Anticorrupción pide que Zaplana vaya a prisión para evitar que se fugue como Tabares en el caso Ivex

El fiscal Anticorrupción del caso Erial Pablo Ponce ha solicitado que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ingrese en prisión para evitar que se fugue como José María Tabares, condenado en el caso Ivex.

El representante del Ministerio Público ha explicado ante el tribunal que "se trata de delitos graves, de corrupción política, cometidos en el ejercicio de su condición pública. El riesgo de fuga se acrecienta por el acceso a medios económicos y manejar un patrimonio en el extranjero". El fiscal ha añadido que "Zaplana tenia patrimonio en el extranjero, asesoramiento y es una persona que tiene acceso y patrimonio en el extranjero patrimonio que no ha puesto a disposición de las autoridades judiciales".

Acto seguido ha recordado que José María Tabares, subordinado de Zaplana cuando accedió a la Generalitat "se fugó y estaba a las órdenes de Zaplana. Se fugó a Japón que no tiene convenio de extradición".

Su abogado Dabniel Campos ha señalado al tribunal: "Mi cliente sigue siendo inocente y amparado en la presunción de inocencia" hasta que la sentencia sea firme". Y ha alegado también "ya no ocupa ningun cargo público. En una decisión de prisión provisional ha de primar la proporcionalidad y excepcionalida, porque la alarma social el Constitucional ya dijo que no era un fin legítimo". Incluso ha defendido que ha sido condenado por delitos de cierta gravedad, aunque la sentencia no es firme". Y desde que fue detenido y después puesto en libertad tras pasar nueve meses en prisión "no se ha fugado a ningún sitio". El abogado del exministro también ha presentado el informe forense que advertía del estado de salud de Eduardo Zaplana.

El expresidente del Consell ha ejercido su derecho a intervenir ante el tribunal, al que le ha asegurado: "No está en mi ánimo fugarme". Al mismo tiempo, ha intentado desvincularse de Tabares al afirmar que la denuncia contra él "la presentó la Generalitat que yo presidía".

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el18 de octubre el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, tras su condena a diez años y cinco meses de cárcel por el caso Erial. Aunque la sección cuarta de la Audiencia de València señaló la vistilla con la defensa y la Fiscalía Anticorrupción para hoy 7 de noviembre,más de dos semanas después de la petición.

El fiscal Anticorrupción del caso Erial, Pablo Ponce, justificó su petición en dos argumentos:la gravedad de la pena impuesta por delitos relacionados con la corrupción y el riesgo de fuga, debido a la acreditada fortuna en el extranjero de Zaplana. «Los delitos por los que resulta condenado [Zaplana] son todos ellos graves, asociados a la corrupción en el ejercicio de las más altas funciones públicas tanto en la Comunitat Valenciana como en el gobierno de la nación, lo que determina un evidente interés social en que la sentencia sea cumplida», señaló el fiscal en su escrito, en referencia a las responsabilidades de Zaplana como presidente de la Generalitat, ministro de Trabajo y portavoz del Ejecutivo de José María Aznar y portavoz del Partido Popular en el Congreso, entre otras. 

El Ministerio Público también recordó, además, que la sentencia del caso Erial acreditó «la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero con evidente posibilidad económica para aludir la acción de la justicia, así como entramados societarios complejos». Y que los investigadores del caso Erial cifran que pudo llegar a alcanzar 20 millones de euros. Durante la instrucción dirigida por el Juzgado de Instrucción 8 junto a la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil lograron amarrar el decomiso de 11,5 millones de euros a los siete condenados en el caso Erial . 

El mayor importe decomisado corresponde al expresidente de la Generalitat. Un total de 7.103.179,35 euros. Aunque Zaplana niega que este dinero le pertenezca, ya que siempre ha defendido que «nunca» ha tenido dinero en el extranjero. Pero tras la contundente sentencia dictada por los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València, Pedro Castellano, Isabel Sifres y Cristina Badenes (ponente), la Fiscalía Anticorrupción destaca que también ha quedado demostrado que Eduardo Zaplana tiene «acceso por sus relaciones y por su nivel económico a países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras que no son accesibles al ciudadano medio». 

La petición de prisión antes de que la sentencia sea firme es frecuente en el caso de penas graves. Así sucedió en la pieza de Fitur de la Gürtel, con 11 condenados entre ellos los miembros de la trama y la exconsellera Milagrosa Martínez, a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) citó apenas cuatro días después. El 14 de febrero de 2017 Francisco Correa, El Bigotes y Pablo Crespo fueron a prisión directamente desde el Palacio de Justicia por el elevado riesgo de fuga. Milagrosa Martínez ingresó en la cárcel de Villena el 24 de mayo de 2018 cuando el Supremo confirmó íntegramente la sentencia del TSJCV que en su caso la condenó a 9 años de cárcel, el mismo día que Zaplana entró en prisión provisional por el caso Erial.