Las nuevas ciudades antirriada

Nueve días antes de que una DANA desencadenara un episodio de precipitaciones extremas que ha provocado las inundaciones más catastróficas de la historia reciente en la provincia de Valencia, el catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, advertía desde las páginas de Levante-EMV de que «los municipios valencianos deben prepararse para los cada vez más frecuentes episodios de precipitaciones torrenciales, que irán a más debido al calentamiento del Mediterráneo». «No tenemos el territorio preparado para asumir tanta lluvia en tan poco tiempo», destacaba Olcina, uno de los tres autores del libro El cambio climático en España que acaba de publicar la editorial Tirant lo Blanch.

El catedrático de la UA, una de las principales autoridades en cambio climático en España, aboga en dicho libro por «incorporar los efectos del cambio climático en la planificación territorial». «Con cada vez más eventos de precipitaciones extremas, en la cuenca mediterránea los periodos de retorno de las grandes inundaciones ya no se cumplen», sostenía en la entrevista a este periódico al tiempo que señalaba que «las ciudades del litoral deben empezar a adaptarse a esta nueva realidad mediante el despliegue de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), con infraestructuras capaces de evacuar precipitaciones de hasta 300 l/m² en 24 horas».

«Educación para el riesgo»

Olcina destaca en e libro que «en la actualidad no se entiende la confección de un plan territorial regional, subregional o de un plan urbanístico municipal, sin un informe del medio natural detallado, completo y con cartografía precisa» de las zonas inundables. Unos planes, apunta, que desde 2021 «deben incluir los efectos del cambio climático sobre el territorio». «El problema radica en la áreas de alto riesgo ocupadas con anterioridad a 2008», explica el catedrático, donde «es necesario el desarrollo de actuaciones estructurales, de medidas de gestión de emergencias y del impulso de la educación real para el riesgo».

Respecto a las medidas estructurales para aumentar la resiliencia de los municipios ante las riadas, el profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) y presiden de la Plataforma Forestal Valenciana, Rafael Delgado, considera que en un área muy urbanizada y densamente poblada como l’Horta Sud, «una obra extraordinaria, de una gran entidad y sobredimensionamiento, como otro Plan Sur, no sería admisible socioeconómicamente». «La destrucción de viviendas y de territorio que esto supondría solo es entendible bajo un régimen autoritario», reitera.

Para Delgado no basta con las obras de hidrotecnia ordinarias que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo para evitar los desbordamientos: «Son obras muy importantes, pero detener totalmente inundaciones como estas últimas es imposible con hidrotecnias ordinarias, si atendemos a cómo la rambla del Poyo ha superado todas las defensas existentes para ocupar la ‘su’ llanura aluvial».

Este experto considera que «sería muy importante actuar a nivel de cabecera de cuenca y zonas intermedias, para favorecer la infiltración. Habría que recuperar el concepto de las actuaciones hidrológico forestales (mantenimiento de bancales, actuaciones selvícolas, pequeñas hidrotecnias...), donde se buscaría la estructura óptima del bosque para amortiguar los caudales punta».

También propone «permeabilizar lo máximo posible los municipios frente a futuros desbordamientos, porque la barrera que constituyen es muy problemática». Pone como ejemplo l’Horta Sud, donde no solo las grandes infraestructuras de comunicación se despliegan de norte a sur «en contra del drenaje natural de ríos y barrancos», sino que el «crecimiento urbanístico desmesurado» de polígonos industriales y municipios también lo ha hecho en la misma dirección. Y pone como ejemplo «la conurbación Sedaví-Alfafar-Massanassa-Catarroja-Albal-Beniparrell, que forma un ‘plastón’ urbanoindustrial sin solución de continuidad adosado al oeste de la pista de Silla, en el área de inundación de la rambla del Poyo».

Esta urbanización masiva se traduce en un sellado del suelo, un fenómeno que según Delgado afecta ya a casi el 15 % de la superficie de esta comarca, lo que supone que más de 46 de los 309 km2 del suelo del l’Horta Sud están plastificados por asfalto y hormigón. «Esto mengua de la infiltración, con el consiguiente incremento del caudal circulante en superficie y su velocidad», advierte.

Otro factor «alarmante» que Delgado urge a corregir es «la desconexión de la población hacia el territorio donde vive y sus riesgos». «La consciencia del riesgo y el conocimiento por parte de la población de los protocolos de actuación en caso de emergencia (especialmente de lo que no se debe hacer) es la clave para evitar la mayor parte de las pérdidas humanas», dice.

Estas propuestas también se encuentran entre las múltiples medidas para proteger los espacios urbanos de las riadas recogidas en el libro Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes publicado en 2020 por el Instituto Universitario del Agua de la UA.

En este manual se insiste en los SUDS, una herramienta preventiva de gestión del agua de lluvia que contribuye a minimizar los efectos de las inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza con el fin de reducir y laminar las escorrentias. Incluyen cubiertas vegetales en edificios, pavimentos que favorecen la infiltración, zanjas de drenaje, parques inundables, pozos para recargar acuíferos y tanques de tormentas.

Transparencia hidráulica

Para nuevas construcciones en zonas de riesgo el libro de la UA muestra proyectos de ciudades antirriadas como el barrio de Matra en Romorantin-Lanthenay (Francia) cuyo diseño, al anticiparse a la presencia del agua, aumenta la percepción del riesgo por parte de la población en vez de ocultarlo .

Esta urbanización incorpora criterios de transparencia hidráulica al alinear las edificaciones en sentido de la corriente, elevarlas sobre pilotes o dejando las plantas bajas abiertas para no obstruir las avenidas. Igualmente cuenta con infraestructuras verdes que desvían, ralentizan y drenan el agua.

También cita el cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el municipio oscense de Fraga introdujo tras varias inundaciones. En zonas de riesgo veta sótanos y eleva las zonas de vivienda por encima de la cota inundable, aumentando la altura a cambio de dejar las plantas bajas abiertas.

Para las zonas ya construidas, la mitigación de daños en viviendas incluyen cuatro tipos de acciones. Una es evitar que el agua entre en los edificios mediante la construcción de barreras permanentes. Es la más costosa y tiene un impacto paisajístico. La segunda es resistir y se basa en barreras temporales que eviten la entrada del agua en vivienda y garajes. Pueden ser automáticas, si se activan con sensores ante la presencia de agua, o apilables. Estas últimas requieren un buen funcionamiento de la alerta temprana y recursos suficientes para su montaje. La tercera es tolerar la entrada de agua en el edificio minimizando los daños. Para esto hay despejar los dormitorios de las plantas bajas, elevando también los equipamientos y permitir que el flujo de agua pueda circular a través de vanos. La última opción es retirar el uso cuando el riesgo es demasiado elevado, dejando las plantas bajas diáfanas.

Suscríbete para seguir leyendo