El fiscal recuerda al fugado Tabares en la petición de cárcel para Zaplana

El fiscal Anticorrupción del caso Erial Pablo Ponce solicitó ayer a la sección cuarta de la Audiencia de València que el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ingrese ya en prisión para evitar que se fugue como José María Tabares, condenado en el caso Ivex y residente en Japón desde 2005.  

La Audiencia de València acogió ayer la vistilla para escuchar el alegato de la acusación y la defensa del también exministro de Trabajo, que también ejerció su derecho a la última palabra. «No está en mi ánimo fugarme», aseguró.

Zaplana, su asesor fiscal y testaferro, Francisco Grau Jornet, y su amigo Francisco Pérez López el Gasofa» han anunciado que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia de València que los condenó por el caso Erial. En el caso de Zaplana la condena es a diez años y cinco meses, Grau a cinco años y Pérez López a un año y seis meses.  

El representante del Ministerio Público reiteró ante el tribunal los argumentos esgrimidos en su escrito presentado el pasado 18 de octubre. Anticorrupción pide que Zaplana entre ya en prisión sin esperar la respuesta del Supremo a su recurso porque ha sido condenado «a delitos graves, de corrupción política, cometidos en el ejercicio de su condición pública». Y ha defendido que «el riesgo de fuga se acrecienta por el acceso a medios económicos y manejar un patrimonio en el extranjero». Porque, como ha quedado demostrado en la sentencia, «Zaplana tenia patrimonio en el extranjero y asesoramiento que no ha puesto a disposición de las autoridades judiciales». 

Aunque acto seguido, el fiscal Anticorrupción introdujo un argumento inédito hasta ahora en la causa. Recordó para apuntalar el riesgo de fuga, que ya existe un antecedente. Ponce ha recordado que el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, «una persona a las órdenes de Zaplana, se fugó a Japón, país en el que no hay acuerdo de extradición con España». 

Una fuga de la que el próximo año se cumplirán veinte años. Tabares fue condenado a cinco años de cárcel por estafar seis millones al IVEX en una operación para producir derechos de compensación que permitieran a la factoría Ford exportar vehículos a Túnez. Escapó a Japón en 2005. Y allí ha rehecho su vida desde entonces ya que también se le investigó por el otro caso Ivex, los pagos: la presunta malversación por los pagos en «B» y a través de paraísos fiscales de casi seis millones de euros al cantante Julio Iglesias por ejercer de embajador de la Comunitat Valenciana en 1998 y 1999. 

En su alegato final, Zaplana sólo hizo mención al primer caso Ivex. «Tabares tuvo un procedimiento judicial porque la Generalitat le presentó una querella. Fue la propia Generalitat la que se querelló contra Tabares y eso propició su procedimiento judicial», defendió. 

El abogado de Zaplana, el exfiscal Anticorrupción Daniel Campos alegó ante el tribunal que su cliente «sigue siendo inocente y amparado en la presunción de inocencia» hasta que la sentencia sea firme». También recordó que Zaplana «ya no ocupa ningun cargo público». Y que una decisión tan grave como la de decretar «prisión provisional ha de primar la proporcionalidad y excepcionalidad, porque [decretarla por] la alarma social el Constitucional ya dijo que no era un fin legítimo». 

Campos incluso defendió que Zaplana ha sido condenado por «delitos de cierta graveda». Y recordó que desde que fue detenido y después puesto en libertad tras pasar nueve meses en prisión «no se ha fugado a ningún sitio». El abogado del exministro también ha presentado el informe forense de 2019 que advertía que su internamiento en prisión suponía un «grave riesgo para su salud, según dijeron los forenses, recordó el letrado. 

Aunque defendió que no quería recurrir a la enfermedad de Zaplana, una leucemia, sí incidió que su condición de crónico supone «un mayor arraigo al estar sometido a un tratamiento tan exigente, por el que tiene que acudir al Hospital La Fe, aunque el fiscal alegue que se puede tratar en otro país». Zaplana -señaló- tiene una enfermedad incurable que puede tener consecuencias en el cumplimiento de la pena que, según el Código Penal, se puede suspender». La Audiencia comunicará hoy o el lunes su decisión.