Las Corts rectifica y los diputados que dimitan se quedarán sin 'paro'

Los diputados que dejen su acta voluntariamente no tendrán derecho a cobrar la nueva indemnización por cese aprobada finalmente este martes por la Mesa de las Corts. El pacto plasmado negro sobre blanco quita esta posibilidad, algo que han confirmado los síndics de los diferentes grupos y que se contrapone con las primeras informaciones dadas por los portavoces parlamentarios que aseguraron que según cómo estaba redactada esta prestación sí que tendrían derecho.

En realidad, la primera base del pacto sí que daba esta posibilidad. Según señala el primer documento firmado por los cuatro síndics ("Bases para el establecimiento de un régimen compensatorio por cese de actividad de los diputados"), tendrán derecho a esta indemnización "las personas que cesen el desempeño del cargo de diputado tras haber permanecido en el mismo durante un tiempo superior a 18 meses consecutivos" y se añade la incompatibilidad de cobrarla si se recibe otro tipo de ingreso por tener un trabajo o estar en edad de jubilación.

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Estas condiciones, sin embargo, han variado al ser plasmadas en el acuerdo final negro sobre blanco que ha sido validado por el órgano de dirección de la cámara este martes. O más que cambiar, han sido concretadas. Así, en su artículo 1 del acuerdo sellado se señala que tendrán derecho a esta indemnización quienes dejen el cargo de diputado "como consecuencia de la finalización del mandato o la disolución de la cámara tras haber permanecido en el mismo durante un tiempo superior a 18 meses".

Acreditación anual

Esta aclaración supone que solo se podrá acceder a esta indemnización cuando se deje el acta de diputado porque se ha acabado la legislatura o se han adelantado elecciones, en ningún caso por una dimisión. La voluntad, han explicado los diferentes síndics este martes tras aprobarse el acuerdo y quedar concretado este punto, es que el objetivo de esta prestación es que se parezca "lo máximo posible" al desempleo general. En este, las bajas voluntarias quedan excluidas de esta percepción.

Una manera para blindar esta limitación es que, según se marca en el acuerdo de la Mesa de las Corts, serán los diputados extraparlamentarios quienes han de solicitar la petición de esta indemenización "en el plazo preclusivo de 30 días naturales desde la sesión constitutiva de cada nueva legislatura". Se añade, a su vez, que para recibirla el órgano de dirección de la cámara deberá dar su visto bueno. Además, los extraparlamentarios que la reciban deberán remitir "anualmente" a las Corts el informe de vida laboral de la Seguridad Social.

Ininterrumpidos

También el informe jurídico de los letrados de la cámara dejan claro que no se percibirá la prestación en caso de dimitir: "Las únicas personas que pueden acceder al derecho a la indemnización son quienes son miembros de la cámara en el momento de la disolución, por haber transcurrido cuatro años desde las elecciones precedentes o quienes son miembros cuando son disueltas por el 'president' de la Generalitat". Recuerda, además, que esta percepción no está "sujeta a una aportación previa" y que los 18 meses que se citan de mínimo tendrán que ser "ininterrumpidos".

Este acuerdo se ha llevado a cabo porque actualmente los diputados parlamentarios no cotizan a la Seguridad Social al no estar incluidos en la ley de Régimen general por lo que no tienen derecho al desempleo. Con el pacto alcanzado, sí que recibirán de manera proporcional a su tiempo en el parlamento una cuantía de 2.500 euros brutos mensuales (su sueldo base sin complementos) durante como máximo dos años. Estas partidas saldrán de un fondo que irá estableciendo la cámara autonómica en sus presupuestos y para el que en 2025 ya se han guardado 70.000 euros.

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