudiar y poder introducir medidas que Vox considere y que nosotros consideremos que son beneficiosas para ciudadanos", ha indicado.

Casi en paralelo, el president Carlos Mazón ha ahondado en la misma línea, confirmando que hay "buen clima de diálogo" con Vox pero que también hay "tiempo" para "bajar al detalle" de sus prioridades durante la fase de enmiendas.

Mazón ha mostrado su deseo de que las "reuniones monográficas" mantenidas con Vox estos días "sean suficiente" para poder "avanzar" en el proyecto de presupuestos.

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