Territorio usa la dana para justificar cambios en la ley de l'Horta

El Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado hoy la reforma de la ley de protección de la huerta y la revisión del Patricova (Plan de actuación territorial del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana) para "facilitar las obras de encauzamiento de ríos y barrancos". Un anuncio que ha realizado en la reunión con los alcaldes de Aldaia, Riba-roja, Loriguilla, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs y Cheste junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Unos cambios legales que ya hacían presagiar los intentos de responsabilizar a la ley de la huerta o el PAT (plan de actuación territorial) de l'Horta del retraso en las obras de las actuaciones en los barrancos del Poyo y de la Saleta, previstas en el proyecto «Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a l’Albufera» de abril de 2006. Una actuación que se arrastra desde los años 90 y que en su última redacción de 2006 logró declaración de impacto ambiental favorable en 2012, pero que caducó entre 2016 y 2017. Los proyectos se retomaron en 2020 y, la necesidad de adaptar a las nuevas normativas existentes (como la de l'Horta) se ha querido "vender" como una traba que se achaca a la ley de la huerta, pese a que no hay ningún informe contrario a las obras de drenaje. Únicamente se emitieron informes favorables con "condicionantes" para integrarse en el paisaje, como admitió el conseller Martínez Mus en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes, el mismo día que se cumplía el primer mes desde la dana del 29 de octubre.

Ocho municipios de l'Horta afectados por la dana litigaron con la CHJ porque les limitaba urbanizar

Territorio y Agricultura han defendido ante los alcaldes que se modificará tanto la ley de la huerta como el Patricova "con el objetivo de facilitar todas aquellas obras necesarias para desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos". Aunque cabe destacar también que ninguno de los proyectos previstos por la Confederación Hidrográfica del Júcar en los barrancos del Poyo o la Saleta hablan de "encauzamiento", sino todo lo contrario se planifican "drenajes, acondicionamientos y vías verdes". Aunque algunas, ya descartadas, eran peculiarmente singulares.

En la reunión con alcaldes y concejales de Aldaia, Riba-roja, Loriguilla, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs y Cheste Martínez Mus y Barrachina han defendido "el compromiso de la Generalitat de ser exigentes y colaboradores” con todas las administraciones competentes en las obras contra inundaciones. Ambos han coincidido en la necesidad de acompañar a los municipios afectados y ser reivindicativos con el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Júcar para que se ejecuten las actuaciones de encauzamiento de los barrancos que son “inaplazables”, han defendido ambos en un comunicado.

Cuatro décadas de intentos baldíos para domar el Poyo y la Saleta

Desde la Generalitat aseguran que trabajan desde hace meses en la modificación de la ley de la huerta que ahora se acelera “porque se ha demostrado que hasta ahora ha sido una norma que ha supuesto un freno a la puesta en marcha de estas actuaciones por su afección a zonas de huerta”. Con las modificaciones propuestas por la Generalitat, el Consell de l'Horta, cuyos informes eran preceptivos y vinculantes, únicamente asumirá a partir de ahora "responsabilidades en materia agrícola. Esta reforma busca desbloquear los proyectos de actuación sobre los barrancos del Poyo y la Saleta, cuyas obras planificadas desde hace años para desviar las aguas de estas ramblas hacia el nuevo cauce del río Turia habrían mitigado los daños ocasionados por las inundaciones del pasado mes de octubre", según aseguran desde Territorio.

El departamento que dirige Martínez Mus añade, además, que "los informes sobre las mejoras en estos barrancos son desfavorables, a pesar de que los técnicos han reconocido la urgencia de estas intervenciones para evitar futuras inundaciones". Aunque preguntado al respecto por Levante-EMV el pasado viernes admitió que los informes emitidos no eran desfavorables pero sí "condicionantes". Con todo, Territorio defiende que "una vez aprobadas las modificaciones en la ley de la Huerta, ambos proyectos quedarán desbloqueados, lo que obligará al Ministerio para la Transición Ecológica a ejecutar las obras", aseguran a pesar de que el retraso en ejecutarlos se debió a la caducidad de los proyectos del Poyo y la Saleta entre 2012 y 2017, cuando el Ministerio de Medio Ambiente estaba dirigido por Miguel Arias Cañete (2011-2014) e Isabel García Tejerina (2014-2018).

Opinión tribunaJosé Sierra

Barro para todos

Durante la reunión mantenida con los alcaldes, también se ha informado de" la revisión del Patricova y la introducción de un nuevo paquete de medidas en materia urbanística para impulsar la reconstrucción de las localidades afectadas. Además, la Generalitat elabora una nueva cartografía de las zonas inundadas, actualizando la medición del calado o profundidad del flujo de agua de los ríos Turia, Magro y Poyo".

OpiniónAlejandro J. Pérez Cueva

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"Esta herramienta adapta la aplicación ‘Servicios de Riesgos’ utilizada por el servicio de incendios. Así, permitirá delimitar las zonas que han sufrido inundaciones y la altura de calado en cada una de ellas. Además, con esta aplicación se podrán elaborar mapas cartográficos de estas zonas inundadas y visualizar de manera clara el territorio afectado y la magnitud de las inundaciones", aseguran desde la Conselleria de Territorio. En definitiva, defienden, "se podrá obtener, en tiempo real, la información recogida por los técnicos desplazados a la zona de las cuencas del Turia, Magro y Poyo, que se volcará a diario en programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), para posteriormente crear una cartografía precisa de los eventos de inundación".

Se da la circunstancia de que los municipios de Aldaia, Quart de Poblet y Xirivella litigaron en 2017 contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque consideraban que la cartografía de zonas inundables y el reglamento de dominio público hidráulico era demasiado restrictivo y no les permitía urbanizar. Estos tres municipios junto a cinco ayuntamientos más presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la CHJ que fue rechazado. El Supremo rechazó en 2019 el recurso y replicó que las edificaciones y el suelo "son las que se han de adaptar al riesgo de inundación y no al revés".

Cruce de acusaciones por las obras en el Poyo y la Saleta

Además, en el caso de Cheste el ayuntamiento de esta localidad de la Hoya de Buñol también rechazó y consiguió aplazar una presa prevista por la CHJ en 2004 (en el Plan Hidrológico Nacional) que iba a ocupar 10 millones de metros cúbicos.